Reflexiones en torno al per saltum

I. Aproximación al tema
Al abordar el per saltum, hemos querido presentar la panorámica de las diversas facetas que el tema ofrece hasta estos días en los proyectos legislativos, en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en la doctrina, sin dejar de insertar en cada tópico nuestras propias reflexiones personales.
De entrada cabe señalar que la preocupación predominante que inspira las diversas reformas sancionadas o a estudio respecto del funcionamiento del Alto Tribunal, tienden todas a racionalizar las amplias funciones que actualmente ejerce, para permitirle cumplir cabalmente con aquellas que se estiman esenciales por su raigambre constitucional como Tribunal de Garantías Constitucionales, desbrozando un cúmulo de tareas que no necesariamente deben ser cumplidas por ella, y que la empantanan y la atascan coadyuvando lamentablemente también la Corte a uno de los males endémicos de nuestro sistema jurisdiccional, cual es la “morosidad judicial” producida en gran medida por la enorme cantidad de causas a resolver

. De allí que la reciente creación legislativa del “writ of certiorari”

, y las propuestas en debate y estudio como la Corte de Casación, el per saltum, la desconcentración y descentralización de sus funciones administrativas, etc.
Pero aquí es preciso distinguir que mientras la Corte de Casación o el “certiorari” tratan de reducir la tarea jurisdiccional de la CS para lograr su celeridad judicial por “sustracción” de causas a su decisión, el per saltum, por su lado, es un instituto que procura una inusitada celeridad, “adicionando” anticipadamente la competencia del Alto Tribunal en determinados y excepcionales procesos.

II. Noción genérica del per saltum
Avanzando en nuestra exposición y a manera de noción genérica, podemos decir que en el derecho procesal, el per saltum significa que en excepcionales situaciones, el conocimiento y decisión de una causa por un tribunal de alzada –en nuestro caso la CS – se realiza pasando por alto, “saltando” las instancias y procedimientos ordinarios que las leyes rituales prescriben para dichos casos con motivo de actividad recursiva de las partes.

III. Formas posibles de actuación
Dos son las formas posibles en que se puede instrumentar procesalmente este instituto:
a) El per saltum a pedido de parte, por vía recursiva o apelación: En estos casos, la CS necesita para habilitar su competencia de un requerimiento de parte legitimada.
b) El per saltum de oficio, “motu proprio” o por avocamiento: es decir que en estos casos, la CS habilita su competencia por su sola voluntad y discrecionalidad, en una especie de “voluntarismo competencial”, aun no existiendo resolución de un organismo jurisdiccional inferior.

IV. El per saltum por apelación y la CN
Quizás esta distinción es la que replantea con mayor vigor la congruencia o incongruencia constitucional del per saltum. Consideremos en primer término el “p.s.” por apelación que supone una resolución inferior y en el que podemos distinguir dos situaciones diferenciadas:
a) Cuando el recurso de apelación se produce en una causa radicada ante los tribunales federales y en virtud de la competencia que fija el art. 100, CN, no creemos que exista ningún reproche constitucional para su implantación legislativa, pues bien sabemos por el art. 101, CN, que es al Congreso de la Nación en la discrecionalidad de su función legislativa, a quien le corresponde fijar las “reglas y excepciones” para el acceso de una causa a la CS por medio del recurso de apelación. Así las cosas, bien puede establecer un modo excepcional de apelación per saltum, pues al hablar de “apelación”, la norma constitucional la prescribe como único requisito para la viabilidad de la reglamentación del Congreso. En otras palabras: las causas habilitantes para la competencia de los tribunales federales, las fija taxativamente el art. 100, CN, por voluntad del Poder Legislativo constituyente; pero el procedimiento se ha delegado para que lo establezca el Poder Legislativo constituido (art. 101, CN)

