PAGARÉ DE CONSUMO

Régimen legal. Posiciones jurisprudenciales. Armonización de las normas en juego. JUICIO EJECUTIVO. Habilitación de la vía: deber del proveedor de acreditar cumplimiento del art. 36, LDC. Documentación complementaria o título autosuficiente 1- Los contornos del denominado pagaré de consumo carecen todavía de una regulación específica, mas todo indica que su abordaje jurídico en contiendas como la de autos exige sopesar la concurrencia de varios textos normativos, armonizando sus reglas y principios. De un lado, los previstos en los arts. 518 a 592 y cc., CPC, organizan el procedimiento correspondiente al cobro ejecutivo de cantidades líquidas o fácilmente liquidables de dinero, expresadas en instrumentos que traen aparejada ejecución, entre los cuales se encuentra el pagaré (art. 521 inc. 5, CPC). Instituidas para favorecer la seguridad y eficacia del crédito, esas normas procesales, que entre otros puntos limitan el conocimiento judicial al vedar la discusión sobre la causa de la relación jurídica (art. 542 inc. 4, CPC), engarzan con aquellas de fondo que regulan aquel título valor (en el sub lite, las previsiones del dec. ley 5965/63, arts. 101 y cc.; arg. art. 1834, CCC); instrumento caracterizado por las notas de literalidad, autonomía y abstracción. Del otro, con sostén constitucional y en el derecho de fondo, el régimen que consagra los derechos del consumidor (arts. 42, CN, y los pertinentes de la LDC, en particular los arts. 1, 2, 36, 65 y cc. de este régimen legal). Se trata de un conjunto de normas pensadas para la protección de quien se considera la parte más débil en una gran cantidad de vínculos jurídicos (entre los cuales cabe incluir a los derivados de las operaciones de financiación y crédito para el consumo). 2- El asunto que se examina en autos trasciende la mera determinación de la competencia. No se trata de establecer qué magistrado ha de dirimir la contienda derivada de la ejecución de un pagaré de consumo, sino qué extensión cabe asignarle a su conocimiento en esta clase de reclamos o, incluso más, cuál ha de ser su cauce procesal; lo que torna necesario precisar si es aplicable a aquéllos -y con qué alcance- la LDC. 3- Sobre esta cuestión, los tribunales de la Provincia de Buenos Aires han adoptado distintas posiciones. Sus pronunciamientos acusan marcadas diferencias entre sí. Afirmada en el criterio tradicional sobre los títulos de crédito en general y en las notas de abstracción, autonomía y completitud que caracterizan al pagaré, una primera interpretación considera que en casos como el de autos, el juez no tiene un mayor grado de injerencia que el previsto para cualquier cobro ejecutivo de esta clase de papeles de comercio. Se privilegia la idea de favorecer la cobrabilidad expeditiva de las obligaciones consignadas en estos papeles de comercio, como su circulación. Objetivamente, esta comprensión del asunto desconoce la aplicabilidad de la LDC. Con una tesitura opuesta, se argumenta que en estos casos el juez no sólo debe efectuar una indagación causal del negocio para verificar si encuadra en las normas tuitivas de los consumidores, sino debe también disponer –constatada esa circunstancia– que el cobro del pagaré asociado a la operación de consumo tramite por las normas del proceso sumario (o plenario abreviado) de los arts. 320, 484 y ss. CPC; ello, merced a una inteligencia expansiva de la LDC, que descarta el carril del juicio ejecutivo (arts. 518 y sigs., CPC). Esta corriente tampoco admite que el título de crédito pueda ser integrado con la documentación contractual en la que se acordó la operación. El título sería siempre inhábil aun cuando con esa integración se demostrara el cumplimiento de los requisitos impuestos en el señalado art. 36. 