<?xml version="1.0"?><nbibliografica> <intro></intro><body><page>La obra que comentamos da cuenta de las actividades realizadas por el Dr. Jorge Reinaldo Vanossi en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación durante el año 2002. Se pretende- según lo manifiesta el propio autor- mostrar al público la parte más significativa de las reformas realizadas o proyectadas durante su gestión. Se trata de una obra de carácter testimonial que sintetiza proyectos tendientes a mejorar la calidad de vida institucional del pueblo en general y de los justiciables en particular. Desde otro punto de vista, analiza la realidad actual y concluye que el Estado de Derecho se encuentra acotado por la inseguridad jurídica, concepto que adquiere gran significación en la Argentina actual. Destaca que se manifiesta como un concepto muy frágil, lo cual se pone en evidencia por diversas circunstancias: por un lado, influye la sensación de impunidad -que afecta el ámbito de la seguridad individual- que genera la opinión en el lego de que lo grave es que las penas sean leves; sin embargo, afirma que éste no es el problema sino que, en realidad, lo trascendente es que la ley no se aplique, porque ello sí constituye una señal para la sociedad en el sentido de que se vive en la impunidad. Completa su pensamiento afirmando que este sentir casi generalizado se proyecta en el campo específico de la Justicia y genera una sensación de irresponsabilidad, con lo que se pierde una de las notas esenciales de la forma republicana de gobierno. En consecuencia, plantea como punto de partida la necesidad de revertir el descreimiento en la Justicia, y con ese fin señala lo imperioso de trabajar en todos los ámbitos judiciales del país, articulando una amplia red que haga visibles las reformas que tiendan a la seguridad jurídica y que la previsibilidad sea un valor agregado indispensable. Asimismo plantea propuestas para dar solución a los problemas de falta de cercanía y de celeridad que, aunque viejos, subsisten; a tal efecto, pone énfasis en la necesidad de aprovechar la tecnología y la informatización. Expresa igualmente que la premisa básica está dada por la necesidad de transparencia de los actos de justicia y su funcionalidad. Propone cambios referidos a la reorganización del Consejo de la Magistratura; o para reducir la competencia de la Corte de Justicia de la Nación; para crear un Tribunal Nacional de Casación Civil; para reorganizar funcionalmente las cárceles; para generar formas idóneas a fin de facilitar el acceso a la justicia; y para eficientizar la gestión jurisdiccional, promoviendo además la capacitación de sus agentes. La obra se completa con un capítulo de Héctor Fix Zamudio que se refiere a la reforma judicial en México; Conclusiones, de Humberto Noriega Alcala sobre la reforma pendiente en Chile; de Ricardo Perlinguro Méndez, de Brasil; de Sonia Picada Sotelo, sobre modernización y reforma de la Justicia de Costa Rica; y de Alberto Ricardo Dalla Via, sobre la reforma judicial en lo electoral en el ámbito de nuestro país.</page></body></nbibliografica>