“El Poder Judicial de Córdoba nunca se paralizó”

María Marta Cáceres de Bollati, presidente del Tribunal Superior de Córdoba defendió el trabajo realizado por el Alto Cuerpo durante de la pandemia. Entre los desafíos, reconoció que es necesario consolidar el acceso a la Justicia a los grupos vulnerables

Por Silvina Bazterrechea
sbazterrechea@comercioyjusticia.info

El año 2020 será recordado por todos como uno de cambios profundos. La pandemia de covid-19 transformó las relaciones humanas, sociales, laborales e impuso desafíos complejos. El Poder Judicial de Córdoba no quedó ajeno a este panorama y debió reconvertirse para seguir ofreciendo el tan necesario servicio de justicia.

La digitalización de sus procesos debió extenderse y acelerarse vertiginosamente para dar paso a una justicia remota y virtual que permita brindar soluciones en un contexto impensado.

“Lo extraordinario de lo acontecido nos obligó a la búsqueda de soluciones extraordinarias”, advirtió la presidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, María Marta Cáceres de Bollati, al reflexionar ante la consulta de Comercio y Justicia sobre el funcionamiento del Poder Judicial de Córdoba en los tiempos que corren.

-El covid-19 modificó profundamente las relaciones laborales. El Poder Judicial sufrió un impacto muy fuerte y tuvo un importante desafío. ¿Cómo fue ese proceso?

Desde el primer momento de la irrupción de la crisis sanitaria, a partir de la declaración de la pandemia por la OMS y en virtud de las restricciones a la circulación que se impusieron a la población -en el caso de nuestro país, desde la primera hora- el desafío al que nos enfrentamos como órgano del Estado a cargo de la prestación del servicio de justicia era justamente garantizar el acceso con la mínima presencialidad.

Como ha sido afirmado por intelectuales y líderes de todas las naciones, transitamos un fenómeno histórico que no habíamos vivenciado en el ámbito global jamás en las dimensiones que presenta. Hoy, han sido numerosas las medidas adoptadas y el camino recorrido, pero cabe recordar. que en marzo de 2020, cuando recibíamos la noticia, desconcertaba incluso a los especialistas. En ese contexto, desde la primera hora en el Poder Judicial cordobés se dispusieron todos los recursos y los esfuerzos en brindar las respuestas necesarias, sin arriesgar la salud de quienes prestan y reciben el servicio.

Para dimensionar lo acontecido, el 19 de marzo el Gobierno de la Nación dictó el ya famoso DNU 297/2020 que impuso el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) en todo el territorio nacional y, al día siguiente, es decir el viernes 20 de marzo, en la Justicia de Córdoba se adoptó una serie de medidas, como el establecimiento de una “Mesa de Atención Permanente”, la modalidad de teletrabajo de nuestros agentes y la “prórroga de las medidas cautelares adoptadas en las causas de violencia familiar y/o género”. En definitiva, se trata de un contexto dinámico que aún requiere de creatividad, compromiso y de respuestas, pero que hemos transitado con el generalizado apoyo de nuestros recursos humanos y de la comunidad cordobesa.

Consolidar el acceso a la justicia de los grupos vulnerables sigue siendo el principal desafío que concentra nuestros esfuerzos. Otra cuestión en la que nos encontramos trabajando, pero requerirá de algún tiempo más para su conclusión, es la “transformación” de los expedientes soporte papel a expedientes electrónicos.

-¿Cuáles fueron las dificultades más complejas que se tuvieron que enfrentar?
Sortear el desafío de impartir y garantizar el acceso a la justicia sin presencialidad de los particulares y con el menor desplazamiento de los agentes judiciales concentró todos los esfuerzos.

La meta era, y continúa siendo, el resguardo de la salud pública, manteniendo la prestación del servicio. Es que no puede perderse de vista la complejidad y urgencia de los asuntos que la población acerca a los tribunales, máxime en tiempos de dificultad. El desafío también venía dado por la necesidad de consolidar en un breve lapso un modelo de gestión y tramitación remota de los procesos, con el paradigma de una justicia electrónica, presente, transparente y accesible para las personas.

