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La Sala Penal de la Cám. de Apel. de Zapala, provincia del Neuquén, condenó a José Horacio Olmos como autor del delito de estafa reiterada –dos hechos–, a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para ejercer la profesión de abogado, procurador o letrado en leyes, por el término de tres años; y a Guillermo Augusto De Guernica, como coautor del delito de estafa, a la pena de un año de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para ejercer la profesión de abogado, procurador o letrado en leyes, por el término de dos años. Contra dicha sentencia sólo la defensa interpuso recurso de casación, agraviándose –entre otras cuestiones– por la violación de los principios de congruencia y de imparcialidad, este último en virtud de haber intervenido anteriormente la misma Sala como tribunal de alzada durante la instrucción. En su petitorio, solicitó que se casara la sentencia y se absolviera a los imputados. En forma subsidiaria, solicitó se case la sentencia y se ordene la realización de un nuevo juicio con otra composición del tribunal. El TSJ provincial hizo lugar al recurso de casación, declaró la nulidad de la sentencia así como del debate y dispuso que la Cámara, con otra integración, dictara un nuevo pronunciamiento, previa sustanciación de un nuevo juicio. Al momento de alegar en el nuevo debate que se llevara a cabo, el fiscal de Cámara interviniente entendió que con las pruebas incorporadas se encontraba acreditada la materialidad de los hechos y autoría de Olmos y De Guernica, acusando al primero como autor material del delito de estafa reiterada (dos hechos) –arts. 172 y 55, CP–, solicitando se le imponga la pena de tres años y seis meses de prisión e inhabilitación especial para ejercer la profesión de abogado por seis años –art. 20 bis inc. 3, CP–; y al segundo como autor material del delito de estafa, solicitando se le imponga la pena de tres años de prisión e inhabilitación por cuatro años. Por su parte, la defensa se refirió a cuestiones fácticas, probatorias y de derecho relacionadas con la imputación efectuada. Señaló la diferencia existente entre el alegato fiscal, en el que se acusaba por coautoría a sus dos defendidos, y el requerimiento de elevación a juicio, en el que uno venía como autor y el otro como partícipe, formulando al respecto reserva de casación. Agregó que, en el peor de los casos, uno de los hechos debía calificarse como hurto simple y que en tal caso se declarase la prescripción y absolución. Finalmente, Olmos resultó condenado como autor del delito de estafa reiterada –dos hechos–, a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para ejercer la profesión de abogado, procurador o letrado en leyes, por el término de seis años; mientras que De Guernica fue condenado como coautor del delito de estafa, a la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para ejercer la profesión de abogado, procurador o letrado en leyes, por el término de cuatro años. En el recurso de casación interpuesto, la defensa, entre otros agravios, consideró violado el art. 18, CN, por la
1– Según doctrina establecida por la Corte, la prohibición de la
2– Resultaría ilógico concederle al imputado la facultad de impugnación y, al mismo tiempo, exponerlo al riesgo de que por el ejercicio de esta potestad –en ausencia de recurso de la parte acusadora– su situación procesal se viera empeorada, puesto que de esta manera se lo colocaría en la disyuntiva de correr ese riesgo o consentir una sentencia que considerara injusta. (Del fallo de la Corte).
3– Se ha afirmado reiteradamente que la prohibición del tribunal de alzada de modificar la resolución apelada en perjuicio del condenado, cuando la decisión no fue recurrida por el acusador, afecta el debido proceso y lesiona el derecho de defensa del imputado. La garantía invocada por los apelantes ha sido extendida por la Corte no sólo al ámbito estricto de la jurisdicción apelada sino que aquélla también alcanza al «juicio de reenvío». Como consecuencia, en aquellos casos en los que el imputado provoca por medio de su recurso la nueva realización del juicio, la sentencia que de él resulte tiene el límite de la
4– Tal inteligencia del juicio de reenvío es incompatible con el reconocimiento del derecho al recurso en los términos del art. 8, N° 2, ap. h), CADH. En efecto, si el ejercicio de tal facultad supusiera el riesgo de empeorar la propia situación, ella ya no podría ser ejercida libremente. La existencia de este «riesgo» lesionaría el derecho de defensa, en la medida en que plantea la posibilidad de que el imputado prefiera asumir las consecuencias injustas de una sentencia coaccionado por el temor de que ellas se agraven aún más. (Voto, Dr. Petracchi).
