En un contexto crítico para el sistema universitario argentino, marcado por una creciente ola de tomas en universidades de todo el país, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) emitió un firme pronunciamiento en defensa de la educación pública. Durante las últimas semanas, diversas instituciones académicas fueron escenario de movilizaciones y tomas, donde estudiantes y docentes manifestaron su descontento frente al desfinanciamiento que enfrentan las universidades, lo cual consideran una amenaza directa a la educación superior y a su futuro.

Este pronunciamiento, aprobado por unanimidad y sobre tablas el martes 15 de octubre, se produjo tras el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario y su posterior ratificación en el Congreso de la Nación. La sesión contó con la activa participación de representantes de la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNC (Adiuc), la Gremial San Martín y la Federación Universitaria de Córdoba, quienes unieron sus voces en este reclamo. Durante las protestas, los estudiantes denunciaron no sólo la falta de financiamiento sino también la precarización de sus condiciones de estudio y de trabajo.

El Consejo expresó su profundo rechazo al accionar de ciertos diputados y diputadas nacionales que, especialmente aquellos formados en la universidad pública, colaboraron con sus votos al desfinanciamiento de las instituciones educativas. En su declaración, se critican enérgicamente los discursos “mentirosos, ultrajantes y amenazantes” que buscan desacreditar a la comunidad universitaria y al sistema científico-tecnológico del país.

El texto subraya la necesidad de unir esfuerzos en defensa de la educación pública, calificada como un derecho humano fundamental y esencial para el desarrollo social y económico de la nación. A su vez, enfatiza que la educación universitaria es crucial para construir una sociedad más justa, equitativa y con igualdad de oportunidades.

Finalmente, el Consejo exige a los legisladores que respalden una universidad pública, laica, gratuita y de calidad, con un presupuesto 2025 que respete la Constitución Nacional y la Ley Nacional de Educación Superior. “El presupuesto debe asegurar la continuidad de programas y becas que garanticen el ingreso y permanencia de estudiantes, así como la vinculación de las universidades con la sociedad y la inversión en ciencia y tecnología. No podemos imaginar una Argentina mejor sin sus universidades públicas”, concluye el documento.