Una de las ventajas con que contó el Poder Judicial en Córdoba era el camino ya trazado -aunque no generalizado a todos los procesos y fueros- de la previa
implementación del Expediente Electrónico, proceso que habíamos comenzado a transitar en 2018, dos años antes de la emergencia sanitaria, en el fuero de Ejecución fiscal y que tuvo su mayor desarrollo, precisamente en septiembre 2019, con su puesta en marcha en toda la Provincia.

Por último, hemos trabajado conjuntamente con las autoridades sanitarias provinciales, a fin de monitorear la realidad epidemiológica y el testeo del impacto sanitario de las decisiones. La prestación de Justicia requiere de la tarea que desarrollan los auxiliares de Justicia, particularmente de la posibilidad de que los profesionales del Derecho y de otras especialidades puedan desarrollar el ejercicio de su profesión. Atento a tales cuestiones es que se acotaba por momentos la presencialidad.

A esto se suma que cada una de las sedes judiciales vive su propia realidad epidemiológica, a la que hay que atender con mucha responsabilidad. Gestionar el servicio atentos a estas variables fue un gran desafío.

 -¿Cuáles fueron los logros obtenidos en este tiempo?
Amén de los desafíos repasados, lo extraordinario de lo acontecido nos obligó a la búsqueda de soluciones extraordinarias. En definitiva, resultó una oportunidad para consolidar las transformaciones que ya estaban en proceso o aún latentes.

Es que el Poder Judicial y la sociedad toda atraviesa un cambio de paradigma. Hace un tiempo ya que la ciudadanía reclama de sus Estados -lo que se agudizó con la pandemia mundial por covid-19- el modelo de Gobierno Abierto capaz de garantizar la transparencia y el acceso a la información pública. Ello requiere de mayor tecnología e innovación para garantizar la accesibilidad, la eficiencia y oportunidad de las respuestas.

En Córdoba, los auxiliares de la Justicia pueden presentar escritos de manera remota, aún en expedientes en soporte papel, notificar, ratificar fianzas y pagar tasas de justicia en línea, entre muchas otras innovaciones. En definitiva, una de las principales ventajas es la consolidación del “Expediente Electrónico” como modalidad de tramitación de nuestras causas.

Incluso, asistimos a una transformación de viejos conceptos o presupuestos. Así, hemos dejado de lado algunos supuestos con que operábamos en un primer momento, cuando comenzamos a transitar el camino de la “digitalización de la Justicia”, como la regla de que lo que “nace en papel, concluye en papel”. Ejemplo de ello es la implementación del “Expediente Electrónico Mixto”, que implica que las causas que tramitaban en soporte papel continúen tramitando electrónicamente.

Se habilitó la app “Mi Justicia” para consulta pública de expedientes desde cualquier dispositivo móvil. Con herramientas como el Sistema de Administración de Causas (SAC), el expediente electrónico, el teletrabajo y la firma digital hoy es posible la prestación prácticamente normal del servicio.
Incluso, la implementación de la herramienta de teletrabajo del Poder Judicial permitió concretar miles de actuaciones penales por medio de conexiones multipunto y punto a punto bajo condiciones de seguridad óptimas.

Se llevó a cabo el primer juicio con jurados populares desarrollado en Latinoamérica durante el aislamiento social, y ya se han realizado varios más en la provincia. Además, en todos los fueros y circunscripciones se concretaron numerosas audiencias remotas y otras comunicaciones, mediante el uso de los recursos tecnológicos disponibles y accesibles para la población, mediante el uso de los celulares inteligentes y de aplicaciones tan utilizadas como WhatsApp o las de videollamadas.

 -¿Cuáles son aún hoy los desafíos pendientes?
Nuestro principal reto continúa siendo el de garantizar el acceso a la justicia a aquellos grupos de personas en situación de vulnerabilidad (discapacidad, género o personas privadas de la libertad).
Es un desafío que ha compelido a la Justicia cordobesa muy especialmente; pero que resulta una problemática que no escapa a los poderes judiciales de los ámbitos nacional y regional.

Existen antecedentes valiosos que orientan las estrategias a adoptar como las 100 Reglas de Brasilia sobre “Acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad”, aprobadas por la Asamblea Plenaria de la XIV Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, a las que ha adherido el TSJ dando a conocer desde 2011 (mediante el acuerdo 618 del 14/10/2011) los recursos disponibles que armonizan con dichas recomendaciones.