5– Con respecto a la fijación de la pena, la situación en un juicio oral no difiere sustancialmente de la que se presentaría en un procedimiento escrito. Si se parte de la base de que el art. 41, CP, ordena al juez tomar en cuenta, al momento de determinar la pena, los «antecedentes y condiciones personales» y tomar conocimiento «
6– Cuando el acusador no ha recurrido la sentencia de condena, ella queda firme no sólo «a su respecto», sino también respecto de los tribunales de alzada, que carecen de jurisdicción para modificarla. Tal imposibilidad, de raíz constitucional, no podría ser eludida por la vía de la «declaración de nulidad». En consecuencia, dicho obstáculo tampoco podría ser sorteado por el tribunal de reenvío, cuya jurisdicción también queda restringida por la cosa juzgada parcial. La existencia de límites, por lo demás, en nada puede sorprender, pues ella hace a la naturaleza misma del debate. Así, el tribunal de juicio nunca tiene una «jurisdicción ilimitada», sino que, por el contrario, el pronunciamiento de condena no puede exceder el marco de la acusación. (Voto, Dr. Petracchi).
7– La realización de un nuevo debate como consecuencia del recurso del imputado se convertiría en el instrumento para producir una grosera violación del non bis in idem: no sólo se lo somete nuevamente a juicio, sino que, además, el Estado aprovecha la ocasión para imponerle más pena. En autos se produjo la reedición total del juicio, esto es, la renovación de la integridad de sus partes (declaración del imputado, producción de la prueba, acusación y defensa) y se retrotrajo el juicio a etapas ya superadas, en violación de los principios de progresividad y preclusión. Estos principios impiden que el imputado sea sometido a un nuevo debate íntegro cuando ya soportó uno válidamente cumplido en todas sus partes. (Voto, Dr. Petracchi).
8– La primera sentencia fue declarada nula por deficiencias esenciales en su fundamentación, es decir, por una nulidad instituida en beneficio del imputado. Por lo tanto no es posible, a fin de poder corregir los defectos de la sentencia anterior y poder llegar, esta vez sí, a una condena válida, someter nuevamente a juicio al imputado, ya que ello significaría concederle al Estado una «nueva oportunidad» que el principio de
9– La Corte ha reconocido jerarquía constitucional a la prohibición de la
10– Diferente es lo que sucede cuando, a partir del solo recurso de la defensa, se abre la instancia revisora. En este supuesto, la actividad del tribunal de alzada tiene por único objeto examinar los agravios de la defensa, por lo que una decisión a favor de la acusación excedería el interés del recurrente y, por ende, la competencia del tribunal. Esta limitación sirve de garantía al principio acusatorio y, por su medio, al derecho de defensa, en cuanto impide extender la condena más allá de lo pretendido por la acusación. Pero, por esto mismo, el nuevo debate entre partes plenamente habilitadas que tuvo lugar a partir del reenvío, no estuvo alcanzado por las limitaciones propias del recurso en cuyo marco se había resuelto su realización. (Disidencia, Dres. Argibay y Pereyra).
11– Los encartados en ningún momento de su periplo procesal vieron menoscabada su efectiva defensa en juicio. Demostración de esa falta de sorpresa es que en el nuevo debate intervino un fiscal de Cámara distinto al primero, quien tras la nueva recepción de la prueba solicitó la condena de los enjuiciados a penas de prisión más gravosas que las oportunamente impuestas en el decisorio anulado, sin que la defensa, en su respuesta, cuestionara los montos de la pretensión punitiva ni expresara admonición alguna con respecto a una posible violación de la prohibición de
12– El precedente “Lanci” no resulta aplicable a este caso por dos razones. Una es que en esta causa la acusación no consintió el primer fallo que fuera luego anulado. Otra, que en «Lanci» no se trató, como en este caso, de la anulación del juicio sino solamente de la sentencia. Por lo tanto, no se configuran en el caso ni el agravamiento por un tribunal de alzada ni el consentimiento del MP, ni tampoco que se haya tratado la anulación sólo del fallo para su reemplazo por otro válido. (Disidencia, Dres. Argibay y Pereyra).
