Las universidades públicas del país se encuentran en una encrucijada crítica, con un 2024 marcado por el desfinanciamiento y la demanda por presupuesto para el año próximo. Todo esto en un escenario de tensión y conflicto que ha alcanzado su punto más alto en los últimos días.
Las tensiones se intensificaron a raíz de la ratificación del veto a la Ley de Financiamiento Universitario y las declaraciones del presidente Javier Milei, quien cuestionó la utilidad de las universidades públicas, sugiriendo que sólo benefician a las clases más privilegiadas. Estas afirmaciones generaron un rechazo inmediato en el ámbito académico y estudiantil, así como un fuerte descontento.

Además de las masivas marchas en las calles y paros, las protestas estudiantiles han resurgido con fuerza, llevándolos a tomar facultades en varias universidades a lo largo y ancho del país, como forma de resistencia ante lo que consideran un desfinanciamiento sistemático. Estas acciones han sido acompañadas por una escalada de violencia, con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, lo que evidencia el clima de tensión que impera.

A medida que la crisis se agrava, el Congreso enfrenta la presión de debatir el presupuesto universitario dentro del Presupuesto del año próximo, en un contexto en el que las universidades luchan por recuperar partidas esenciales para su funcionamiento. Sin embargo, persiste la incertidumbre: ¿cómo garantizar un financiamiento adecuado para la educación pública? ¿Qué futuro espera a los estudiantes y docentes en medio de este clima de conflicto? ¿Se abrirá la puerta al arancelamiento de las universidades o a un posible traspaso de las universidades a las provincias? ¿Hasta dónde puede llegar la creciente conflictividad?

La situación plantea interrogantes claves sobre el papel del Estado y la necesidad de priorizar la educación como un derecho fundamental en la sociedad argentina.

En este marco, el rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Jhon Boretto, analizó los aspectos de un tema que hoy entró de lleno en la agenda de debate social.
En el desafío para garantizar el funcionamiento de las universidades, el rector destaca la necesidad de recuperar salarios y fortalecer la inversión en ciencia y tecnología, así como asegurar que la educación pública continúe siendo un motor de movilidad social. ¿Qué esperanzas se pueden tener para el financiamiento en 2025? Sin un compromiso gubernamental firme, el futuro de la educación pública podría estar en peligro.
Con motivo del 85° aniversario de Comercio y Justicia y en el contexto de un punto de inflexión para el país, Boretto hizo un análisis exhaustivo sobre la situación actual del sistema universitario y las expectativas para la educación superior.

– ¿Cuáles son las perspectivas y posibles cambios en el financiamiento universitario para el año 2025?

– El año 2024 está marcado por una problemática compleja y crítica por la cuestión presupuestaria. Esto estuvo motivado por la prórroga de un presupuesto 2023 que, obviamente, quedó completamente desactualizado frente a una inflación durante ese año, superior a 200%.
Entonces, el recorrido que tuvimos durante todo este año, el conflicto y el reclamo universitario estuvieron centrados en recuperar partidas presupuestarias para poder funcionar. Eso estuvo fundamentalmente presente en la primera etapa del año, lo que motivó las grandes marchas que se hicieron durante abril. Luego de eso hubo una respuesta de parte del Gobierno en cuanto a una actualización de partidas presupuestarias que estaba congelada hacía más de un año. O sea, durante todo 2023, con una inflación también muy alta, recibimos siempre la misma partida para gastos de funcionamiento.
En el resto del año, la problemática se centró principalmente en el deterioro salarial que sufrieron los sueldos de docentes y no docentes, se perdió más de 50 puntos respecto de la inflación hasta este último aumento que otorgaron (el 8 de octubre). Lo que implicaba una pérdida del poder adquisitivo en el orden de 33%, computando el período diciembre-agosto.
La Ley de Financiamiento Universitario, que estaba centrada en resolver esta falta de presupuesto del 2024, porque la ley estaba acotada a ese ejercicio, permitía una respuesta en ese sentido. Esa respuesta quedó finalmente truncada por la ratificación del veto. 

