ESCUCHAR
2– La norma del art. 5, CPC, debe interpretarse en el sentido de que a los fines de fijar la competencia del tribunal, corresponde atender al derecho que el actor invoque en relación con la índole de la obligación y a los hechos en que funde su demanda.
3– En autos, resulta indudable la competencia material de los tribunales del Trabajo, de conformidad con lo dispuesto por el art. 1 inc. 1, ley 7987, por cuanto el mencionado artículo dispone que aquéllos entenderán: “En los conflictos jurídicos individuales derivados de la relación o contrato de trabajo, cualquiera fuere el fundamento jurídico que se invoque”. La correcta lectura del artículo determina que se declare competente a la Justicia laboral en toda reparación de incapacidad con motivo del trabajo, independientemente de que se persiga una reparación con fundamento en la ley común.
4– Aun cuando se pretenda la naturaleza civil del reclamo por el mero hecho de que se reclamen consecuencias sufridas con posterioridad a la finalización de la relación laboral, lo real y cierto es que en el sub lite, el alegado perjuicio posee una estrecha ligazón al vínculo contractual de naturaleza laboral establecida entre el actor y su empleadora. Por ello, la cuestión únicamente puede ser dilucidada en orden a sus condiciones de ejercicio y admisión por los tribunales laborales.
5– Por más que en la demanda el actor ha instalado la pretensión como si fuera de neta naturaleza civil, invocando normas inherentes a esa rama del derecho, al ahondarse en el examen no puede desconocerse la naturaleza jurídica que subyace al vínculo considerado en su totalidad. En este sentido, el propio actor reconoce en diversas oportunidades que los daños sufridos son consecuencia de la relación laboral.
6– Para definir una cuestión de competencia, el análisis debe centrarse inexcusablemente en el sistema normativo que mediante su aplicación adjudica a un determinado órgano jurisdiccional la facultad de tomar conocimiento sobre un asunto o cuestión controvertida, más allá de la normativa aplicable al fondo de la cuestión. En ese sentido, la jurisprudencia laboral admite su competencia cuando se pretende una reparación integral con fundamento en los arts. 1109 y 1113, CC, no habiéndose peticionado las prestaciones de la ley 24557.
7– La circunstancia de requerirse una indemnización según las normas civiles no le quita a la cuestión su índole laboral. La procedencia del ejercicio de un resarcimiento civil no es óbice para entender que la base del reclamo se encuentra en un vínculo laboral preexistente, que marca la índole y la naturaleza que subyace a la cuestión. Resulta adecuado someter estas acciones a los tribunales de justicia especializados en este tipo de reclamos y para cuya recepción y sustanciación la ley les ha reconocido versación especial, por cuanto ella es ajena a la justicia ordinaria civil, que ostenta una competencia de carácter residual no especializada.
Córdoba, 30 de junio de 2009
Y CONSIDERANDO:
Estos autos venidos para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra del Auto Nº 626 de fecha 19/9/07, dictado por el Sr. juez de 1a. Instancia y 18a. Nominación en lo Civil y Comercial, quien dispuso: “1) Hacer lugar a la excepción de Incompetencia opuesta por el Procurador del Tesoro de la Provincia de Córdoba, con costas a cargo del demandado Héctor Eduardo Nimo…”. I. El actor expresa sus agravios a fs. 230/234. De ellos se deslindan los siguientes planteos: a) Que se agravia por cuanto el a quo interpreta que la acción de daños interpuesta se realiza por la dolencia ocasionada en su ámbito de trabajo, pero que ello no es así. Afirma que lo que se debe vertebrar son las consecuencias que su parte ha sufrido a raíz de la relación laboral; no como una enfermedad ni un accidente laboral, sino como producto del resultado de aquella relación de trabajo. Que por ello ya no podrá manejarse libremente en la sociedad. Manifiesta que el sentenciante no ha considerado su caso como la ciencia médica lo determina, en el aspecto de equilibrio entre la salud corporal y la psíquica, más aun cuando los estímulos externos han proporcionado daños de la magnitud referida. Asimismo, sostiene que el a quo no ha ponderado las experiencias postraumáticas que deben ser resarcidas en el plano civil y no el ámbito del derecho laboral. Se agravia por cuanto el dolor, el miedo, la insatisfacción y el sinnúmero de los padecimientos, tienen su basamento en la petición de daño psicológico solicitado en la demanda. Manifiesta que se ha cercenado su posterior derecho a trabajar; se pregunta si cuando el Colegio de Radiólogos le niega matriculación en su carácter de profesional en la materia, ello no constituye un daño posterior a la relación laboral. ¿Cómo puede seguir manteniéndose la problemática dentro del infortunio laboral? Relata que en el caso de autos, concretamente se dispone que: “del libelo introductorio surge que la actora promueve acción de daños y perjuicios por las dolencias padecidas, las cuales tienen su origen en la relación de trabajo desarrollada por el Sr. Nimo en la Cámara de Diputados de la Provincia, donde ostentaba el cargo de Oficial Superior Legislativo”. Mantiene que el término “surge” no quiere decir que ésa sea la única forma interpretativa de su pretensión. Afirma que los veinte días que pasaron entre la presentación de la demanda y el decreto de admisión fueron tiempo más que suficiente para estudiar la