13– En cuanto a la posibilidad de que la aplicación de la
Declarar procedente el recurso extraordinario y dejar sin efecto la sentencia apelada.
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S u p r e m a C o r t e :
La Cámara de Apelaciones de Todos los Fueros, Sala Penal, de la ciudad de Zapala, provincia del Neuquén, condenó a José Horacio Olmos como autor del delito de estafa, cometido en forma reiterada, y le impuso la pena de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para ejercer la profesión de abogado, procurador o letrado en leyes por el término de seis años. También condenó a Guillermo Augusto De Guernica por considerarlo coautor del delito de estafa y le impuso la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional y análoga inhabilitación especial por el lapso de cuatro años (ver fs. 553/566). Esa sentencia fue impugnada por los defensores de los nombrados mediante recurso de casación (fs. 572/587), el cual fue concedido por la citada Cámara (fs. 588). A su turno, el Superior Tribunal de Justicia lo declaró parcialmente admisible (fs. 599/607) y luego del trámite en esa instancia resolvió -por mayoría- su rechazo (ver fs. 615/627). Contra esa decisión, los nombrados dedujeron recurso extraordinario, el cual fue concedido sólo con respecto a la prohibición de la reformatio in pejus (ver fs. 629/667 y 672/75). En cuanto a los restantes agravios, que bajo la doctrina de la arbitrariedad cuestionan la falta de descripción adecuada del hecho motivo de la acusación, la omisión de considerar extremos conducentes planteados por la defensa y la defectuosa calificación legal adoptada, la asistencia letrada ha interpuesto la queja respectiva que corre por cuerda a estas actuaciones (expte. Letra O-131, Libro XXXVII), en la que V.E. también dio vista a este Ministerio Público, y a cuyo respecto habré de expedirme en segundo término (conf. -2- Fallos: 312:1034; 317:1454; 324:2051, 2801 y 3083, entre muchos otros, a contrario sensu). Acerca de la procedencia formal de la apelación federal, considero que ha sido bien concedida por el a quo en tanto se vincula con la garantía que impide la reformatio in pejus, cuya jerarquía constitucional ha sido reconocida por V.E. desde el precedente de Fallos: 234:270, y la sentencia ha sido contraria a la interpretación planteada por la defensa (art. 14, inc. 3º, de la ley 48).
I
El fundamento del agravio por el que viene otorgado el recurso, radica en que en el pronunciamento antes reseñado se condenó a Olmos y De Guernica a penas mayores que las impuestas en el primer fallo dictado en la causa, el cual no había sido impugnado por el Ministerio Público, sino que fue oportunamente anulado por el Superior Tribunal de Justicia como consecuencia del recurso de casación interpuesto la defensa (ver fs. 486/92). En ese juicio anterior José Horacio Olmos fue hallado autor del delito de estafa reiterada y condenado a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial por el término de tres años; mientras que a Guillermo Augusto De Guernica se lo consideró coautor del delito de estafa y se lo condenó a la pena de un año de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial por dos años (ver fs. 401/419). Del simple cotejo de ambos pronunciamientos, surge que en la última sentencia se produjo, efectivamente, un aumento en el quantum de las sanciones aplicadas a los dos acusados: para Olmos la pena de prisión fue ahora de tres años y la de inhabilitación de seis años; y para De Guernica la pena de prisión se incrementó a dos años y seis meses, y la de inhabilitación a cuatro años.