Ahora bien, en el contexto actual, que exige acudir más intensamente a herramientas tecnológicas, las condiciones materiales de la población -particularmente de aquellos que no tienen los recursos necesarios para acceder a la tecnología- o el “analfabetismo digital” adquieren otra dimensión.
Es por ello que se han ensayado respuestas, como la atención presencial de las asesorías aun sin turno previo o la comentada disposición de prorrogar las medidas cautelares en los procesos de violencia, cuando la población no podía desplazarse y regía el más estricto aislamiento, entre otras decisiones.

Consolidar el acceso a la justicia de los grupos vulnerables sigue siendo el principal desafío que concentra nuestros esfuerzos.
Otra cuestión en la que nos encontramos trabajando, pero requerirá de algún tiempo más para su conclusión, es la “transformación” de los expedientes soporte papel a expedientes electrónicos. Asimismo, la ampliación y adaptación del sistema de videoconferencias a las distintas necesidades y realidades requiere aún de ajustes.

-¿Los cambios implementados llegaron para quedarse?
Algunos son excepcionales y otros llegaron para quedarse. Los despliegues tecnológicos para el teletrabajo y el reemplazo del papel por la tramitación
electrónica, por ejemplo, son dos procesos que habían sido iniciado años antes de la pandemia. Estas modalidades definitivamente seguirán aplicándose.

Una de las principales ventajas es la consolidación del “Expediente Electrónico” como modalidad de tramitación de nuestras causas.

-¿Cree que los operadores judiciales están conformes y se adaptaron a estas transformaciones?
En términos generales los cambios en la modalidad de prestación del servicio de nuestros agentes, como el teletrabajo o los esquemas de rotación -entre otros-, han sido aceptados favorablemente en los diversos espacios de la Justicia de Córdoba desde la percepción de sus integrantes.

Así lo indica un estudio realizado internamente por una de las oficinas de apoyo del TSJ, que evaluó por medio encuestas voluntarias contestadas por 3.264 agentes (1.913 personas en la ciudad de Córdoba y 1.351 en Interior) y a cinco meses de la readecuación de tareas (en agosto de 2020) el parecer de los agentes judiciales.

Concretamente a la pregunta: ¿Cómo les ha resultado trabajar desde su hogar? 83% de los agentes lo encontraba entre bueno, muy bueno y excelente (N. de la R: “Bueno”: 28%, “Muy bueno”: 37% y “Excelente”: 18%). Debimos tomar medidas, urgentes y excepcionales para poder llevar a cabo la labor judicial lo más acabadamente posible y nuestros recursos humanos nos han acompañado con esfuerzo, compromiso y una profunda vocación de servicio.

Como he expresado previamente a la comunidad judicial, en mi nombre, y en representación de mis colegas del Tribunal Superior de Justicia, cabe reconocer y agradecer a quienes cada día hacen posible el funcionamiento permanente e ininterrumpido de prácticamente todas las áreas del Poder Judicial.

Ha sido destacada la disposición de todo el personal, cada uno desde su rol, para llevar a cabo sus labores jurisdiccionales, administrativas, técnicas y sanitarias. Esto permitió y todavía permite realizar lo necesario para garantizar el acceso a la justicia en todo momento, ya sea en forma remota o presencial.

En Córdoba, el “receso judicial extraordinario” que se dispuso en un primer momento no implicó de ningún modo una feria judicial. Muy por el contrario, en numerosos casos los magistrados y tribunales se dedicaron al dictado de resoluciones y sentencias judiciales.

A la par, ha sido invalorable la respuesta de los abogados y abogadas y demás auxiliares de la Justicia a las modificaciones que propusimos para posibilitar -en condiciones seguras- la prestación del servicio. Ha sido un año exigente y vertiginoso por momentos pero, en términos generales, rápidamente se comprendió que las transformaciones y cambios implementados tenían por objeto el resguardo del interés general y respondían a las circunstancias excepcionales. Corresponde entonces agradecer también a todos ellos, quienes, asumiendo la nueva realidad, coadyuvaron a que la Justicia no se detuviera.