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b) En cambio, no nos parece constitucional que la citada reglamentación legislativa del recurso per saltum pueda aplicarse a las causas radicadas ante los tribunales de provincia, ya que es evidente que en virtud del sistema federal de Estado, las provincias no han delegado en el Gobierno federal la organización y funcionamiento de sus poderes constituidos, como es el caso del P.J. (art. 5 y 105, CN), y es en virtud de ese poder conservado que ellas ejercen la atribución excluyente de dictar sus propias leyes orgánicas y procedimentales en las materias judiciales de su competencia, tendiendo de ese modo a asegurar la administración de justicia como mandato constitucional del art. 5, CN, y presupuesto ineluctable para la vigencia de la garantía federal (consec. arts. 104, 105, y 67 inc. 11, CN).
Por ello la ley 48 y la última jurisprudencia de la CS, tanto in re “Strada” como en “Di Mascio”, ha vuelto más exigente su interpretación en el sentido de la necesidad de que las causas transiten y agoten los cauces procesales provinciales, como condición sine qua non para recién entonces, abrir la instancia del Alto Tribunal. Una solución contraria importaría en nuestro entender, lisa y llanamente, un avasallamiento a las autonomías provinciales y constituiría, en cierta medida, una verdadera “intervención federal” al ejercicio del poder judicial provincial.
¿Por qué afirmamos esto? Porque es evidente que un poder del gobierno federal –en este caso la CS– penetraría de esta forma en el juego de las instancias y procedimientos judiciales establecidos por las provincias en ejercicio de su exclusiva incumbencia de dictar los códigos procesales, por ser una atribución no delegada al gobierno federal, y en tal caso, el Poder Judicial de la Nación absorbería, se “fagocitaría” una causa en plena tramitación judicial según el Código Procesal y ante los tribunales competentes de la provincia

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V. El per saltum por avocamiento y la CN
Desde otro ángulo y refiriéndonos ahora al per saltum por avocamiento, creemos preciso realizar unas breves consideraciones. Bien sabemos que la jurisdicción, al ser un atributo de la soberanía, antiguamente se personificaba en el monarca, titular del poder soberano y quien delegaba esa jurisdicción en órganos tribunales, los que en consecuencia, no la ejercían originariamente sino por delegación. De allí, aquello de “efecto devolutivo” en la concesión de los recursos que aún usamos, porque se “devolvía” al monarca esa jurisdicción y, figuradamente, se la “devuelve” actualmente al tribunal de alzada.
De este modo, dentro de la concepción política del poder judicial en esos tiempos, era lógico que el soberano, aun prescindiendo de los recursos, pudiese ejercer sus derechos a avocarse a alguna causa pendiente de resolución definitiva o de las que estaban por iniciarse en algún tribunal inferior

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Pero esto no funciona así en el contexto de la filosofía política que inspira el Estado de Derecho, ya que aquí, por el contrario, la jurisdicción del juez le viene de la Constitución y de la ley, y no por delegación de un órgano superior, como sería en nuestro caso la CS. En consecuencia, no parece viable el instituto del avocamiento en materia jurisdiccional, mientras que, por el contrario, sí funciona y se legitima en las atribuciones propias de la materia de superintendencia, atento que la CS delega facultades en este ámbito en las Cámaras Federales y en los Juzgados de Sección, y entonces sí procede más lógica y naturalmente el avocamiento que reglamenta el art. 23 bis del Reglamento para la Justicia Nacional.
Hechas estas breves reflexiones, es de destacar que en el per saltum por avocamiento, existe seria resistencia a su constitucionalidad –de la cual participamos– atento que según lo hemos recordado, el art. 101 de la CN sólo admite que la competencia de la CS actúe de dos modos: “por apelación” u “originaria y exclusivamente”. Esta última –que es la que aquí nos interesa– no puede ser ampliada por vía legal o reglamentaria, dado que constituye una competencia que pertenece al orden público constitucional, lo cual impide en nuestro entender, que pueda contradecirse su propia naturaleza pretendiendo que la CS conozca por avocamiento invocando la “originariedad” de su competencia

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En el análisis de la cuestión planteada, en la doctrina se advierten básicamente dos tesituras:
1) Una que admite la posibilidad del per saltum por avocamiento y que Bidart Campos funda en una imaginativa interpretación del art. 101, CN, que no compartimos, y que señala que cuando dicha norma habla de “apelación”, quiere decir que allí conoce en una instancia que “no es originaria”, de forma tal que la jurisdicción “no originaria” deja sitio para que la ley la regule tanto mediante recurso (que es lo normal), como por “avocación” (que es lo excepcional), interpretación esta última que a su juicio no ofrece reproche constitucional siempre que –y esto es fundamental– exista una resolución de fondo sobre el asunto en instancia inferior y en caso de real apremio o interés institucional, pues de otra forma, por vía de ley se estaría ampliando la competencia originaria de la CS; en cambio, existiendo pronunciamiento inferior, se estaría ampliando competencia “no originaria”

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2) La tesitura negativa, que compartimos, formulada entre otros por Sagüés y que como la anterior no admite la posibilidad de que el per saltum por avocamiento constituya competencia originaria, pero también niega la posibilidad de que lo sea “por apelación”, no sólo porque el avocamiento no requiere resolución alguna –se ejercita haya o no decisiones a apelar–, sino además porque toda apelación está constreñida a pronunciarse sólo dentro de los términos del pertinente recurso. La avocación importa ingresar al conocimiento pleno del proceso, existan o no existan actuaciones impugnadas

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En este tema del “avocamiento”, nosotros entendemos que la solución más potable constitucionalmente es la que se encauza por la vía recursiva y sólo en el ámbito de la jurisdicción federal. Existiendo recurso y dados los presupuestos que lo hacen procedente, nos parece que el “avocamiento” puede tornarse abstracto, ya que es indudable que las partes afectadas harán uso del recurso per saltum ante la CS, para obtener su pronta resolución.