4- Sostenida por varios tribunales de la Provincia de Buenos Aires, la posición adoptada en la sentencia de la Cámara de Apelación recurrida ante la Corte transita por un carril que, apartándose del primer criterio, no se identifica con el segundo registro arriba mencionado. En esencia, admite que el pagaré, cuando tiene su raíz en un vínculo jurídico alcanzado por el art. 36, LDC, pueda ser integrado con los documentos que instrumentan el negocio causal; integración que se impone como condición de admisibilidad de la pretensión ejecutiva. La constatación acerca del cumplimiento de aquella norma legal –y la observancia de los demás requisitos previstos a tal efecto– determina la viabilidad del reclamo articulado en el proceso. Por lo tanto, si el título valor, autónomamente o integrado, reúne las exigencias del citado art. 36, será pertinente la ejecución en los límites que resulten del negocio base de la relación jurídica. 5- Las diferencias interpretativas existentes entre los distintos órganos jurisdiccionales de alzada de la Provincia determinan la necesidad de sentar una doctrina legal de la Corte que brinde seguridad jurídica, con prescindencia del valor del litigio (arg. doctr. art. 31 bis, último párrafo, ley 5827, texto según ley 13812). 6- Vigorizado en función de su consagración legal y constitucional, el derecho del consumo ha venido a trasformar diversos aspectos de las relaciones jurídicas, en particular las regidas por el derecho privado, dando lugar a adecuaciones y reacomodamientos de normas e institutos. De la conjunción de lo dispuesto en el art. 3, LDC, y su correlación con la primera frase del art. 65 ("la presente ley es de orden público"), se llega a ver con claridad la extensión interpretativa que tiene la preeminencia a la que se refiere el primero de esos preceptos. 7- En la tarea de armonización, aun en este tipo de contiendas, la tutela de los derechos e intereses de los consumidores (arts. 42, Constitución Nacional y 38 de su par provincial) debe tener cabida. Por mucho que las notas relativas a la creación, circulación y ejecución de los papeles de comercio, así como sus caracteres primordiales de autonomía y abstracción, abrevan en el marco de relaciones jurídicas que se refieren a derechos disponibles configuradas en un ordenamiento de fondo específico (dec. ley 5965/63), es inocultable que la consagración de reglas protectoras del consumidor se aplican e imponen modulaciones relevantes. 8- La Suprema Corte de Bs. As. ha sostenido que la prohibición de ingresar en aspectos que conciernen a la causa de la obligación, vigente en los procesos de ejecución, trae consigo una serie de restricciones al conocimiento de la relación jurídica de base, con la reconocida finalidad de resguardar el crédito. Aun así, la división entre lo que constituye debate sobre la causa de la obligación, por un lado, y sobre las aptitudes ejecutivas del instrumento, por el otro, no siempre resulta tajante. Si eso es así en algunos supuestos no alcanzados por el sistema de la LDC, con mayor razón aún lo será en los comprendidos en sus previsiones. 9- Como guía hermenéutica primordial, ellas promueven la búsqueda de la solución que refleje de modo suficiente el fin tuitivo de los derechos de los consumidores y usuarios, por tratarse de los sectores usualmente más débiles de la relación de consumo (arts. 42, CN; 37, LDC; v. CSJN Fallos: 337:790). Corrobora el aserto la evidencia de prácticas que suelen caracterizarse por la equivocidad de la doble instrumentación –sustancial y cambiaria– en el otorgamiento de préstamos a tasas activas en ocasiones marcadamente superiores a la media del sistema bancario, solicitados por personas necesitadas de auxilio financiero, poco informadas y con dificultades de acceso al crédito. 10- Por cuanto atañe al caso aquí enjuiciado, la búsqueda de un balance racional entre las determinaciones consagradas en la LDC y las disposiciones reguladoras del pagaré –que obviamente deben ser cumplidas (v. art. 101, dec. ley 5965/63)– así como las de los procesos de ejecución, en orden al alcance de la restricción para adentrarse en los aspectos causales de la obligación, constituye un empeño, más que plausible, necesario. Pues a poco andar se advierte que la aplicación excluyente de estas últimas enervaría la fuerza normativa de la LDC, con la consiguiente frustración del derecho de quien se obliga por medio de un pagaré de consumo a la información precisa, detallada, clara y veraz que prescribe su art. 36, derecho que recién podría ser invocado, de manera tardía y probablemente ilusoria en el juicio ordinario posterior. 