Las remuneraciones que recibe por su trabajo el quebrado no comerciante no están sujetas al desapoderamiento

1. Un prejuicio que se arrastra hace bastante tiempo Buena parte de la doctrina y de la jurisprudencia considera que los ingresos del deudor no–comerciante motivados por su trabajo, desde que se dicta la sentencia de quiebra y hasta la rehabilitación, salvo una porción que puede destinar a su propia alimentación y a la de su familia, deben ser absorbidos por la quiebra. Los fallos que sobre esta materia aparecen con alguna frecuencia en los repertorios jurisprudenciales repiten ciertas fórmulas (1) que fatalmente caen en los mismos errores interpretativos. 2. El derecho a la remuneración sólo puede ser restringido por una disposición legal expresa, no por vía interpretativa El derecho a trabajar (2) , dice nuestra Constitución Nacional en el art. 14 bis, es protegido “en sus diversas formas”. Por lo tanto el amparo legal se extiende al trabajo autónomo (3) . Como veremos más adelante, igual resguardo recibe de los tratados internacionales ratificados por nuestro país. Pero tal derecho sería ilusorio si el trabajador se viera privado del pago de sus servicios (4) . Por eso el art. 10 inc. 1º del Convenio Nº 95 de 1949, OIT, relativo a la protección del salario (5) , establece que éste no podrá embargarse o cederse sino en la forma y dentro de los límites fijados por la legislación nacional. Hasta el trabajo carcelario (que es considerado un deber y un derecho de los condenados) debe ser remunerado (art. 107, ley 24660) (6) . De allí que los regímenes legales del derecho comparado que permiten el embargo de los ingresos del fallido (persona física) por parte de la quiebra lo establecen expresamente. Así ocurre, por ejemplo, con el procedimiento de insolvencias privadas alemana (7) , y con el art. 76º inc. “a” de la ley de concursos paraguaya 154/69 (8) . En consecuencia, no existiendo en nuestro ordenamiento legal una norma específica que permita embargar la paga que reciba el fallido por su labor, de ninguna manera puede llegarse a tal confiscación por vía interpretativa (9) . 3. Razones históricas que explican por qué las cosas son como son La ley 11719 regulaba exclusivamente la quiebra del comerciante y, secundariamente, la de la sociedad mercantil (10) . Siguiendo la orientación del derecho continental europeo decimonónico, la Ley Castillo consideraba al fallido peligroso para el comercio, incluso antes de ser juzgada su conducta. De allí que provisionalmente lo interdictaba para llevar a cabo cualquier tipo de actividad mercantil (11) . Tanto que, como ocurría con la legislación concursal anterior, le reconocía al quebrado una pensión alimentaria a cargo del activo falencial (12) . Esa situación cambió radicalmente con la ley 19551. Ello, por dos razones: a) porque en lugar de las “operaciones por cuenta ajena y bajo la responsabilidad de un principal” de la ley 11719, en el art. 108 habilitó al fallido a desempeñar “tareas artesanales, profesionales o en relación de dependencia”, lo que venía a abrir la opción de trabajar por cuenta propia en un universo de actividades, salvo, naturalmente, para las que estaba inhabilitado, sea por la ley de quiebras (art. 244) o por leyes especiales (13) ; y b) porque, a diferencia de lo que ocurría con la Ley Castillo, el régimen de 1972 (aunque mantuvo la Calificación de Conducta) no hacía ningún distingo entre los quebrados a quienes se les calificaba la conducta como “casual”, “culpable” o “fraudulenta”, lo que demuestra que el derecho de trabajar y percibir la correlativa remuneración no tenía ninguna relación con la inhabilitación falencial. Por lo tanto, el quebrado, aunque se calificara su conducta como “culpable” o “fraudulenta”, tenía el derecho de trabajar ejerciendo una profesión u oficio, a menos que –insistimos– tal actividad sea alguna de las expresamente prohibidas por la propia ley de quiebras (v.gr. ejercer el comercio) o por una ley especial. Todo parece indicar que el legislador compensó la derogación del derecho del fallido a recibir la pensión alimentaria de su propia quiebra con la consagración de ese ensanchamiento de las alternativas laborales y con el implícito derecho a percibir el ciento por ciento de la remuneración. 