El otro aspecto, para señalar los más críticos del desfinanciamiento, tiene que ver con la falta de actualización de partidas vinculadas al sector científico tecnológico, que vienen por otro lado, viene por el área de Ciencia y Tecnología del gobierno, no por el área educativa.
A tal punto, que en nosotros en la Universidad Nacional de Córdoba, hace un tiempo definimos una partida de emergencia, a partir de nuestras reservas de fondos, para atender el funcionamiento de áreas experimentales, bioterios, el funcionamiento de ciertos equipos que sostienen proyectos de investigación que no pueden discontinuarse. A raíz de que las partidas presupuestarias que vienen de Ciencia no han sido adecuadamente actualizadas, fue necesario reforzar con un fondo que hemos constituido que permite por unos meses sostener el funcionamiento de esas áreas que son estratégicas.

– ¿Qué esperan para el próximo año?
– Lo que esperamos para 2025, luego de la ratificación del veto, es que tengamos la posibilidad de contar con un presupuesto que dé respuestas a estos planteos señalados. En primer lugar, una recuperación de los salarios de docentes y no docentes. También una necesaria actualización de los fondos para Ciencia y Tecnología. Y la actualización que requieren los gastos de funcionamiento, las becas estudiantiles. Además, sería bueno poder recuperar los fondos para infraestructura que fueron suspendidos durante este año. 

Lo que aspiramos es contar, en primer lugar, con un presupuesto. Eso es importante porque permite tener grado de previsibilidad y mejores condiciones para planificar las actividades, cosa que no pudimos tener durante este año. Más allá de que aun en este contexto crítico, en nuestra universidad tomamos determinadas medidas para poder mantener todas las actividades en funcionamiento durante todo este año. 

Incertidumbre y expectativa
– ¿Considera que se encuentra en la mira del Gobierno nacional la intención de reducir la financiación estatal a las universidades públicas?

– No se ha explicitado cuál es la estrategia del Gobierno. Está claro que estas acciones han implicado un proceso de desfinanciamiento. El proyecto de presupuesto que el Gobierno elevó es insuficiente. Nosotros aspiramos a que en la discusión que va a darse en el Congreso pueda corregirse esa partida presupuestaria y podamos tener un horizonte de mayor normalidad.
El Gobierno necesita tener un presupuesto, requiere también acordar los términos de ese presupuesto, más allá del objetivo del equilibrio fiscal que plantea como meta. Esperemos que el Congreso dé a la educación en general, a la ciencia, a las universidades, el nivel de prioridad que consideramos que es fundamental en un contexto en el cual el país necesita apuntalar, como política estratégica de mediano y de largo plazo, el desarrollo educativo y el desarrollo científico.

– ¿Cree que está de trasfondo alguna intención de trasladar las universidades públicas a las provincias?
– Eso no me consta; la verdad es que eso no sería una buena estrategia para nada, porque implicaría perder la capacidad del sistema universitario de trabajar como un sistema más articulado, más integrado, y me parece que eso es mejor, claramente, si permanecen en la órbita nacional. Se escucharon versiones sobre esas cuestiones como sobre otras, pero no conozco que haya algún proyecto oficial en ese sentido, me parece que no sería una buena estrategia. 

– ¿Cuál es su opinión sobre la afirmación del presidente Milei: “La Universidad Pública Nacional hoy no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta y los ricos y la clase media alta”?

– Esa frase es inexacta porque una porción importante de estudiantes universitarios proviene de hogares de sectores socioeconómicos bajos o medios bajos. Eso está claro por los datos oficiales y eso está perfectamente acreditable por las estadísticas públicas. Como también la cuestión de que las universidades han perdido la capacidad de ser una herramienta de movilidad social. Sabemos que en el orden de 60% de los graduados universitarios, provenientes de universidades públicas, son graduados de primera generación en sus familias. De modo tal que ese factor de movilidad social que representó la educación pública y la universidad pública sigue teniendo vigencia. 