II
En tales condiciones, el sub júdice resulta, en principio, análogo al precedente publicado en Fallos: 300:671 en el cual, de conformidad con lo dictaminado por esta Procuración General de la Nación, el Tribunal declaró que cuando no media recurso acusatorio, cabe atribuir jerarquía constitucional a la prohibición de la reformatio in pejus, dado que la agravación de la pena cuando aquél falta, afecta de manera ilegítima la situación obtenida por el procesado merced al fallo anterior de la alzada -posteriormente anulado- lesionando, de ese modo, la garantía constitucional de la defensa en juicio. Tal criterio fue reiterado en la causa «Lanci» (Fallos: 307:2236) que ha sido invocada por los recurrentes. Sin embargo, es preciso señalar que entre ambas sentencias se registra el caso de Fallos: 303:335 donde el Tribunal, siguiendo también el dictamen de esta Procuración General, sostuvo lo contrario y concluyó que no existe reformatio in pejus cuando la sentencia haya elevado la pena fijada en el anterior pronunciamiento -dejado sin efecto a raíz de una nulidad decretada con motivo de una petición de la defensa- si al anularse el fallo se han revertido los poderes del a quo, cuyos límites se encuentran fijados nuevamente por los recursos interpuestos contra el de la instancia inferior. Ello, afirmó V.E., no se modifica por la circunstancia de que la ulterior actividad jurisdiccional se originara por un impulso procesal desarrollado exclusivamente por la defensa, pues la posibilidad de que el proceso culmine con una condena aún mayor es un riego previsible que debe asumir quien utiliza un poder discrecional. Como se advertirá, la doctrina de este último precedente, omitido por los apelantes, también resultaría aplicable al sub júdice y obstaría la impugnación en análisis. Cabe expresar además, que este criterio ha sido mantenido por el doctor Belluscio al votar en disidencia en el caso «Lanci», recién citado. A fin de ajustar más la identidad de esos precedentes, cabe señalar que en Fallos: 300:671 se trató de un proceso cuya primera sentencia de la Cámara Criminal y Correccional, no impugnada por el Ministerio Público, había sido revocada por V.E. al prosperar el recurso extraordinario de la defensa y luego, en el segundo veredicto, se elevó la pena impuesta en el anterior. Por su parte, en el de Fallos: 303:335 la primera sentencia, no apelada por el fiscal, había sido anulada por la Cámara del Crimen a pedido de la defensa y, al dictar la posterior, el tribunal de alzada -que contaba con recurso acusatorio- no respetó el tope de pena fijado en la anterior. Por último, en Fallos: 307:2236 la primera sentencia de cámara, tampoco recurrida por el fiscal, había sido anulada por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires a pedido de la defensa de los acusados, y en la segunda se aplicaron penas más graves. En los tres supuestos se trató de causas tramitadas bajo régimen procesal escrito.
III
Es en virtud de esta última circunstancia, que considero que el caso no puede ser resuelto con la mera aplicación de alguno de los criterios expuestos en los fallos antes citados, sin tener en cuenta las particularidades que presenta la declaración de nulidad de la primera sentencia, no impugnada por el Ministerio Público, y las características del posterior juicio de reenvío, pues estos aspectos -como se enunció en el apartado anterior- son los que han permitido formular ese distingo en cuanto a la regla general bajo la cual se había interpretado la garantía desde el precedente de Fallos: 234:270, en el que V.E. reconoció su raigambre constitucional con referencia a los recursos interpuestos ante los tribunales de alzada y a los límites que ellos determinan a su jurisdicción. Esta inteligencia, además, también ha sido compartida por la Procuración General tanto al dictaminar en ese expediente como en numerosas oportunidades (Fallos: 234:372; 237:497; 247:447; 248:125; 268:45, entre muchos otros), e incluso cuando el Tribunal resolvió en sentido distinto al entonces propuesto (v. gr. Fallos: 302:718). Lo recién señalado es sin perjuicio de reconocer que, como lo destacan los apelantes en su escrito, la doctrina nacional ha coincidido con el criterio de Fallos: 300:671 y 307:2236. Empero, las características aludidas en el párrafo anterior, la vigencia -bien que minoritaria- del precedente de Fallos: 303:335 y el tiempo transcurrido desde esos pronunciamientos, que ha importado no sólo la incorporación del juicio oral al proceso penal en diversas jurisdicciones (entre ellas, Neuquén mediante ley nº 1677 del año 1995), sino también un cambio sustancial en la integración del Tribunal, me persuaden de la pertinencia de replantear la cuestión sobre la base de las siguientes consideraciones (conf. dictamen de la Procuración General en Fallos: 313:1333, en especial, página 1340).