4. La ley bien entendida y el estigma del derecho “imposible” La tesis de la expropiación de las remuneraciones del fallido también es fruto de ciertos errores en la exégesis de los arts. 104, 107 y 108, LCQ. Esos yerros provienen de dar a esos dispositivos legales una forzada interpretación literal. Para entender cabalmente el sentido de lo que dice la ley en esos artículos, hay que comenzar por revisar las versiones anteriores del mismo instituto. Hasta comienzos de la década del 80, el ordenamiento concursal argentino estaba previsto sólo para los comerciantes, fueran personas físicas o jurídicas. Tanto las dos primeras ediciones del Código de Comercio como la Ley de Quiebras de 1904 tenían rémoras de los métodos de depuración del mercado originadas en el medioevo, las que incluían el inmediato encarcelamiento del fallido, incluso antes de ser juzgado. En ese sentido, la Ley Castillo, en alguna medida procuró humanizar aquel sistema permitiendo que el quebrado se desempeñase en “labores auxiliares del comercio”, pues se suponía que esa era la única forma en que los comerciantes sabían ganarse la vida. Como acabamos de ver, la ley 19551 vino a dar otro paso adelante. Pero el régimen concursal argentino fue objeto de una honda transformación por medio de la ley 22917 (14) , reforma que, en esta materia, no fue suficientemente valorada. La referida normativa decidió que la Ley de Concursos fuera aplicada –también– a los deudores no–comerciantes, quienes, hasta ese entonces, eran sometidos al arcaico “concurso civil”. Ello, para algunas cuestiones, representó un avance para tales deudores no–comerciantes; pero, al mismo tiempo, al aplicarles ‘in totum’ las normas sobre inhabilitación de los comerciantes, vino a implantar una serie de desajustes que padecen hasta estos días. En efecto, que los fallidos no–comerciantes puedan trabajar en relación de dependencia o de manera autónoma, en la medida que nada de ello importe actividad comercial (como predicaba el art. 108, LCQ), les resultaba beneficioso, pues, para estas personas, trabajar de lo suyo normalmente es ajeno al ejercicio del comercio y demás actividades prohibidas por las vetustas inhibiciones falenciales. De ese modo, al menos en lo que hace a los quebrados no–comerciantes, el ordenamiento concursal por fin venía a estar a tono con la Constitución Nacional –en tanto garantizaba el derecho de trabajar– y con los fines humanitarios del art. 3878 CCiv(15), pues procura que el deudor pueda vivir decorosamente. Pero la ley 22917, al extender la vigencia de las normas del plexo concursal mercantil a los no–comerciantes, trajo para éstos un sorpresivo recorte a sus derechos, ya que las reglas sobre “desapoderamiento” e “inhibiciones” ideadas para los mercaderes pasaron a afectar también a quienes no lo eran. En ese sentido, bien vale preguntarse ¿por qué quien nunca ejerció el comercio, por el solo hecho de caer en quiebra debe verse privado de hacerlo en el futuro? Para colmo, tal interdicción, que claramente configura una sanción penal(16), afecta al fallido aunque no hubiera incurrido en delito alguno. El problema central lo generaron las palabras que remataban el primer párrafo del art. 108, ley 19551: “sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 111 y 112, inc. 2”. Volveremos sobre el particular. La ley 24522, aunque terminó con la Calificación de Conducta, con técnica que ha dado lugar a severos cuestionamientos(17), mantuvo la lista de inhibiciones que, con mínimas variantes, venía en la Ley Castillo. Todo parece indicar que el legislador de 1995, si bien intentó dar un alivio al quebrado permitiéndole una más o menos rápida rehabilitación(18) y la posibilidad de ganarse su sustento inmediatamente(19), no pudo terminar con aquellos lastres del pasado(20). Ello explica que el art. 104, LCQ, mantuviera, casi a la letra, el texto del art. 108, ley 19551(21), pues lo único que modificó fue el reenvío a los arts. 111 y 112 inc. 2° que, por haberse alterado la numeración de las normas, pasó a ser a los arts. 107 y 108 inc. 2º. Por lo tanto, hasta nuestros días, el fallido no–comerciante sigue preso de las mismas inocuas restricciones sobre sus derechos que aquejaron (y sigue haciéndolo) a los comerciantes durante casi ciento cincuenta años. ¿Qué quiere decir aquello de “sin perjuicio de lo dispuesto por los arts. 107 y 108 inc. 2”, palabras con las que concluye el primer párrafo del art. 104. LCQ? Veamos: - El art. 