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De entre todos los puntos que se presentan en la sentencia comentada, elegimos el tratamiento de la defensa de la citada en garantía que achaca al actor la teoría de los actos propios.
El argumento de la defensa, en muy pocas palabras, es el siguiente: desde el dictamen de la Comisión Médica se excedió el plazo previsto para apelar, sin que ello aconteciera, por lo que el actor no tiene derecho para concurrir a sede judicial presentando un reclamo. Además, su inactividad debe ser encuadrada en la teoría de los actos propios.
Antes de ver cómo analiza la Cámara tal aserto defensivo, presentemos analíticamente la llamada teoría de los actos propios y un concepto de omisión.
Se apela a la “teoría de los actos propios” toda vez que un sujeto (A), en dos tiempos distintos (t1; t2), realiza acciones referentes a un mismo objeto y que se consideran contradictorias.
La contradicción requerida es referencial. Es decir, se presenta para otro sujeto (B), quien al observar el acto realizado por A en t1, asume que A mantendrá una actitud “coherente”, que se ve defraudada por la realizada por A en t2. De este modo, esta teoría se encuentra vinculada con el principio de buena fe.
El sujeto A se abstiene u omite hacer una determinada cosa si, y sólo si, pudiendo hacer esta cosa, de hecho no la hace
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En segundo lugar, el Tribunal señala los hechos que valorará: “…a) Declinatoria de la CM que lo envía a su Obra Social. b) Primera operación de colocación de un catéter. c) Segundo episodio donde el actor y demandada informan a la ART de un accidente a raíz del dolor en la columna. d) Sometimiento a intervención quirúrgica. e) Conflicto con la Obra Social por atención médica. f) Disectomía lumbar (20/10/03). g) Reclamo a su empleadora y aseguradora y respuestas negativas. h) Amparo ante la Justicia Federal. i) Colocación de una bomba de infusión continua de morfina. j) Se certifica oficialmente la condición de discapacitado del actor…”.
Luego de ello, concluye este primer tramo: “…Este recorrido no se parece en nada a la pasividad y consentimiento que permite echar a andar y sostener la institución de la prescripción liberatoria por paso del tiempo y la inactividad del titular de un derecho…”.
El realismo norteamericano en esto fue afortunado: el juez no actúa sólo motivado por el derecho. Y, precisamos, está bien que así sea, siempre y cuando logre dar sustento jurídico a su criterio. Para quienes no ven bien que el juez tenga sus propias valoraciones y que ellas pesen al momento de decidir una causa, aclaramos, esto no acontece a diario: son algunos pocos casos especiales los que lo enfrentan a su propio mundo axiológico.
En el caso, la defensa intentó que se utilizara como valladar a la pretensión del actor la teoría de los actos propios, para lo que tuvo necesidad de volver relevante la omisión de acto de queja del actor.
La Cámara neutralizó esta argumentación del siguiente modo. No hubo omisión por parte del sujeto A, actor, puesto que llevó su reclamo según se le presentaban los acontecimientos tratando de salvar lo emergente, lo más apremiante de cada momento.
De manera subsidiaria, si existió omisión está justificada por fuerza mayor. En otras palabras, si el sujeto A omitió una conducta, lo fue por la razón de no tener la posibilidad fáctica de realizarlo.
Por último, mostró el reverso de la moneda de los actos propios. Si el instituto pretende amparar la buena fe, no puede un sujeto B, invocando la teoría de los actos propios, intentar resistir una acción judicial de A, cuando B sabe que el acto precedente no es indicativo de la voluntad de A de abandonar la acción.
Lo que hemos intentado presentar es un fragmento de la sentencia, sólo aquella parte que nos resultó más relevante y novedosa. No obstante, toda ella merece un análisis meticuloso ■
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