-¿El Poder Judicial de Córdoba estuvo a la altura de las circunstancias y logró superar el desafío que le impuso la pandemia?
Sí. La comparativa de las medidas adoptadas por otros tribunales en el resto de las provincias e incluso en el ámbito nacional me llevan a esa profunda certeza. El Poder Judicial de Córdoba nunca se paralizó. Inmediatamente habilitamos un mecanismo de respuesta de las “cuestiones judiciales urgentes”, pero -más aún- con toda celeridad fuimos (en la medida que las restricciones sanitarias y los recursos tecnológicos permitían) habilitando la prestación del servicio remotamente y con la presencialidad mínima a la mayor cantidad de fueros, procesos y sedes.

La prestación presencial fue retomada lo antes posible, conforme los condicionamientos ya repasados: en las sedes del interior a partir de mayo de 2020 y en la sede de la ciudad de Córdoba, naturalmente la más populosa, y con ella en toda la provincia en junio. Ello, amén de la suspensión y posterior rehabilitación de la presencialidad que ha sido dispuesta por casos en algunas sedes del interior según se han presentado los brotes de contagios y el agravamiento de la situación sanitaria.

Todas las oficinas y todo el personal judicial estuvieron afectados, desde el inicio de la emergencia sanitaria, a la prestación de servicio de justicia, ya sea en forma remota o presencial.
El desafío continúa, pero sin dudas estamos muchísimo mejor preparados para brindar respuestas.

– Los concursos en el Consejo de la Magistratura de Córdoba también se han visto afectados. ¿Cómo está haciendo el Poder Judicial para resolver la cobertura de vacantes? ¿Hay algún proyecto para avanzar en exámenes que no requieran de la presencialidad de los concursantes?
A partir de julio, pasada la primera etapa del aislamiento más estricto, se ha tomado juramento con todas las medidas de prevención sanitarias y conforme los órdenes de mérito vigentes, a seis magistrados entre jueces y vocales de Cámara. Asimismo, el consejo designó en agosto dos jueces en calidad de reemplazantes, lo que suma un número de ocho nuevos magistrados.

La principal dificultad ocurrió porque los concursos que se encuentran pendientes están en la etapa final de la confección del orden de mérito a la espera de los resultados de la entrevista personal. Y dicha entrevista, conforme lo prevé la propia ley, no se trata de una etapa que evalúe aspectos puramente técnicos -lo que sí acontece en la etapa de examen escrito-; sino más bien es una entrevista del perfil del candidato. Y esa dimensión de la evaluación de “perfil” es de aquellas en la cual la gestualidad, la dicción y otros aspectos de la comunicación incluso no verbal dice mucho de la persona. Por ello, resulta complejo efectuar la entrevista mediada por la tecnología. Los consejeros coincidimos en la convicción de que la entrevista debía continuar siendo personal.

Sin embargo, estamos confiados en que durante este año, a más tardar en diciembre, podamos efectuar las entrevistas pendientes con todas las medidas de seguridad, de modo que no implique riesgo para los candidatos o los evaluadores.

– La mora judicial es una realidad que no puede soslayarse en este contexto. ¿Han hecho una evaluación sobre el impacto que ha tenido la pandemia en la resolución de causas?
La situación es diversa según los fueros y las sedes de que se trate. Quizás lo acontecido en otras jurisdicciones pueda llevar al equívoco. En Córdoba, el “receso judicial extraordinario” que se dispuso en un primer momento no implicó de ningún modo una feria judicial. Muy por el contrario, en numerosos casos los magistrados y tribunales se dedicaron al dictado de resoluciones y sentencias judiciales.

Luego, a partir del dictado de las herramientas normativas necesarias por el TSJ, la prestación se fue generalizando hasta alcanzar el nivel de prestación previo a que se desatara la emergencia sanitaria.
Sólo a modo ejemplificativo, en los tribunales del fuero Civil y Comercial que presido las resoluciones judiciales se están dictando dentro de los plazos legales previstos. Y no es privativo de dicho fuero, ya que todas las Salas del TSJ han alcanzado una mayor productividad que la registrada en años anteriores.

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