11- El rechazo de la postura que desconsidera la operatividad de la LDC no ha de conducir a abrogar por completo el marco jurídico de la ejecución cambiaria, ni necesariamente hace intransitable la vía del cobro ejecutivo del pagaré. Si la documentación acompañada por el ejecutante permite comprobar el cumplimiento del art. 36, LDC, no parece excesivo, al menos en casos como el de autos, permitir el uso de aquella vía. 12- La recta comprensión del asunto supone avanzar por el sendero de la confluencia o consideración integradora de las normas en juego, en la inteligencia de que el examen que el derecho promueve consiste en indagar en lo que aquéllas dicen jurídicamente, tanto como en consultar su sentido, de manera que guarden congruencia con los principios de la Constitución y hagan posible el desenvolvimiento normativo armonioso por sobre el conflicto o la antinomia, descartando lecturas rígidas o aisladas. 13- En ese plano de congruencia sistemática es claro que la aplicabilidad de la LDC flexibiliza el andamiaje por el que discurre la pretensión ejecutiva, con respeto de los principios de bilateralidad y defensa en juicio (arts. 18, Constitución Nacional; 15, Constitución Provincial Bs. As.; 34 inc. 5 apdo. "c" y 36 inc. 2 y concs., CPC). Como también lo es que en situaciones como las ventiladas en esta causa, la indagación en los aspectos sustanciales (del negocio jurídico extracambiario) se corresponde con el postulado señalado y pone a resguardo los derechos informativos que amparan al consumidor (art. 42, Constitución Nacional). 14- En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el ordenamiento procesal (arg. arts. 34 inc. 5 apdo. "c" y 36 inc. 2 y concs., CPC), el juez puede encuadrar el asunto como una relación de consumo a fin de subsumirlo en el art. 36, LDC. Para expedirse sobre la viabilidad de la demanda ejecutiva le es dable examinar los instrumentos complementarios al pagaré que oportunamente hubiese acompañado el ejecutante. Si el título en cuestión, integrado de tal modo o bien autónomamente, satisface las exigencias legales prescriptas en el estatuto del consumidor, podrá dar curso a la ejecución. Ello sin desmedro del derecho del ejecutado de articular defensas, incluso centradas en el mencionado art. 36, tendientes a neutralizar la procedencia de la acción. SCJ Bs. As. 14/8/19. Causa C. 121.684. Trib. de origen: CCC Sala III, San Martín, Bs. As. "Asociación Mutual Asís contra Cubilla, María Ester - Cobro ejecutivo" La Plata, Bs. As., 14 de agosto de 2019 ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley? El doctor Daniel Fernando Soria dijo: Antecedentes. La CCC Sala III del Departamento Judicial de General San Martín revocó la providencia del juez anterior –en cuanto había reconducido el trámite del proceso al cauce del juicio sumario– y dispuso la preparación de la vía ejecutiva. Se interpuso, por el Fiscal General departamental, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. (…) I. Mediante apoderado, la entidad actora promovió el presente juicio ejecutivo, con el objeto de que se condenase al demandado al pago de una deuda dineraria instrumentada mediante un pagaré a la vista y sin protesto y un formulario de "términos y condiciones" correspondientes a un contrato de mutuo. Al proveer dicha presentación, el magistrado interviniente puso de relieve que si bien el título valor (o de crédito) sobre cuya base se reclamaba se encontraba previsto dentro de los títulos ejecutivos (art. 521 inc. 5, CPC) y cumplía con los recaudos establecidos por el decreto ley 5965/63, en el caso no podía ser utilizado como instrumento ejecutable, habida cuenta de la índole del contrato que le había servido de causa (préstamo para consumo), pues aquél requería la observancia de unos requisitos que no aparecían