107, LCQ, establece que “El fallido queda desapoderado de pleno derecho de sus bienes existentes a la fecha de la declaración de la quiebra y de los que adquiriera hasta su rehabilitación”. - Y el art. 108, LCQ, determina que “Quedan excluidos de lo dispuesto en el artículo anterior: 2. Los bienes inembargables”. Como vimos, hay quienes piensan (insistimos: sin dar más fundamento que una forzada interpretación de las normas) que el derecho del quebrado a trabajar, que establece el art. 104, LCQ, tiene el límite que marcan los arts. 107 y 108 inc. 2, o sea que el fallido conserva el poder de disposición y administración de su retribución o salario, pero sólo en la porción de la inembargabilidad delimitada por la ley(22). Se trata, como veremos a continuación, de una visión totalmente inadecuada de los citados dispositivos legales. En primer lugar, ni el art. 104, ni el art. 107, ni el art. 108, LC, ni ningún otro del ordenamiento falencial establecen que la remuneración por el trabajo del fallido debe ser apropiada –total o parcialmente– por la quiebra, ni la mentada “porción de la inembargabilidad”, ni la de “embargabilidad”. Es cierto que, respecto de los asalariados, hay una cantidad de dispositivos legales que establecen que determinadas remuneraciones son inembargables. Sin embargo, esas normas están previstas para los sujetos in bonis , no para los fallidos (23) . Y en el caso de los trabajadores autónomos, la situación es aún más disparatada porque, aunque sus remuneraciones también tienen carácter alimentario(24), no hay ninguna regulación jurídica que prescriba que son embargables ni inembargables, ni para cuando esas personas están in bonis ni para cuando están quebradas. Ello pone a quienes son partidarios de la retención de las remuneraciones del fallido no–dependiente a favor de la quiebra en un serio brete (dificultad que ni siquiera mencionan en sus estudios sobre este tema) pues se encuentran huérfanos de justificación legal. Además no pueden explicar cómo debiera obrarse cuando el fallido no tiene ingresos regulares y, por lo tanto, en un mes cobra una cantidad, en otro mes otra, y en algunos muy poco o nada (25) . Ante tal orfandad legislativa, en algunos casos los jueces han dispuesto la apropiación parcial de tales remuneraciones y en otros no. De ese modo es común que se filtren violaciones a los principios constitucionales de igualdad ante la ley y de legalidad. Volvamos un poco atrás para poner la lupa sobre lo que realmente dice la ley. Aunque de defectuosa redacción, el art. 107 permite inferir que hay dos grupos de bienes del deudor que la quiebra puede liquidar para pagarles a los acreedores (26) : a. Los “bienes existentes (se entiende: en el patrimonio del quebrado) a la fecha de la declaración de la quiebra”, concepto que no genera conflicto; y b. Los “…que adquiriera hasta su rehabilitación”. ¿Qué quiere decir esto último? Adquirir, desde el punto de vista jurídico, significa incorporar al patrimonio el dominio u otro derecho real sobre una cosa, sea a cambio de un precio (adquisición onerosa) o por una liberalidad (como ocurre con la donación o el legado) o por prescripción. ¿Pero qué ocurre con lo que cobra el fallido por su trabajo en los términos del art. 104, LCQ? Ciertamente no podemos afirmar que su remuneración sea “adquirida” a título gratuito ni por prescripción. Entonces, ¿podemos decir que el fallido “adquiere” su salario a título oneroso? Etimológicamente y desde el sentido común, no. De ninguna manera puede sostenerse que el trabajo es el “precio” de la remuneración; ni, mucho menos, que ésta es “adquirida” por el fallido ya que, después del desapoderamiento, legalmente, se supone no cuenta con bienes que le permitan pagar. La verdad es que la remuneración generada por el trabajo del fallido no puede ser apropiada por la quiebra. Este principio tiene un substrato finalista y hasta lógico, el que se detecta inmediatamente al buscar una respuesta sensata para este interrogante: ¿qué clase de derecho a trabajar estaría consagrando la Ley de Concursos si, simultáneamente, estuviera privando al fallido de la mayor parte de su retribución? Despojar al quebrado de la paga generada por su servicio evidentemente sería tanto como someterlo a una especie de esclavitud o servidumbre expresamente prohibidas por el art. 