IV
Al abordar entonces ese cometido, pienso que aún cuando la primera sentencia dictada en el proceso seguido a Olmos y De Guernica no haya sido impugnada por la parte acusadora y el desarrollo procesal posterior haya sido consecuencia de haber prosperado el recurso interpuesto por la defensa, no existen fundamentos para asignar ultraactividad a la individualización de las penas fijadas en la sentencia que fue anulada. Para decirlo en los términos del Procurador General doctor Mario Justo López al expedirse en Fallos: 303:335, recién citado, «no es admisible reconocer a la sentencia aniquilada algún efecto remanente» (punto 2 del dictamen, pág. 338). En efecto, no es posible sostener que se trate de aspectos firmes del primer pronunciamiento, tal como V.E. ha valorado en numerosos precedentes (Fallos: 234:27; 238:279; 318:1072 y sus citas), o que fuera una cuestión excluida de la nueva sentencia a dictarse (conf. punto III del dictamen del doctor Elías P. Guastavino en el precedente de Fallos: 300:671, antes evocado), pues la nulidad decidida a fojas 486/92 comprendió tanto la sentencia impugnada como también el debate que le antecedía y ordenó que, previa sustanciación de otro, se dictara nuevo pronunciamiento. Sólo fueron dejados a salvo de esa sanción los actos ejecutados con anterioridad al debate, cuya validez fue declarada de modo expreso. Es decir que se retrotrajo el trámite del proceso a la etapa inmediatamente anterior a la audiencia oral, y desde allí volvió a sustanciarse hasta el dictado de la nueva sentencia (ver fs. 548/52 y 553/66). Cabe señalar que ninguna norma del Código de Procedimiento Penal y Correccional de Neuquén prevé que esa declaración de nulidad excluya la individualización de la pena sino que, por el contrario, su artículo 429 -específicamente invocado en la sentencia de reenvío- prevé que al comprobarse la inobservancia de las normas procesales, el Tribunal Superior anulará lo actuado y remitirá el proceso al tribunal que corresponda para su sustanciación. Como consecuencia natural del carácter no escrito del juicio dejado sin efecto, en el caso esa actividad tuvo lugar desde el inicio del nuevo debate, al cabo del cual el representante del Ministerio Público debió concretar la pretensión punitiva, lo que cumplió requiriendo montos de pena diversos de los que había pedido en el juicio anterior (ver fs. 554 vta. y 402 vta.). Es oportuno mencionar a esta altura, que en el precedente publicado en Fallos: 323:2806, V.E. sostuvo que al declarar la cámara de apelaciones la nulidad del fallo del juez, revierte a la primera instancia la plenitud de la jurisdicción y es posible que el nuevo juez interviniente absuelva o condene (considerando 2º). Según lo veo, tal criterio permite concluir que si el nuevo tribunal cuenta con plena jurisdicción en la sustanciación del juicio de reenvío, no es posible establecer límites sobre la individualización de la pena con sustento en la garantía que impide la reformatio in pejus, máxime cuando la sentencia anulada carece de efectos (conf. Fallos: 312:597, considerando 3º). Así lo interpretó, por otra parte, la mayoría del Superior Tribunal de Neuquén al rechazar el recurso de casación (ver fs. 615/27). Por lo tanto, rige para el nuevo tribunal el principio general que indica que sólo se encuentra ceñido por la base fáctica imputada en la acusación, pues siempre le es posible apartarse de la calificación legal allí ensayada (Fallos: 302:328 y 482 y sus citas, entre otros) y más aún cuando, como en sub lite, esa etapa previa al debate no fue alcanzada por la declaración de nulidad (ver punto dispositivo III de la sentencia de fs. 486/92). La conclusión anterior se refuerza si se tiene en cuenta la naturaleza oral del juicio seguido a Olmos y De Guernica, y la especial relevancia que en él cobra el principio de inmediación, que permite que las pruebas producidas en la segunda audiencia puedan tener un grado de convicción diferente al anterior aún cuando, por ejemplo, hayan declarado los mismos testigos, lo cual es apto para generar una valoración distinta tanto por las partes como por los jueces y, en consecuencia, incidir en la calificación legal de los hechos o en la mensuración de la pena.