Por supuesto que hay un problema estructural muy serio a nivel de la educación en general, por eso es que coincido cuando el gobierno plantea que es necesario mirar y apuntalar la educación primaria y secundaria, pero esas palabras se tienen que corresponder con inversiones presupuestarias acordes para atender la fuerte crisis que existe en ese nivel. Entre otras cosas implica que, por ejemplo, la deserción o la no terminalidad del nivel secundario que forma parte de la educación obligatoria en Argentina, afecta sobre todo a los sectores más vulnerables de la población, y eso es un problema que como ciudadanía y todos los gobiernos deberían asumir como estratégico revertir. Porque la educación es obligatoria y deberían asignarse las partidas presupuestarias y las estrategias que correspondan para revertir estos indicadores sociales que son realmente muy graves para el presente y por supuesto para el futuro de la sociedad.

Batalla cultural

– ¿Esta escalada del conflicto universitario, entre el Gobierno nacional y las universidades públicas, es parte de la “batalla cultural”?
– Forma parte de discusiones que el Gobierno ha venido planteando muchas veces, desacreditando el rol de lo público, el rol del papel del Estado, y obviamente que alguna de esas afirmaciones muchas veces tienen un acompañamiento de la sociedad porque debemos reconocer que hay muchos indicadores sociales, por ejemplo los niveles de pobreza, que vienen de décadas y muestran un fracaso que hemos tenido como sociedad en la respuestas que hemos dado desde los gobiernos, desde los Estados, en esos temas. No estoy de acuerdo con un discurso que desacredita, descalifica el rol de lo público y el papel de un Estado en determinados roles.

Ahora, está claro, que necesitamos un Estado que sea más eficiente, más efectivo, que pueda trabajar en políticas públicas que ciertamente revierta los problemas que he venido planteando.
Los indicadores de pobreza son una clara manifestación del fracaso que como sociedad hemos tenido. Por supuesto hay responsabilidades compartidas de muchos gobiernos porque estamos hablando de un problema estructural que lleva décadas y se viene agravando. En parte, la discusión que plantea el gobierno se basa en ese tipo de discusiones, muchos segmentos de la sociedad perciben que el Estado no las ha acompañado, no les ha dado las respuestas para progresar, para desarrollarse, pienso que esa es la razón por la cual ese tipo de posiciones políticas pueden tener algún tipo de acompañamiento social.
Pienso que el rol de lo público es fundamental. En el caso de lo que nos atañe, no hay posibilidad de crecer, de desarrollarnos como país, de que ese desarrollo repercuta en mejorar las condiciones de vida y bienestar de la comunidad sin apostar estratégicamente en una educación pública de calidad, en todos los niveles, sin apostar al desarrollo científico y tecnológico. Por supuesto, acompañados del sector privado, porque las universidades tienen un gran potencial de transferencia del conocimiento científico en innovaciones, transferencia al sector socio-productivo que tienen que ver con generar valor en la economía y para las comunidades. 

– ¿La decisión de Milei de que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) realice auditorías universitarias es una manera de “tirar la pelota fuera de la cancha” en el actual escenario?

– Forma parte de una bandera que el Gobierno ha levantado. De parte nuestra no tenemos ningún tipo de inconveniente de que los gobiernos nacionales auditen los fondos que se asignan a las universidades como lo vienen haciendo. En este momento, la Universidad Nacional de Córdoba está bajo un proceso de auditoría de la Auditoría General de la Nación que es muy integral: abarca todos los aspectos del presupuesto universitario de los períodos 2022/2023. La Sigen antes lo hacía. Durante mucho tiempo además de la Auditoría General de la Nación la Sigen realizaba junto con las unidades de auditorías internas de las universidades los procesos de auditorías universitarias.
De modo tal que sobre ese punto, es una bandera, nosotros estamos dispuestos a que todos estos organismos auditen.
Despejado es tema, esperamos que con el Gobierno, por supuesto a través del diálogo, y también con el Congreso, se atiendan los temas que estamos planteando que tienen que ver con las necesidades de contar con un presupuesto que se corresponda con un funcionamiento normal para el desarrollo de las universidades.

– Si tuviera que definir con una palabra como es este año bisagra para la universidad pública ¿cuál usaría?– “Difícil”, básicamente. Con muchas dificultades.