VI. Antecedentes en materia legislativa
Entre los antecedentes que encontramos en materia legislativa, podemos mencionar entre los más destacados, los siguientes:
1. Dictamen de la Comisión de Reformas al Recurso Extraordinario
En virtud de la Resolución del ministro de Educación y Justicia de la Nación Dr. Alconada Aramburú, del 9 de abril de 1984, se constituyó la Comisión integrada por los Dres. Luis Boffi Boggero (lamentablemente fallecido durante la labor), Germán Bidart Campos, Juan Francisco Linares, Ricardo Colombres, Augusto Mario Morello, Guillermo Roberto Moncayo y Héctor Masnatta.
La Comisión –con la negativa de los Dres. Colombres y Moncayo– en su dictamen del 10 de octubre de 1984, receptó el per saltum en el proyectado art. 14 inc. 6º de la Ley 48 de la siguiente forma: “Sin embargo, cuando excepcionalmente en un caso pendiente la resolución recaída revista un interés general o público y gravedad institucional, la Corte Suprema, de oficio, podrá prescindir de requisitos de procedencia formal del recurso, a los efectos de un inmediato pronunciamiento, si la solución no admite demora alguna”

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2. Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo del 23 de octubre de 1987
Por los fundamentos que expresa en su mensaje al Congreso, el P.E. propone en el art. 3º la siguiente formación para el per saltum:
“Art. 3º. – En el marco de su competencia material, cuando el caso revistiese gravedad institucional, la Corte Suprema podrá conocer en la causa con prescindencia del cumplimiento de los requisitos legales propios de los recursos. En tal supuesto, su decisión de entender en los autos deberá ser fundada, con explícita mención de las circunstancias que configurasen la situación de gravedad institucional y evidenciaren que su solución no admite demora alguna”

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3. Dictamen de las Comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales de la H. C. de Diputados de la Nación
Con alguna modificación al texto enviado por el P.E., las citadas Comisiones dictaminaron el 10 de noviembre de 1987 –con disidencias y observaciones de algunos diputados– el siguiente texto:
“Art. 3º. – En el marco de su competencia material y cuando a su juicio el caso revistiese gravedad institucional la Corte Suprema podrá conocer en la causa con prescindencia del cumplimiento de los requisitos legales propios de los recursos. En tal supuesto, su decisión de entender en los autos deberá ser fundada, con explícita mención de las circunstancias que configurasen la situación de gravedad institucional y evidenciaran que su solución no admite demora alguna”

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VII. Doctrina y criterios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
Quizás el antecedente más valioso que pueda citarse en la jurisprudencia de nuestro más Alto Tribunal en los últimos años, sea el pronunciamiento que recayó en la causa “Investigación de los hechos ocurridos el 13/12/1976 en la localidad de Margarita Belén (Chaco)” el 1º de setiembre de 1988. Frente a una cuestión de competencia por el conflicto negativo que se había trabado entre las Cámaras Federales de Resistencia y en lo Criminal y Correccional Federal de la Cap. Federal, la mayoría de los votos de los Dres. Caballero, Fayt y Bacqué, se refirió con diversos fundamentos a la imposibilidad del Tribunal de entrar a resolver el fondo del asunto, pues atendiendo a lo dispuesto por los arts. 100 y 101, CN, no lo habilitaba ni por vía de apelación ni en su competencia originaria y exclusiva el conflicto planteado, ni aun bajo la invocación de la gravedad institucional; de esta forma, implícitamente se negó andamiento al per saltum. Por el contrario, el Dr. Petracchi, en su disidencia, opinaba que la CS debía entrar al fondo de la causa invocando la gravedad institucional y precedentes jurisprudenciales, que hacían procedente su intervención superando los ápices procesales frustratorios del control de constitucionalidad

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El 13 de junio de 1990 la CS dispuso la suspensión de los efectos de la sentencia apelada en la causa “Dromi José R. (ministro de Obras y Servicios Públicos de la Nación) – Avocación en autos “Fontela Moisés E. c/Estado Nacional s/amparo”, con motivo de la apelación directa que interpuso el Ministro en contra de la decisión del juez nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 2 que hizo lugar a la demanda ordenando al Estado Nacional a que “encuadre la sociedad a crearse, dentro de lo estipulado en el art. 6º de la ley 23.696”