procedencia del reclamo en el fuero, y que si el a quo no ha declinado su competencia es porque consideró viable el reclamo por daños y perjuicios en la esfera del Código Civil. Asegura que no se trata de un mero infortunio laboral, sino que, por el contrario, es el marco de las obligaciones civiles las que deben atenderse en la materia a examen, por cuanto el daño causado es posterior a su desempeño en la órbita del Poder Legislativo…y si bien fue ocasionado por su desempeño en el Gobierno de la Provincia de Córdoba al momento de la relación laboral, se materializó con posterioridad. Sostiene que esos datos posteriores no son menores por cuanto se habla de una jubilación por invalidez que aún no es definitiva, pero que ha cercenado su espíritu, su condición humana y moral y, peor aún, lo ha degradado física y psicológicamente. Por otra parte, sostiene que la existencia de relación laboral entre actor y demandado no implica inexistencia de responsabilidad por el daño causado y que ello debe ser resarcido en el fuero civil. Que aplicar el articulado de la ley 24557, sobre todo el art. 39, afecta derechos constitucionales y que ello ha tenido acogida en la jurisprudencia. Afirma que el legislador siempre ha sostenido un marcado respeto a la norma, tomada como protectora del bien común y del interés general. Por ello, la interpretación restrictiva es no velar los intereses particulares frente al andamiaje estatal. Ver a los administrados en una permanente contienda con el administrador no es precisamente el fin último. Afirma que no ha venido a los estrados solicitando un resarcimiento de índole laboral. Asimismo, que antes de cumplir los 40 años de edad y laborar para el Estado Público provincial, ha sido víctima de numerosos atropellos que hicieron merma en su salud, a punto tal de encontrarse jubilado por incapacidad. Sostiene que dicha resolución administrativa le impide realizar su vida civil con normalidad. No puede trabajar, no puede atender a su familia con normalidad, no está físicamente en condiciones, está afectado psíquica y emocionalmente. Expresa que se encuentra disminuido como persona, como ser humano, como hombre. Manifiesta que fue virtualmente anulado mientras trabajaba en relación de dependencia con el demandado, pero la razón del pleito es la consecuencia, el daño civil posterior, el resultado o corolario de la relación laboral, pero no ésta en sí misma. Alega que respecto al daño sufrido, la órbita del derecho aplicable es la del fuero civil. Que su incapacidad se debe al accionar dañoso del Estado, de sus funcionarios –a la vez superiores del suscripto–, quienes se desentendieron siempre de sus dolencias y pesares, los que ya llevan varios años. Considera que lo han condenado a una magra jubilación y que jamás podrá ejercer su profesión ya que no se le permite matricularse atento la enfermedad desarrollada. Efectúa una reseña histórica de la evolución de la reparación de los daños en materia laboral desde la ley 9688 hasta el régimen de la ley 24557. Continúa afirmando que la tesitura del a quo implica la negación de los principios enunciados, por cuanto erróneamente ha atribuido a las normas civiles que reglamentan en general la reparación de daños y en especial las referentes a los daños causados por culpa del carácter de garantía constitucional, otorgándoles impertérrita invariabilidad. Afirma que es cierto que la Corte sostuvo que tales normas consagran el principio general establecido en el art. 19, CN, que prohíbe a los hombres perjudicar los derechos de un tercero. Pero que, tal como se decidió en ese caso, de ello no se sigue que necesariamente tal reglamentación, en cuanto a las personas y responsabilidades consecuentes, tenga carácter exclusivo y excluyente, por cuanto expresa un principio general que regula cualquier disciplina jurídica, máxime cuando el Código Civil constituye, precisamente, una de las reglamentaciones posibles del citado principio. Manifiesta que la Constitución Nacional exige el respeto de los derechos adquiridos a fin de no afectar las bases del ordenamiento jurídico. Pero que no es lícito invocar tales principios para paralizar el ejercicio de la potestad normativa del Estado, particularmente cuando ello recae sobre cuestiones como las debatidas en autos. Asimismo, que tampoco es lícita dicha invocación cuando se la efectúa para consagrar la inalterabilidad absoluta de las consecuencias jurídicas de un acto futuro. Afirma que es necesario que el régimen que se trate no arrase con los derechos definitivamente incorporados al patrimonio, situación que sólo puede considerarse que existe cuando bajo la vigencia de una ley se han cumplido todos los actos y condiciones sustanciales y los requisitos formales previstos en la norma para que un particular sea titular del derecho. Sostiene que indudablemente se encuentra frente a la naturaleza opcional que tiene como demandante de elegir el fuero en el que pretende resarcir su derecho, establecido por el art. 17 de la derogada (sic) ley 24028.
Los agravios son contestados a fs. 236/238 por la demandada en los términos que tenemos aquí por reproducidos. El Sr. fiscal de Cámaras emite su dictamen a fs 240/246, al cual nos remitimos en honor a la brevedad.
II. Así planteada la cuestión, el
Por ello,
SE RESUELVE: I. Rechazar el recurso de apelación interpuesto y en su mérito confirmar la resolución recurrida. II. Imponer las costas al apelante vencido (art. 130, CPC).