satisfechos en el texto mismo del pagaré. En esas circunstancias, con invocación de la ley 24240 (en adelante, LDC), resolvió adecuar las actuaciones al trámite de proceso sumario (art. 320, CPC), disponiendo el traslado de la acción al demandado en los términos de los arts. 354 y 486 de igual ordenamiento adjetivo. II. Apelada esa resolución por la actora, previa vista al Ministerio Público Fiscal, la Sala III de la Cámara de Apelación del fuero la revocó disponiendo la preparación de la vía ejecutiva (art. 523, CPC). Para así decidir, valoró que la cuestión llevada ante sus estrados entrañaba un conflicto entre dos órdenes normativos: el comprendido en el decreto ley 5965/63 y el reglado por la LDC; dilema evidenciado en la pretensión ejecutiva respaldada en el derecho literal y autónomo que anidaba en el pagaré, junto a los recaudos causales -exigidos por el art. 36 de la citada ley- abastecidos en la solicitud de mutuo para consumo suscripta por la beneficiaria. Luego de repasar el contenido de los arts. 36 y 53, LDC, y los pormenores fácticos del caso en tratamiento, justificó su decisión en el hecho que "...Si bien el pagaré que se ejecuta no contiene todos los requisitos exigidos por el art. 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, el contrato de solicitud de préstamo (mutuo) que lo complementa establece los términos y condiciones correspondientes al crédito; es por ello que se tiene[n] por cumplidos [...] los recaudos exigidos por la mencionada ley...". A renglón seguido, transcribió la opinión mayoritaria expuesta en un fallo plenario dictado por la Cámara de Apelación en lo CC de Azul en fecha 9/3/17, en cuanto se dijo que "...El pagaré de consumo puede integrarse con documentación adicional relativa al negocio causal, dentro del mismo juicio ejecutivo, conformando un título complejo que deberá contener información clara y veraz, y además cumplir con los requisitos previstos en el art. 36 de la ley 24240 para las operaciones de financiación o crédito para el consumo...". Establecido lo anterior, detalló que el pagaré que se pretendía ejecutar en autos era por $3.440,04 y que del mutuo surgía que el capital prestado ascendía a $2.420,06, lo cual indicaba que el importe consignado en el cartular comprendía capital más intereses. De allí que como el tratamiento de dichos accesorios se difería para la oportunidad del dictado de la sentencia, correspondía tomar como monto del reclamo la suma del capital, es decir, $2.420,06. Concluyó, finalmente, en que al verificarse los requisitos previstos por el art. 36, LDC, cabía preparar la vía ejecutiva (art. 523, CPC) en relación con el mutuo, sin tener en cuenta el importe de la obligación instrumentada en el pagaré. III.1. Contra esta decisión se alza el Fiscal General departamental mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia quebrantamiento de la doctrina legal sentada por este Cuerpo en causa C. 109.305, "Cuevas" (resol. de 1-IX-2010), así como de los arts. 36 y 53, LDC y 23, ley provincial 13133. Considera vulnerado el régimen que ampara a los consumidores (art. 42, CN) y cuestiona lo que, según entiende, sería la creación pretoriana de un título ejecutivo complejo no previsto en la regulación procesal (art. 521, CPC). III.2. Luego de afirmar –sin mayor explicación– que la decisión impugnada desconoce las facultades que las leyes 24240 y 13133 confieren al magistrado para adecuar el proceso al grado de conocimiento que estime necesario, despliega su argumentación con el alcance que seguidamente se explicita. III.2.a. Cuando alude a la doctrina legal de este Tribunal en materia de derechos del consumidor, se explaya -como se dijo- sobre el precedente "Cuevas", al igual sobre que otros pronunciamientos que confirmaron y precisaron esa jurisprudencia (v.gr., lo resuelto en la causa C. 117.245, "Crédito para Todos S.A.", sent. de 3/9/14). Argumenta que lo allí decidido respecto de la integración entre las disposiciones cambiarias y adjetivas -por un lado- y la LDC -por el otro- habilita a los jueces no sólo a declarar su