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Esta suspensión precautoria lo fue a fin de posibilitar al Tribunal un estudio más detenido del litigio y fue así que el 6 de setiembre del mismo año, se dictó el pronunciamiento en el que la mayoría integrada por los Dres. Levene, Cavagna Martínez, Barra y Petracchi, luego de amplios fundamentos, acepta pretorianamente la viabilidad de la apelación per saltum en causas de la competencia federal, en la que con manifiesta evidencia se demuestre por el recurrente que entrañan cuestiones de alta gravedad institucional y en las que con igual grado de intensidad se acredite que el recurso extraordinario constituye el único medio eficaz para la protección del derecho federal comprometido, lo cual autoriza a prescindir del recaudo del tribunal superior, a los efectos de que la Corte habilite la instancia promovida mediante aquel recurso para revisar lo decidido en la sentencia apelada. Con propios y distintos fundamentos, los Dres. Nazareno y Moliné O’Connor llegaron a igual decisión que la mayoría, pero enfocando la cuestión no como un per saltum vehiculizado en el recurso extraordinario, sino como un virtual conflicto fundado en el desconocimiento de la competencia judicial, por carecer el juez de atribuciones para entender en el amparo invocado y haber alterado el equilibrio de funciones de la forma republicana.
Por su parte, el Dr. Fayt, en enjundiosa disidencia, se opuso al andamiento del per saltum ante la ausencia de ley del Congreso que autorice el saltear pasos procesales establecidos también por ley, con base en las normas adoptadas por el constituyente para la pacífica y ordenada convivencia de la sociedad argentina

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Al poco tiempo, el 17 de noviembre de 1990, la CS se pronunció en la presentación efectuada por ante ella por el ministro de Economía de la Nación, Antonio Erman González juntamente con el presidente y vice del Banco Central de la República Argentina, impugnando la actividad jurisdiccional del juez federal Nº 2 de la ciudad de Santa Fe en los autos “Banco del Interior y Buenos Aires (BIBA SA)”, peticionando se dejen sin efecto las medidas cautelares dictadas por el juez ordenando diversas medidas y abstenciones que debía cumplimentar el Banco Central, por entender que se había configurado un conflicto de poderes, por invasión del ámbito de competencia que la Constitución y las leyes que se mencionan, otorgan al Banco Central.
La petición fue rechazada por la CS, aunque si bien con fundamentos distintos por sus ministros. Los Dres. Levene, Cavagna Martínez y Petracchi sostuvieron que la petición importaba una apelación per saltum, pero que en el caso no se habían acreditado las excepcionales exigencias que se establecieron in re “Dromi”, ni que el recurso extraordinario fuese el único remedio procesal para la resolución de la cuestión federal planteada.
Los Dres. Fayt, Nazareno y Moliné O’Connor enfocaron la cuestión como un conflicto de competencia entre un órgano del Estado y un tribunal, y en virtud de la atribución que el art. 24 inc. 7º del Decreto-Ley 1285/58 otorga a la CS, decidieron que era tribunal competente la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal. El Dr. Belluscio rechaza la petición por no encuadrarse en los casos de competencia de la CS (arts. 100 y 101, CN y leyes reglamentarias) y existía apelación pendiente de decisión, mientras que el Dr. Cotter –conjuez– lo hizo en virtud de que el conflicto estaba radicado para su dilucidación en la Cám. Federal de Rosario, lo que tornaba inviable la atribución del art. 24 inc. 7º del Dto-Ley 1285/58. Finalmente cabe señalar que el Dr. Quintana Terán –conjuez– adhirió a los doctores Fayt, Nazareno y Moliné O’Connor, con la expresa aclaración de que no admite la apelación per saltum, al menos, mientras no esté legislativamente regulado

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Como comentario final es dable poner de resalto que en este nuevo pronunciamiento, el Alto Tribunal demuestra con alguna variante las tendencias que habían surgido en el caso “Dromi”. Por una parte, la posición favorable a la apelación per saltum pero que puntualiza, felizmente, la extrema excepcionalidad de su procedencia. Por otra, la posición que encauza los casos planteados sólo por vía del conflicto de competencia (art. 24 inc. 7º del D.L. 1285), con implícita negación del per saltum y, finalmente, la que categóricamente no lo admite sin previa regulación legislativa.
En conclusión, de esta reseña jurisprudencial surge que sólo en el caso “Dromi” ha existido una acogida favorable del per saltum por apelación por cuatro ministros, pues la mayoría se logró, como hemos visto, con otros dos ministros pero por distintas motivaciones.