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), aprobada por ley 23054, norma que, en el inc. 2º, dispone que “Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio” (27) . Vale recordar que el art. 2 del Convenio Nº 29 relativo al trabajo forzoso u obligatorio adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo el 28/7/1930 (ratificado por nuestro país el 14/3/1950) establece que la “expresión trabajo forzoso u obligatorio designa todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente”. A su vez, tal modo de ver las cosas nítidamente violaría: • La Declaración Universal de Derechos Humanos que, en su art. 14 párrafo 2º dispone que “Toda persona que trabaja tiene derecho de recibir una remuneración que, en relación con su capacidad y destreza, le asegure un nivel de vida conveniente para sí misma y su familia” (28) . Por lo tanto, mal podría la Ley Suprema asegurarle al fallido el derecho a una remuneración para que, inmediatamente después, se la quiten; y • El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 19/12/1966, aprobado por ley 23313, que en su art. 6 ap. 1º determina que “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar que comprende el derecho de toda persona de tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado (29) , y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho”. • El art. 7 del mismo ordenamiento que estatuye que “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del presente Pacto” (30) . Vale recordar que, según lo prescripto por el art. 75 inc. 22, CN, los tratados y convenciones tienen jerarquía superior a las leyes. Así fue entendido por la Corte Suprema (31) . Adicionalmente el derecho a acceder a la remuneración por el trabajo realizado se encuentra consagrado en los arts. 1623, 1627 y concordantes, CCiv., y en el art. 14, CN, como lo ha reconocido la jurisprudencia (32) . Dichas normas, vale subrayarlo, no consagran excepciones por causa de quiebra del trabajador, de manera que mal podrían los magistrados crearlas por vía hermenéutica (33) . En consecuencia, cualquiera sea la interpretación dada a las disposiciones de la Ley de Quiebras, éstas siempre quedarán subordinadas a lo previsto en la Constitución Nacional y en los tratados y convenciones adoptados por nuestro país (34) , cuyos valores debe proteger el juez concursal (35) . En este punto bien podemos preguntarnos cómo congeniar entonces lo que dicen los arts. 104, 107 y 108, LCQ. La respuesta adecuada la dio Helios Guerrero, siendo juez, en un fallo de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (36) : “La razón de permitir que el fallido pueda desempeñar su trabajo profesional se encuentra en la necesidad de que el mismo pueda afrontar no sólo su propio sustento sino, además, el cumplimiento de sus cargas legales, tales como los deberes alimentarios, pago de impuestos, contribuciones relacionadas con el ejercicio de su profesión, etc.”.”Es decir que, en principio, sería contradictorio que el legislador permitiera la realización de actividad remunerada para esos fines y que por otro limitara los ingresos en base a una proporción de los mismos”. “La remisión del inc. 2 del art. 108 debe entenderse efectuada en cuanto a los bienes que pudiera adquirir el fallido con los fondos de la actividad permitida y que quedarían excluidos si se tratara de bienes inembargables”. “Nótese que el fallido se encuentra en una situación distinta a la de los sujetos in bonis para los cuales se dictó la norma que permite el embargo de una proporción de sus haberes, ya que ellos conservan la libre disposición y administración de los bienes por no estar sometidos a los efectos del desapoderamiento”. “Por otra parte, la misma ley concursal admite la conclusión de la quiebra por pago total cuando el deudor acompañe carta de pago de sus acreedores y satisfaga los gastos íntegros del concurso, lo que presupone que el deudor se encuentre con posibilidad de ahorrar dinero proveniente del ejercicio de esa actividad permitida” (37) . En consecuencia, si el quebrado, antes de ser rehabilitado, adquiere nuevos bienes con lo ganado por su trabajo, y si tales bienes son embargables, entonces podrán ser ejecutados por la quiebra para cancelar los créditos falenciales. Todo lo demás (la remuneración, cualquiera sea su importe, así como los bienes que adquiera con ella, en tanto sean inembargables) debe quedar