incompetencia territorial sino a disponer el trámite aplicable a pretensiones como las entabladas en autos para asignarle un grado o extensión de conocimiento mayor y así garantizar en el pleito el ejercicio de los derechos del consumidor. Critica por ello que a los fines de la habilidad del título que se pretende ejecutar, se haya integrado el pagaré de consumo con el contrato que le sirvió de causa. III.2.b. Luego objeta el pronunciamiento de la Cámara de Apelación porque sería restrictivo de la facultad conferida al magistrado en los arts. 36, 53 y cc., LDC. Considera en tal sentido que el temperamento que censura no hace primar la aplicación inmediata de la norma más favorable al consumidor. III.2.c. Como corolario, afirma que la posibilidad de considerar inhábil un pagaré de consumo se deriva de los términos de la LDC y que la integración normativa dispuesta en autos viola los derechos que aquella legislación consagra, al permitir "que se cumpla formalmente con la protección prevista por el art. 36", sin reparar en las vicisitudes que rodearon la suscripción de esos instrumentos. III.2.d. Para el recurrente, la sentencia desconoce lo dispuesto en el art. 53, LDC, y crea un título ejecutivo nuevo que se suma a los detallados en el art. 521, CPC. En esa línea argumental controvierte la posibilidad que el fallo confiere al accionante de cumplir los requisitos legales ("extemporáneamente", acota). Esa alternativa pondría en un estado de "indefensión al consumidor", el que sólo contaría con las limitadas defensas a las que puede acudir en el proceso ejecutivo. Solicita en suma que se deje sin efecto la preparación de la vía ejecutiva dispuesta por el Tribunal de Alzada y se mantenga la decisión del inferior en grado en cuanto dispuso "sumarizar" la vía procesal del reclamo de cobro de pesos articulado en la causa. III.2.e. Se expide el señor Procurador General, quien acompaña los argumentos del impugnante y aconseja acoger el recurso extraordinario. IV. La presente controversia nos enfrenta con el problema que suscita el ejercicio de la pretensión ejecutiva de un título de crédito -en el caso, un pagaré- derivado de un negocio jurídico de crédito para el consumo (arts. 1, 2, 36 y cc., LDC). IV.1. Los contornos del denominado pagaré de consumo carecen todavía de una regulación específica, mas todo indica que su abordaje jurídico en contiendas como la de autos exige sopesar la concurrencia de varios textos normativos, armonizando sus reglas y principios. De un lado, los previstos en los arts. 518 a 592 y cc., CPC, organizan el procedimiento correspondiente al cobro ejecutivo de cantidades líquidas o fácilmente liquidables de dinero, expresadas en instrumentos que traen aparejada ejecución, entre los cuales se encuentra el pagaré (art. 521 inc. 5, CPC). Instituidas para favorecer la seguridad y eficacia del crédito, esas normas procesales, que entre otros puntos limitan el conocimiento judicial al vedar la discusión sobre la causa de la relación jurídica (art. 542 inc. 4, CPC), engarzan con aquellas de fondo que regulan aquel título valor (en el sub lite , las previsiones del dec. ley 5965/63, arts. 101 y cc.; arg. art. 1834, CCC); instrumento caracterizado por las notas de literalidad, autonomía y abstracción. Del otro, con sostén constitucional y en el derecho de fondo, el régimen que consagra los derechos del consumidor (arts. 42, CN y los pertinentes de la LDC, en particular los arts. 1, 2, 36, 65 y cc. de este régimen legal). Se trata de un conjunto de normas pensadas para la protección de quien se considera la parte más débil en una gran cantidad de vínculos jurídicos (entre los cuales cabe incluir a los derivados de las operaciones de financiación y crédito para el consumo). IV.2. Por su especial atingencia en el caso es pertinente recordar lo dispuesto en el art. 36, LDC, según la redacción dada por la ley 26993 (art. 58), único texto que integra el capítulo VII "De las operaciones de venta de crédito" de ese régimen. Su letra es la siguiente: "Requisitos. En las operaciones financieras