VIII. Presupuestos para la viabilidad
institucional del per saltum

En nuestra opinión y a esta altura de la exposición, la procedencia del per saltum en el sistema judicial que la Constitución y las leyes han pergeñado, exige como presupuestos insoslayables los siguientes:
1 – Formulación legal: No obstante la aceptación pretoriana del per saltum por mayoría en la CS (“Dromi”, fallo del 6/IX/90), afirmamos nuestra antigua tesitura en el sentido de que, atendiendo a los explícitos términos del art. 101, CN, es el Congreso de la Nación a quien le corresponde prescribir las reglas y excepciones para que el Alto Tribunal conozca en una causa por vía de apelación, o sea, cuando por no ser de su competencia originaria y exclusiva, dicha causa fue radicada en un tribunal inferior según las instancias fijadas por la ley adjetiva y que constituyen derechos de las partes que no les pueden serles sustraídos por vía jurisprudencial, pues afectarían principios básicos constitucionales como el debido proceso legal y el juez natural, amén de que en ciertos supuestos allanarían las autonomías federales

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2 – Materia federal: La cuestión debatida deberá pertenecer a la competencia federal, ratione materiae, en virtud de que, atenta la naturaleza federal litigiosa, dicha competencia es de orden público constitucional, y por lo tanto, privativa y excluyente de los tribunales federales

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3 – Necesidad de pronunciamiento de un tribunal inferior: Este requerimiento surge de la tesis de que por el art. 101, CN, sólo puede establecerse el per saltum por apelación. Cualquiera sea su naturaleza, basta que exista una resolución, para que la apelación pueda ser reglamentada por el Congreso

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4 – Recurso de parte interesada: Esta es una consecuencia lógica de la naturaleza recursiva que admitimos para el per saltum, en el marco actual de nuestro ordenamiento constitucional, y le negamos andamiento al per saltum por avocación o de oficio

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5 – Excepcional gravedad institucional: Estimo que la gravedad o interés institucional que exige el per saltum es de mayor entidad que la que normalmente se entiende para el recurso extraordinario cotidiano. Las circunstancias que rodeen la causa y el pronunciamiento deben constituir situaciones límite de contundente y objetiva trascendencia institucional o interés público, que afecte en forma extraordinaria la organización fundamental del Estado, la Nación o la Sociedad (Barrancos y Vedia). Esa gravedad debe ser expresamente fundada por la CS, con una mayoría especial que otorgue justificada convicción a la apertura del excepcional per saltum

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6 – Urgencia de la resolución: Porque la trascendencia y capital importancia de la situación creada no admite dilación alguna en el pronunciamiento del Alto Tribunal. Es preciso la celeridad judicial al servicio de valores fundamentales de la sociedad argentina en situaciones seriamente conflictivas

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7 – Gravamen irreparable: Es necesario que el gravamen que pueda producirse por la negativa o tardía resolución sea irreparable o de insuficiente reparación ulterior en la afectación del sistema cultural, económico o social de la Nación, a los derechos y garantías constitucionales o al juego armónico de los poderes del Estado

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8 – Interpretación restrictísima: Dada la excepcionalidad del remedio, para excepcionales circunstancias, no cabe duda de este requisito. No puede ser el per saltum el instrumento de presurosas pretensiones de los litigantes ni el fácil expediente para acceder a la decisión de la CS. El alto objetivo del instituto no puede bastardearse por la ordinarización de la excepcionalidad

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IX. Conclusión
Creemos que la realidad nos muestra a veces situaciones de conflictos agudos y justiciables que afectan gravemente al orden social y político, nacional o internacional, cuyo tratamiento y decisión no pueden esperar el tránsito de los prolongados procedimientos o tardías resoluciones.
Creemos que ello torna indispensable encontrar un cauce adecuado a dichos conflictos, en el marco de nuestro ordenamiento constitucional y legal. El Congreso de la Nación tiene la palabra en un tema que ya ha alcanzado suficiente madurez a través de largos debates, e innumerables páginas escritas y sesudos dictámenes y proyectos. “Argentinos, a las cosas” nos gritaba Ortega y Gasset.
Creemos sinceramente que éstas pueden ser pautas útiles para una reglamentación legal del per saltum por recurso de apelación, que lo encauce institucionalmente y lo constituya en un instituto suficiente, otorgando una prerrogativa a nuestro más Alto Tribunal para que, como cabeza de poder, se constituya en las circunstancias excepcionales como árbitro y garante del libre y armónico juego de los derechos, garantías y funciones estatales, en el plexo de nuestra Constitución Nacional ■

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