legítimamente en poder del quebrado. Aquel brillante razonamiento del entonces juez Guerrero nunca fue rebatido. La tesis de quienes propician la confiscación total o parcial, a favor de la quiebra, de las remuneraciones que reciba el fallido por su trabajo llevado a cabo antes de la rehabilitación, se topa con otro contrasentido. El art. 104, segunda parte, establece que la nueva actividad productiva del fallido puede dar lugar a otra quiebra (38) . Por lo tanto, debemos deducir que la ley prevé la coexistencia de dos grupos de bienes: uno, para atender las deudas reconocidas en la primera quiebra, y otro, lógicamente compuesto por el dinero que obtenga el fallido como fruto de su trabajo, el que hará frente a las deudas posteriores (39) . Veamos: si el fallido es un profesional, para desempeñarse de manera liberal en condiciones medianamente dignas, por lo menos debe alquilar una oficina, contratar una secretaria, conseguir algunos muebles, comprar una computadora (40) , etc. Todas esas operaciones generan obligaciones: los alquileres de la oficina, el crédito para comprar la computadora, los salarios de la empleada, etc. Como el quebrado ha sido desapoderado de sus bienes, sólo puede afrontar el pago de las deudas que contraiga con los ingresos de su nuevo trabajo. Si tales recursos no fueran suficientes para atender aquellos compromisos, fatalmente caerá en la nueva quiebra de la que nos habla el art. 104, LCQ. Pero si una parte de tales ingresos fuera dedicada a dar sustento a la familia del quebrado y el resto quedara afectado a la vieja quiebra, la segunda falencia que imaginó el legislador al redactar el mentado art. 104, LCQ, inevitablemente quedaría sin activos de ninguna especie, por lo que el fallido fatalmente cargaría con la presunción de fraude del art. 233, LCQ. Ello es absurdo. El ordenamiento legal no puede conceder un derecho imposible, es decir aquel que, cuando se intente ejercerlo, o resulte materialmente irrealizable o ponga al sujeto en las puertas de la ilegalidad (41) . 5. Caso del fallido rehabilitado Si es inadmisible que el fallido sea privado de la remuneración motivada por su trabajo antes de resultar rehabilitado, mucho más lo es cuando sobreviene tal rehabilitación. En ese sentido, la jurisprudencia mayoritaria está conteste en que, cuando se produce la rehabilitación del fallido, cesa el embargo sobre los ingresos generados por su trabajo personal (42) . Es que “aun cuando el emolumento percibido por la relación laboral luego de la rehabilitación, en su proporción legal embargable, emane de una relación de empleo de origen anterior al decreto de falencia o concomitante al estado falencial, ello en modo alguno convierte a dichos bienes en un activo generador de frutos de origen pre–concursal o falencial que deba por ello persistir afectado a la satisfacción de los créditos de los acreedores del concurso con posterioridad a que haya operado esa rehabilitación (43) .” Vale aclarar que en el mencionado leading case “Piasek”, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial también desestimó el reclamo de declaración de inconstitucionalidad de las normas de la Ley de Concursos que había efectuado la Fiscalía ante dicho tribunal. Los principios que acabamos de reseñar se han aplicado incluso en los casos de quiebras sin activo, en los cuales debe declararse la clausura del procedimiento, operando la presunción del art. 233, LCQ (44) . Hasta que la Corte Suprema dictó el fallo “Barreiro”, en algún caso aislado, la jurisprudencia capitalina aportó soluciones en sentido diverso, por cierto, nítidamente contra legem . Muestra expresiva de tales pronunciamientos fue el caso “Argüello” (45) . La fallida era dependiente de un hospital. Había sido propietaria de un inmueble, pero dicho bien terminó siendo subastado a raíz de una deuda hipotecaria. Desde la sentencia de quiebra y por más de tres años se le embargaron los salarios. Una vez que el juez de la quiebra dictó sentencia de rehabilitación, la cesante reclamó la devolución de los salarios generados entre la fecha en que debió regir la rehabilitación (al año de dictada la sentencia de quiebra) y la fecha en la que efectivamente se dispuso. En primera instancia se hizo lugar a la solicitud, pero esta decisión fue apelada por el síndico. Creemos importante destacar que la Cámara de Apelaciones, en la sentencia