para consumo y en las de crédito para el consumo deberá consignarse de modo claro al consumidor o usuario, bajo pena de nulidad: a) La descripción del bien o servicio objeto de la compra o contratación, para los casos de adquisición de bienes o servicios; b) El precio al contado, sólo para los casos de operaciones de crédito para adquisición de bienes o servicios; c) El importe a desembolsar inicialmente –de existir– y el monto financiado; d) La tasa de interés efectiva anual; e) El total de los intereses a pagar o el costo financiero total; f) El sistema de amortización del capital y cancelación de los intereses; g) La cantidad, periodicidad y monto de los pagos a realizar; h) Los gastos extras, seguros o adicionales, si los hubiere. Cuando el proveedor omitiera incluir alguno de estos datos en el documento que corresponda, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o de una o más cláusulas. Cuando el juez declare la nulidad parcial simultáneamente integrará el contrato, si ello fuera necesario. En las operaciones financieras para consumo y en las de crédito para consumo deberá consignarse la tasa de interés efectiva anual. Su omisión determinará que la obligación del tomador de abonar intereses sea ajustada a la tasa pasiva anual promedio del mercado difundida por el BCRA vigente a la fecha de celebración del contrato. La eficacia del contrato en el que se prevea que un tercero otorgue un crédito de financiación quedará condicionada a la efectiva obtención del mismo. En caso de no otorgamiento del crédito, la operación se resolverá sin costo alguno para el consumidor, debiendo en su caso restituírsele las sumas que, con carácter de entrega de contado, anticipo y gastos éste hubiere efectuado. El BCRA adoptará las medidas conducentes para que las entidades sometidas a su jurisdicción cumplan, en las operaciones a que refiere el presente artículo, con lo indicado en la presente ley. Será competente para entender en el conocimiento de los litigios relativos a contratos regulados por el presente artículo, en los casos en que las acciones sean iniciadas por el consumidor o usuario, a elección de éste, el juez del lugar del consumo o uso, el del lugar de celebración del contrato, el del domicilio del consumidor o usuario, el del domicilio del demandado, o el de la citada en garantía. En los casos en que las acciones sean iniciadas por el proveedor o prestador, será competente el tribunal correspondiente al domicilio real del consumidor, siendo nulo cualquier pacto en contrario". IV.3. En el precedente "Cuevas" (causa C. 109.193, doctrina reafirmada en C. 117.245, "Crédito para todos S.A.", sent. de 3/9/14 y C. 118.111, "U.O.L.E. S.A.", resol. de 29/4/15, entre muchas), esta Suprema Corte ha tenido oportunidad de abordar una cuestión relacionada con el tema controvertido en autos. Lo resuelto allí versó sobre la aplicación a este tipo de procesos de la regla contenida en la última parte del párrafo final del ya transcripto art. 36, LDC. En aquella sentencia el Tribunal se pronunció en favor de la atribución del juez para declarar de oficio su incompetencia territorial ante la presencia de elementos serios y justificados que dieran cuenta de la existencia de una relación de consumo como sostén del título ejecutado. Se ponderó especialmente que, en esta materia, vale decir, en los casos en que el reclamo se asienta sobre un vínculo jurídico de aquella índole, la prórroga a una sede judicial diversa a la correspondiente al domicilio real del consumidor se encuentra vedada por el mencionado art. 36, LDC. La misma orientación ha asumido la CSJN (C.577.XLVII.COM, "Productos Financieros S.A. c/ Ahumada Ana Laura s/ cobro ejecutivo", C.623.XLV.COM, "Compañía Financiera Argentina S.A. c/ Monzon Mariela Claudia s/ ejecutivo" y C.1088.XLVII.COM, "Productos Financieros S.A.C. c/ Campos, Víctor Hugo s/cobro ejecutivo", todas de 12/10/13; Fallos: 340:905, "HSBC Bank Argentina S.A. c. Gutiérrez, Mónica Cristina", sent. de 4/7/17 y Competencia COM 6469/2016/CS1 "Sol Cooperativa de Vivienda Crédito y Consumo