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La Sala G de la CNac. de Apel. Civ., al confirmar la sentencia de 1ª instancia rechazó la demanda mediante la cual la actora había solicitado la restitución de hijo. Contra esa decisión, la vencida dedujo la apelación federal, que resultó denegada, lo que dio origen a la presente queja. Este Tribunal confirió la vista de la que da cuenta la constancia de fs. 14 del recurso de hecho. Así, la señora Defensora General sustituta ante la CSJN, condicionó su informe –con carácter urgente– a la realización de medidas para mejor proveer con el objeto de salvaguardar los legítimos derechos del niño. Aquéllas consisten en: a) la evaluación médica de la reclamante por medio del Cuerpo Médico Forense «a efectos de que se expidan en forma concreta y exhaustiva sobre el estado de salud físico y psíquico y su aptitud y capacidad para asumir el ejercicio del rol materno»; y b) la elaboración de «un amplio informe socio-ambiental en el domicilio de aquella [la actora], por intermedio del Cuerpo de Asistentes Sociales, dependientes de la Municipalidad de Morón, provincia de Bs. As., en el cual deberán indicar si las condiciones habitacionales, socioeconómicas y afectivas aconsejan o contraindican el reintegro de su hijo al hogar materno».
1– El recurso extraordinario, cuya denegación origina la presente queja, es inadmisible (art. 280, CPCN). (Del fallo de la Corte).
2– En autos, la defensora oficial señaló que «ni en las actuaciones principales ni en las conexas se dispuso como medida previa a resolver (tanto al disponerse la entrega en guarda del menor, como al decretar el rechazo de la petición de restitución), la evaluación psicodiagnóstica de la madre biológica –recurrente–». Es claro, pues, que el derecho de defensa de ésta aparece vulnerado en grado extremo. En efecto, el juez de primera instancia declaró la cuestión de puro derecho, de manera tal que aquélla perdió la oportunidad de producir las pruebas que había ofrecido y que coinciden –de modo sustancial– con las que propone la defensora. (Disidencia, Dr. Fayt).
3– La sentencia de Cámara consideró disposiciones del CC (arts. 264, 265 y 307) y Convenciones de Derechos Humanos (CADH, arts. 17 y 19; Convención de los Derechos del Niño, arts. 7 y 9 que desaconsejan separar a los padres de sus hijos contra la voluntad de aquéllos; sin embargo, dogmáticamente concluyó que ese principio debía ceder en los casos en que el «interés superior del menor» consista en modificar su situación fáctica. Tal afirmación es inconsistente, toda vez que esa situación debía ser íntegramente examinada. El
4– En autos, es clara la desigualdad de trato en materia probatoria –desde el punto de vista del debido proceso legal– y ello, en desmedro del principio que el propio
5– Ante situaciones tan delicadas como la planteada, esta Corte ha considerado imprescindible contar con la mayor cantidad de elementos posibles al momento de decidir. En varias de estas causas se han producido pruebas, según la solicitud del Ministerio Público o bien por iniciativa propia del Tribunal. El presente caso merece ser tratado de igual modo que lo fueron precedentes de la Corte. No se está en presencia de una modalidad novedosa para el Tribunal, el que tampoco pudo considerar –si se atiende a los antecedentes mencionados– que temáticas como las planteadas en esta causa carezcan de relevancia. En el caso, está comprometido el andamiaje emocional y vincular de un niño de dos años y medio de edad. (Disidencia, Dr. Fayt)
Desestimar la presente queja.