que terminó resolviendo el conflicto, reconoció que no se estaba en presencia de un caso de abuso del proceso concursal por parte de la deudora, a punto tal que la quiebra había sido dispuesta a pedido de un acreedor. A su turno dictaminó la Fiscalía de Cámara. Sostuvo (hasta donde sabemos, no hay ningún precedente en sintonía con este parecer) que “..los arts. 107 y 236, LC, deben ser aplicados al caso de modo tal que los haberes del fallido devengados con posterioridad a la rehabilitación deben continuar afectados al pago de la totalidad de los pasivos y gastos concursales” (46) y que “otra interpretación de dichas normas tornaría inconstitucional su aplicación al caso”. Merecen destacarse algunos párrafos del dictamen: • Refiriéndose a la tesis de la jurisprudencia mayoritaria: “El deudor fallido recibe una especie de dádiva o beneficio gratuito por la declaración de su quiebra, ya que solamente los haberes devengados en el plazo de un año estarían afectados al pago de sus deudas”. • “No encuentro razón suficiente para que un sujeto, que no está en quiebra, esté obligado a satisfacer con sus haberes enteramente sus deudas, y un sujeto que está en quiebra, sólo esté obligado a afectar los haberes percibidos durante un año al pago de sus deudas”. • “… la desafectación de los haberes del fallido devengados con posterioridad a la rehabilitación es totalmente injustificada”. • “En primer lugar, en el sub lite, no se trata de un comerciante que se ha visto privado de ejercer su actividad, sino de una empleada que percibe su sueldo mensual. Por ello, la rehabilitación no persigue ninguna finalidad en este caso, en tanto la fallida no va a reinsertarse en el mercado económico ni a retomar un emprendimiento comercial sino que va a continuar percibiendo su sueldo (del que la quiebra sólo retendrá la porción embargable). De este modo, la empleada, amparada en una figura cuya finalidad consiste en proteger a quienes hacen de la actividad comercial su forma de vida, utiliza la rehabilitación a los efectos de limitar su responsabilidad por las deudas contraídas”. • “Una interpretación de los arts. 107 y 236, LC, según la cual la afectación de los bienes se limita al año de inhabilitación del fallido, vulnera el derecho de propiedad y el principio de razonabilidad de las leyes (arts. 17 y 28, CN)”. El voto mayoritario del tribunal decidió revocar parcialmente el fallo de primera instancia. En síntesis, sostuvo que la posibilidad que tienen los acreedores de agredir los bienes del deudor culmina con el decreto que dispone la rehabilitación. Ambas teorías deben entenderse superadas por la doctrina sentada por la Corte Suprema en el mencionado caso “Barreiro” (47) . Desde entonces ha quedado claro que la rehabilitación, salvo excepciones que en este punto no interesan, opera en forma automática al año de dictada la sentencia de quiebra y que, en consecuencia, la resolución judicial que dispone la rehabilitación del fallido es meramente declarativa y, por lo tanto, tiene efectos retroactivos (48) . Y si bien se mantienen las inhibiciones decretadas como consecuencia de la quiebra, tales medidas sólo afectan a los bienes que, hasta ese momento (subrayamos: no a los futuros), están sujetos al desapoderamiento (49) . En consecuencia, los bienes adquiridos por el fallido con posterioridad a su rehabilitación se encuentran exentos del desapoderamiento (50) . Si los recursos así reunidos no resultan suficientes para cancelar los créditos reconocidos en la quiebra, tales créditos se extinguirán por imposibilidad de pago (art. 888, CCiv) (51) . Lo propio ocurre con las remuneraciones que el fallido reciba después de su rehabilitación: seguirán siendo totalmente suyas (52) , y, lo que es más, desde entonces cesará la obligación de poner a disposición de la quiebra los bienes embargables adquiridos con lo que hubiera recibido como retribución por su trabajo ex art. 104, LCQ. Por lo tanto, si se hubieran dispuesto medidas cautelares que los afecten, deben levantarse de inmediato (53) . 