Ltda. c/Duguet, Patricia del Carmen s/ejecutivo", sent. de 2/7/19. IV.4. Desde luego, el asunto que se examina ahora trasciende la mera determinación de la competencia. No se trata de establecer qué magistrado ha de dirimir la contienda derivada de la ejecución de un pagaré de consumo, sino qué extensión cabe asignarle a su conocimiento en esta clase de reclamos o, incluso más, cuál ha de ser su cauce procesal; lo que torna necesario precisar si es aplicable a aquéllos -y con qué alcance- la LDC. IV.4.a. Sobre esta cuestión los tribunales de la Provincia han adoptado distintas posiciones. Sus pronunciamientos acusan marcadas diferencias entre sí. Afirmada en el criterio tradicional sobre los títulos de crédito en general y en las notas de abstracción, autonomía y completitud que caracterizan al pagaré, una primera interpretación, sostenida en autos por la actora, considera que en casos como el presente el juez no tiene un mayor grado de injerencia que el previsto para cualquier cobro ejecutivo de esta clase de papeles de comercio. Se privilegia la idea de favorecer la cobrabilidad expeditiva de las obligaciones consignadas en estos papeles de comercio, como su circulación. Objetivamente, esta comprensión del asunto desconoce la aplicabilidad de la LDC. Con una tesitura opuesta, se argumenta que en estos casos el juez no sólo debe efectuar una indagación causal del negocio para verificar si encuadra en las normas tuitivas de los consumidores, sino debe también disponer –constatada esa circunstancia– que el cobro del pagaré asociado a la operación de consumo tramite por las normas del proceso sumario (o plenario abreviado) de los arts. 320, 484 y ss. CPC; ello, merced a una inteligencia expansiva de la LDC, que descarta el carril del juicio ejecutivo (arts. 518 y sigs., CPC). Esta corriente, en la que se enrola el impugnante, tampoco admite que el título de crédito pueda ser integrado con la documentación contractual en la que se acordó la operación. El título sería siempre inhábil aun cuando con esa integración se demostrare el cumplimiento de los requisitos impuestos en el señalado art. 36. Sostenida por varios tribunales de la Provincia, la posición adoptada en la sentencia de la Cámara de Apelación recurrida ante esta Corte transita por un carril que, apartándose el primer criterio, no se identifica con el segundo registro arriba mencionado. En esencia admite que el pagaré, cuando tiene su raíz en un vínculo jurídico alcanzado por el art. 36, LDC, pueda ser integrado con los documentos que instrumentan el negocio causal; integración que se impone como condición de admisibilidad de la pretensión ejecutiva. La constatación acerca del cumplimiento de aquella norma legal –y la observancia de los demás requisitos previstos a tal efecto– determina la viabilidad del reclamo articulado en el proceso. Por lo tanto, si el título valor, autónomamente o integrado, reúne las exigencias del citado art. 36, será pertinente la ejecución en los límites que resulten del negocio base de la relación jurídica. IV.4.b. Como puede advertirse, dos de las tres posiciones brevemente reseñadas parten de una directiva común: el reconocimiento de la aplicabilidad de la LDC. Por ello en ambas se habilita una indagación causal. Desde luego, la última de las mencionadas lo hace dentro del marco del proceso ejecutivo flexibilizando el alcance del art. 542 inc. 4, Código Procesal Civil y Comercial, ora para declarar la habilidad del título, ora para considerarlo inhábil, en tanto se acredite o no la observancia del art. 36 tantas veces mencionado. Ejemplos de los criterios evocados son las sentencias dictadas, entre muchos, en los siguientes casos: Cám. Civ. y Com. Junín, "Naldo Lombardi SA c. Caporale, Sergio D. s. cobro ejecutivo", sentencia de 29/10/2013; Cám. Civ. y Com. Quilmes, Sala II, en "Banco de la Ciudad de Buenos Aires c. Labattaglia, Pablo J. s. cobro ejecutivo", sentencia de 20/11/2018, por un lado; por otro, v. Cám. Civ. y Com. Azul en pleno, "HSBC Bank Argentina c. Pardo, Cristian D. s. cobro ejecutivo", sentencia