V
No paso por alto que la realización del nuevo debate fue consecuencia del recurso de casación interpuesto por la defensa, pero el alcance de la nulidad declarada y la circunstancia de fundarse en la existencia de un vicio en la enunciación de los hechos contenida en la sentencia impide, en mi opinión, considerar que en el proceso anterior se hayan observado las formas esenciales de procedimiento para garantizar de defensa en juicio que asegura el artículo 18 de la Constitución Nacional, que desde antiguo han sido fijadas por V.E. para la materia criminal como acusación, defensa, prueba y sentencia (Fallos: 125:10; 127:36; 189:34; 308:1557; 320:1891; 321:2826, entre muchos otros). Así las cosas y de conformidad con el criterio que V.E. ha admitido en Fallos: 321:3396 y sus citas, cabe afirmar que el nuevo juicio se dirigió a regularizar el cumplimiento de esas etapas progresivas a fin de poner al juez en condiciones de pronunciar su veredicto de absolución o condena. En otros términos: si la sentencia anterior fue dictada con violación a las formas esenciales del procedimiento y su anulación procedía incluso de oficio (conf. precedentes recién citados, en concordancia con los arts. 369, inciso 2º, y 429 del Código de Procedimiento Penal y Correccional de Neuquén, invocados en la sentencia de fs. 486/92), la circunstancia que esa sanción haya sido solicitada subsidiariamente por la defensa al recurrir en casación (ver fs. 429/60), carece de entidad, frente al carácter de la nulidad declarada, para ser interpretada como afectación de la garantía constitucional en cuestión, pues ella supone un proceso llevado en legal forma. Por lo tanto, no se trata aquí de la aplicación del principio reconocido mediante el aforismo tantum devolutum quantum appellatum, que constituye el fundamento de la garantía que impide la reformatio in pejus y que también es reconocido por el artículo 404 de la ley procesal local, pues a diferencia de los criterios fijados en Fallos: 300:602; 310:396; 312:1156; 313:528; 315:2766; 317:961; 318:1072; 320:2690; 321:356 y 324:4307, entre otros, la Cámara de Apelaciones de Todos los Fueros, Sala Penal, de Zapala, al realizar el nuevo juicio y dictar la sentencia aplicando las penas objetadas, no actuó como tribunal de alzada o tribunal superior con competencia devuelta, sino que -como se ha dicho- lo hizo con plena jurisdicción (conf. Fallos: 323:2806, ya citado). Esa conclusión se robustece al considerar que respecto de la impugnación contra el nuevo pronunciamiento habría de operar el principio en cuestión, pues ahí sí la competencia del tribunal de alzada interviniente en el recurso de casación se vería limitada a los puntos sometidos a su conocimiento (Fallos: 298:432; 305:47; 311:2687, entre otros). De esta forma también queda a resguardo la garantía a la doble instancia que consagra el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (conf. Fallos: 318:514). Por lo demás, si es criterio de V.E. que la condena luego de la anulación de una sentencia absolutoria anterior no viola la garantía que impide el non bis in idem cuando esa nulidad -como en el sub júdice- fue declarada por la existencia de vicios esenciales de procedimiento (Fallos: 312:597, ya citado), no advierto razones para que la sanción penal que se aplicó en una anterior condena anulada con igual fundamento, posea aptitud para limitar la plena jurisdicción del tribunal de reenvío si, como se sostuvo en ese precedente, «la sentencia anulada carece de efectos».
VI
Por otra parte, tal como se ha expresado, la pretendida aplicación al sub júdice de la doctrina que impide la reformatio in pejus supone la ausencia de recurso fiscal contra la sentencia anulada. Este ha sido el fundamento a partir del cual V.E. ha desarrollado esa garantía a favor del imputado desde Fallos: 234:270, ya citado, por considerarse que la falta de recurso acusatorio importa la conformidad del Ministerio Público con lo resuelto. Sin embargo, al realizar ese análisis no es posible desconocer que, en el caso, esa actitud procesal del funcionario requirente pudo obedecer a los requisitos propios de la vía casatoria, más restringida que la apelación, en tanto se limita a la existencia de vicios in judicando e in procedendo, únicos que pueden invocarse, c