6. El fallido que es nuevamente inhabilitado por ser sometido a proceso penal Resta ocuparnos de la hipótesis del fallido que es inhabilitado nuevamente por procesamiento penal, situación que, con justos argumentos, ha sido tildada de inconstitucional (54) . Esta nueva inhabilitación no tiene efecto patrimonial alguno (55) , ya que, para lo único que es instituida es para impedir que el fallido, desde que queda firme la sentencia que la impone, ejerza el comercio o sea directivo o socio de sociedad comercial. Es que el quebrado no vuelve a sufrir la restricción que lo afectaba antes de ser rehabilitado, es decir la de verse obligado a entregar a la quiebra los bienes embargables que hubiera adquirido con sus ingresos. Ello se debe a las diversas consecuencias que derivan del “inhabilitación” y del “desapoderamiento”, tema al que hemos dedicado un estudio específico (56) . En efecto, sin pretensiones de construir definiciones que, en general, poco ayudan a entender los institutos, podemos decir que la “inhabilitación” consiste en la prohibición legal de que el fallido se ocupe de actividades mercantiles y otras establecidas por leyes especiales; mientras que el “ desapoderamiento ” es el desapropio de los bienes materiales del cesante a favor de quienes sean judicialmente reconocidos como acreedores preexistentes a la fecha de la sentencia de quiebra. El hecho de que ambos institutos sean tratados simultáneamente en el art. 107, LCQ, ha motivado algún malentendido. Lo cierto es que, como agudamente se ha observado, dicha norma establece que el fallido queda desapoderado de pleno derecho de sus bienes existentes a la fecha de la declaración de la quiebra y de los que adquiriera hasta su rehabilitación, no hasta el cese de la inhabilitación (57) . Acontece que la inhabilitación y el desapoderamiento, aunque en algún momento transitan un camino común, cuando llega la rehabilitación, se bifurcan(58). Por ende, los bienes que hubiera adquirido el fallido desde la rehabilitación no podrán ser agredidos por los acreedores de la quiebra porque, en todo caso, quedarán afectados a las obligaciones que contraiga ex novo (59) . Como bien se ha dicho, ello configura un sistema de desdoblamiento de patrimonios(60) y de disociación de la responsabilidad por las deudas (61) . En consecuencia, si el quebrado vuelve a ser inhabilitado por ser sometido a proceso penal, no por ello renacerá el desapoderamiento arrastrando a los nuevos bienes para llevarlos a la vieja quiebra (62) . La jurisprudencia se ha pronunciado vigorosamente en ese sentido: El cese de la rehabilitación no tiene efectos retroactivos. Los acreedores falenciales sólo pueden cobrarse sobre los bienes adquiridos hasta el decreto que dispone la rehabilitación. Los bienes adquiridos con posterioridad al mentado decreto escapan al ámbito de la quiebra, aspecto que, si bien no está expresamente previsto en la normativa legal, deviene del sentido propio de los institutos (63) . Los bienes adquiridos por el fallido con posterioridad a su rehabilitación se encuentran exentos de desapoderamiento, es decir, no están afectados a la ejecución de los antiguos acreedores (64) . Hubo un único caso en el cual la Cámara Nacional de Apelaciones sostuvo que “...si la inhabilitación ...retoma su vigencia...”, entonces hay que considerar que las consecuencias previstas por la LCQ, 107, nunca cesaron. Según esta particular visión del problema, “no se trata entonces de una nueva inhabilitación la que se impone al fallido, sino que, sencillamente, se actúa como si la rehabilitación nunca se hubiese verificado”. “Por lo tanto, los bienes adquiridos en esta etapa deben caer necesariamente en la órbita de desapoderamiento” (65) . El fallo recibió numerosas y fundadas críticas(66). Así las cosas, el cesante puede seguir ejerciendo su profesión u oficio y disponer libremente de la paga que reciba, sea en el período que va entre la rehabilitación y la nueva inhabilitación (67) , como la que obtenga después de ser inhabilitado nuevamente por encontrarse sometido a procesamiento penal (68) &#9632; * Abogado. Doctor en Derecho, UBA. Especialista en Derecho Comercial. Docente de Grado y Posgrado. 1) Así se ha resuelto: “La LCQ 104 dispone que el fallido puede desempeñar tareas profesionales o en relación de dependencia, sin perjuicio de lo dispuesto por la LCQ 107 y 108:2”. “Por lo tanto resultó procedente la decisión apelada en cuanto dispuso trabar embargo sobre la remuneración que el fallido perciba en la proporción de ley.” CNCom, Sala “B”, 16/9/2009, “Gliozzo, Esteban C. s/Quiebra s/Inc. de apelación art. 250 CProc”, MJJ51888. 2) Que a

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