de 9/3/2017, voto en minoría del doctor Louge Emiliozi con adhesión de la doctora Comparato; Cám. Civ. y Com. Mar del Plata, Sala III, "HSBC Bank Argentina S.A. c. Moreno, Gustavo H. y otro s. cobro ejecutivo", sentencia de 29/9/2015; ídem "Banco Macro S.A. c. Correa, Rubén Darío s/ cobro ejecutivo", sentencia de 15/9/2015, doctrina reiterada en "Durotovich, Alberto E. c. Di Bona, María F. s. cobro ejecutivo", sentencia de 5/4/2017; y, finalmente, v. Cám. Civ. y Com. Azul en pleno, "HSBC Bank Argentina" cit., voto del doctor Galdós con adhesión de los doctores Peralta Reyes y Longobardi; Cám. Civ. y Com. San Martín, Sala III, "Asociación Mutual Iisis c. Cubilla, Miriam E. s. Cobro Sumario", sentencia de 21/3/2017; Cám. 2ª Civ. y Com. Sala III, La Plata, "Credil S.R.L. c. Salinas, Nicolás E. s. cobro ejecutivo", sentencia de 27/4/2017; Cám. Civ. y Com. 2ª La Plata, Sala I, "Capdeville, Luis M. c. Brandan, Claudio R. s. Cobro Ejecutivo", sentencia de 16/5/2017; Cám. Civ. y Com. 2ª La Plata, Sala II, "Cooperativa de Crédito La Plata Limitada c. Vinci, Carlos D. s. cobro ejecutivo", sentencia de 26/4/2016; voto en minoría del doctor Castro Durán en Cám. Civ. y Com. Junín, "Naldo", cit.; Cám. Civ. y Com. Lomas de Zamora, sala I, "Cartasur Cards S.A. c. Guerrero, Oscar A. s. cobro ejecutivo", sentencia de 14/11/2017, respectivamente. IV.4.c. Las diferencias interpretativas existentes entre los distintos órganos jurisdiccionales de alzada de la Provincia determinan la necesidad de sentar una doctrina legal de esta Corte que brinde seguridad jurídica, con prescindencia del valor del litigio (arg. doctr. art. 31 bis, último párrafo, ley 5827, texto según ley 13812). IV.5. Considero que la sentencia emanada de la Sala 3ª de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de General San Martín recurrida en autos, lejos de apartarse de las normas aplicables, las armoniza y las concilia de modo razonable. IV.5.a. Vigorizado en función de su consagración legal y constitucional, el derecho del consumo ha venido a trasformar diversos aspectos de las relaciones jurídicas, en particular las regidas por el derecho privado, dando lugar a adecuaciones y reacomodamientos de normas e institutos. Como se ha explicado en doctrina (Alegría, Héctor, "Régimen legal de protección del consumidor y Derecho Comercial", comunicación a la Academia Nacional de Derecho, noviembre de 2009, LL, 2010-C, 821), de la conjunción de lo dispuesto en el art. 3, LDC, y su correlación con la primera frase del art. 65 ("la presente ley es de orden público"), se llega a ver con claridad la extensión interpretativa que tiene la preeminencia a la que se refiere el primero de esos preceptos. Se ha dicho en ese orden de ideas que "...en una interpretación legal, si hubiera colisión entre una norma de derecho común y otra que protege a los consumidores, primará esta última. Por lo tanto, el régimen de derecho que surge de la ley 24240 importará no sólo complementar sino también modificar o derogar, siquiera parcialmente, las normas de otras ramas jurídicas que se apliquen a la relación de consumo que concretamente se considere". Con todo, se advierte que si bien "...la aplicación del derecho común no puede llegar a desvirtuar la efectividad de las normas fundamentales tuitivas del régimen especial", a la inversa, "la aplicación del sistema legal de protección del consumidor no puede llevarse al extremo de desnaturalizar las instituciones del derecho común sobre las que se aplica". IV.5.b. En esa tarea de armonización, destacada en los votos de los doctores Hitters y Pettigiani en el precedente "Cuevas", aun en este tipo de contiendas la tutela de los derechos e intereses de los consumidores (arts. 42, Constitución Nacional y 38 de su par provincial) debe tener cabida. Por mucho que las notas relativas a la creación, circulación y ejecución de los papeles de comercio, así como sus caracteres primordiales de autonomía y abstracción, abrevan en el marco de relaciones jurídicas que se

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