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2– De las constancias de autos surge que el beneficio fue iniciado el 17/11/03 y se le dio trámite el 26/11/03. El planteo de la perención fue formulado el 26/3/08; las notificaciones practicadas no purgan el tiempo de la perención, desde que se tiene como último acto procesal eficiente al efecto el decreto del 21/12/05, que ordena la citación de las partes contra quien se hace valer. Confrontadas ambas fechas, se observa que ha transcurrido en exceso el plazo del inc. 2 art. 339, CPC. (Voto, Dres. González de la Vega y Bustos Argañarás).
3– Este Tribunal ya aplicó el precedente emanado del TSJ Cba.
4– Cabe preguntarse si la actividad de la peticionante de la extensión del beneficio obstaba a que luego dedujera el incidente abortivo de instancia. En el fallo antes mencionado se hizo alusión a que “…recién con la notificación del emplazamiento el accionado toma conocimiento de la existencia de la demanda y de la parálisis en que estuvo inmerso el procedimiento y, por consiguiente, ésa es la primera oportunidad que se le presenta para expresar su voluntad en orden a la caducidad de la instancia abierta en su contra…”. No basta que el citado de comparendo conozca la existencia del juicio sino que, además, debe estar en condiciones de examinar la causa para “tomar conocimiento de la parálisis en que estuvo inmerso el procedimiento” antes de la citación y por el plazo que marca la ley. (Voto, Dr. Fernández).
5– Es cierto que, por vía de hipótesis, el demandado pudo proponer
Córdoba, 12 de febrero de 2010
Y CONSIDERANDO:
Los doctores
I. Contra la interlocutoria Nº 352 del 11/6/08, dictada por el juez de 1a. Instancia y 11a. Nominación en lo Civil y Comercial de esta ciudad, que reza: “1) No hacer lugar al incidente de perención de instancia iniciado por el apoderado del Banco de la Provincia de Córdoba, Dr. Juan Manuel Delgado. 2) Costas a cargo del vencido…”, el apoderado del codemandado Banco Provincia de Córdoba, Dr. Juan Manuel Delgado, plantea apelación fundando sus críticas en esta sede, las que son contestadas por el beneficiario. Dispuestos autos pasan los presentes a despacho para resolver. II. El rechazo de la perención articulada genera en el incidentista las críticas que se reseñan infra. Aduce errónea apreciación de los hechos y falta de aplicación de la jurisprudencia del superior. En este punto, señala que el 17/11/03 se presenta el beneficio, se acuerda trámite el 26/11/03, y notifica el 8/11/07, después de cuatro años. Que compareció a fs. 22/30 pidiendo suspensión de términos por no encontrarse los autos y haciendo reserva de oponer la perención adjuntado el para agregar. Adjuntado éste, plantea perención el 27/3/08. Agrega que la notificación de fs. 17/20 es de un decreto que no existe, al que no puede darse el valor de acto impulsorio. Por su parte, la contraria contesta el recurso pidiendo la desestimación por los argumentos que expone en su escrito respectivo. III. Analizadas las constancias de autos, se advierte que le asiste razón al recurrente conforme la doctrina de la sala CC, asumida por mayoría, que se compendia en el caso “Fisco de la Pcia. de Cba. c/ Loustau Bidaut, R.- ejecutivo”, A. Nº 200/07 [
El doctor
Adhiero al voto que antecede y sólo deseo agregar, para responder el argumento del apelado –conforme el cual el escrito de la contraria que obra a fs. 30 no contituye un formal pedido de perención–, que dicha alegación no fue realizada al tiempo de contestar el incidente en primer grado, lo que obsta a su consideración en esta Sede (art.332, CPC). De todos modos, si no se pensara de esa forma, reitero mi criterio ya expuesto in re “Fisco de la Provincia de Córdoba c. Indacor SA – Ejecutivo – Auto N° 480 del 20/10/08”, en el cual señalé que, en mi opinión, la cuestión pasa por establecer si el comparendo del demandado en para agregar, en el cual hace presente la existencia de la citación a juicio, pero como el expediente no estaba en el tribunal, solicitó se suspendieran los plazos que estuvieren corriendo, a tenor del art. 46, CPC, la orden de restitución y el decreto por el cual se tiene por parte a la incidentista, constituyen o no actos interruptivos. Esto porque, luego de restituido el expediente, compareció el demandado y articuló la perención de la instancia. Siendo así, recuerdo que este Tribunal ya aplicó el precedente emanado del Tribunal Superior de Justicia in re “Fisco de la Pcia. de Córdoba c. Loustau Bidaut R., Ejecutivo – Recurso de casación”, Auto Nº 200 del 16/8/07 (in re “Figueroa Marcelo Antonio c/ Putzolo Juan Antonio –Ejecutivo -N° 631117/36”, S. N° 16 de fecha 1/4/08”). La particularidad que tiene la presente causa es que no fue en la primera presentación a juicio que se articuló la perención. Pero cabe preguntarse si, a estar a las constancias de la causa, la actividad de la peticionante de la extensión del beneficio obstaba a que luego dedujera el incidente abortivo de instancia. Para ello, tengo en cuenta que en el fallo del superior, antes mencionado, se hizo alusión a que “…recién con la notificación del emplazamiento el accionado toma conocimiento de la existencia de la demanda y de la parálisis en que estuvo inmerso el procedimiento y, por consiguiente, ésa es la primera oportunidad que se le presenta para expresar su voluntad en orden a la caducidad de la instancia abierta en su contra…” (Del voto del Dr. Andruet, Zeus Córdoba, T° 11, 2007, p. 322). De tal modo, no basta que el citado de comparendo conozca la existencia del juicio sino que, además, debe estar en condiciones de examinar la causa para “tomar conocimiento de la parálisis en que estuvo inmerso el procedimiento” antes de la citación y por el plazo que marca la ley. Porque bien pudo ocurrir que aunque desde la presentación de la demanda y la notificación haya pasado el año requerido legalmente, en ese lapso exista un acto impulsorio (v.gr. acompañar el título base de la pretensión ejecutiva) que impediría la promoción de la perención. Es cierto que, por vía de hipótesis, el demandado pudo proponer
Por ello,
SE RESUELVE: 1. Acoger el recurso de apelación del apoderado del codemandado Banco de la Provincia de Córdoba, Dr. Juan Manuel Delgado, y revocar en todas sus partes la interlocutoria recurrida. II. Declarar perimida la instancia abierta con el beneficio, con costas al incidentista.
