Juicio Político Municipal

Proceso de revocación de mandato del Intendente por el Concejo Deliberante Dice Hernández: “No hay democracia sin demócratas, república sin republicanos y ciudad sin ciudadanos”. Esta no es una simple tautología. Lo que esta afirmación revela es el profundo compromiso de la pluma del autor con un marco superior de ideas. Es que el juicio político, instituto que se compara a un “cañón de museo”, no puede ser comprendido, ni mucho menos llevado a escena, si en verdad no hay compromiso de acción y pensamiento. Vale decir, eso que Habermas llama "patriotismo constitucional". Si partimos de este punto, es posible quizás que valoremos con exactitud el cabal aporte que hace el autor para conocer sobre las plausibilidades de uno de los “controles políticos” más controvertidos en la historia constitucional del país. Tanto el juicio político ( impeachment ) como la revocatoria ( recall ) hunden sus raíces en el derecho anglosajón, cuando responsabilidades de distinta naturaleza aún se confundían. Así, desde Carlos I de Inglaterra a la destitución de Lord Noth en 1782, se fue perfilando un proceso de escisión de efectos jurídicos, que llevó a materializar en un proceso de naturaleza parlamentaria, la legal manera de valorar políticamente “responsabilidades” individuales de quienes ejercían el poder. Desde Andrew Johnson a Bill Clinton; desde “Trigueros de Godoy Serafín” hasta el caso Rousselot o Kammerath, subyacen las mismas complejidades. Y en esa relación Hernández nos recuerda que los procedimientos de “destitución e inhabilitación” de funcionarios no son otra cosa que “controles institucionalizados” para evaluar dinámicamente las acciones y los productos concretos del poder. En consecuencia, el autor desmenuza las normas que, en tanto reglas de sanción, deben desencadenar un debate cívico eficaz sobre razones políticas y condiciones de oportunidad para desembarazarse de los malos funcionarios. Hernández recorre con elocuencia y gran prolijidad expositiva la doctrina, los debates parlamentarios, el derecho público provincial y los avatares de nuestra jurisprudencia local y nacional. En este extremo, no duda en arriesgar su opinión favorable a la doctrina que ha desarrollado nuestro Tribunal Superior de Justicia. Tampoco deja pasar la ocasión para extraer las principales líneas que se han desprendido a partir de la apertura del recurso extraordinario por parte de la Corte Suprema para controlar esta materia. Es dable notar que siguiendo la tradición de muchos autores del derecho público de Córdoba, Hernández adopta una definida perspectiva “realista”. De modo que desde un punto de vista que desborda la nuda mirada del jurista, se atreve a elaborar precisos aportes de “lege ferenda” . Es natural entonces, que una crítica certera le permita apuntar con detalle en qué lugar la redacción es deficiente, dónde las omisiones se vuelven lagunosas o cuáles son las dificultades prácticas que han de generar lentitud en el proceso (o verosímil injusticia en sus resoluciones). Por otra parte, del texto afloran otras reflexiones sobre las necesarias exigencias conceptuales que se desprenden de los términos “debido proceso” y “defensa legal”. No menos importantes son las pertinentes aclaraciones que ayudan a precisar el alcance jurídico-semántico de “mala conducta” o “formación de causa”. Corresponde notar que en su origen ésta fue una tesis joven. Sin embargo, ello no empece a que haya sido el fruto de un pensamiento maduro. Y hablamos de un pensamiento maduro, pues el autor, desde la primera página, se preocupa por defender la calidad democrática, las responsabilidades públicas y la participación ciudadana de los argentinos. Hoy, actualizada, esta obra aún denota el vigor de aquellas lúcidas y originales reflexiones, en abierta sintonía con un marco histórico e institucional de veinte años de democracia. Hernández, en síntesis, conjuga en este libro profundidad, experiencia y convicción. Profundidad, por sus reconocidos conocimientos y espesura analítica. El autor es uno de nuestros constitucionalistas que más dedicación ha dado a la defensa de las autonomías municipales. Hablamos de experiencia, pues el texto ha sido escrito por un hombre que ha conocido las vísceras del poder. Finalmente, convicción, porque su pensamiento ha crecido en coherencia y dedicación en defensa de la democracia y sus instituciones. Donde todo está “mal”, sería bueno saber lo “peor”. Y si es cierto que nuestra ciudad se encuentra degradada, quebrada financieramente, con un increíble deterioro en los servicios municipales, creo, entonces, que de todos nuestros males, lo primero que debemos saber es que lo peor que nos puede pasar es el colapso de nuestras instituciones representativas. El autor tiene definiciones claras, ofrece soluciones y, aun para el disenso, empuja el debate. Así como no hay libro capaz de enseñar cómo se deben leer los libros, tampoco hay obra, por erudita que sea, capaz de acabar por sí sola y para siempre un tema de esta envergadura. Sin embargo, no dudo en decir que este libro es imprescindible para quien desea conocer o emprender acciones de responsabilidad a nivel local. Es que el problema de la inocuidad e insuficiencia de los controles en nuestra democracia solo puede resolverse si estudiamos y nos sometemos al rigor que imponen las relaciones civiles locales. En pocas palabras, Hernández no solo nos deja una obra útil, sino que nos está mostrando las resistentes hebras que han anudado las convicciones cívicas de un hombre comprometido con la democracia, la República y la suerte de su ciudad.

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