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El TSJ agradece vuestra presencia y la buena disposición de haber efectuado un alto en sus respectivas agendas para compartir algunas reflexiones que den marco a la actividad del Año Judicial 2010.
Cada año judicial que se inaugura, lo hace de modo condicionado por los acontecimientos, los contornos o los límites que preocupan y ocupan a los ciudadanos. Este año 2010 se encuentra connotado por la conmemoración del Bicentenario de la Patria. Parece adecuado otorgar un significado específico a tal conmemoración.
Juan Bautista Alberdi, en su libro Pequeños y grandes hombres del Plata, señaló que la Revolución de Mayo es un detalle de la revolución de América, como ésta es un detalle de la revolución de España, como ésta lo es de la Revolución Francesa y europea. Es decir, se trataría en todos los casos no de revoluciones separatistas, independentistas, sino de revoluciones democráticas, por la libertad y los derechos de hombre, la división de poderes .
La gesta de mayo de 1810 influyó en forma indeleble, como un ADN inmodificable nuestro ser nacional.
Henos aquí hoy, herederos de ese pasado, posibles hacedores de un futuro esperado, advirtiendo que nuestra Nación no puede resignar su primigenia fortaleza y posterior elección de ser una república democrática y federal.
Y tampoco podemos restar significado al federalismo que ha permitido la consolidación de las distintas identidades y culturas que, bajo el amparo generoso de nuestra Argentina, conviven de manera armónica y bajo signo de hermandad. Es hora de repensar una ingeniería institucional que alumbre estas realidades, para que cada provincia pueda desarrollar sus potencialidades, sus ciudadanos vivir, crecer, soñar y envejecer en ellas con dignidad, sin que las distancias o las diversidades se erijan como barreras invisibles que nos alejen de los bienes culturales y espirituales que nos hacen cada día más humanos. He aquí donde los poderes judiciales tenemos una tarea para intensificar; en tanto de nosotros depende asegurar el acceso igualitario a Justicia y a Derecho, en especial de los grupos más vulnerables.
En ese sentido, como se advirtió en el video recién exhibido, Córdoba sostiene la defensa gratuita de los ciudadanos carentes de recursos, la de las víctimas, la Oficina de Derechos Humanos y Justicia, las oficinas de Violencia Familiar y los juzgados de Violencia Familiar, los tribunales de Familia, el fuero de Menores, el fuero del Trabajo y el Centro de Mediación Judicial –que en 2009 cumplió la anhelada meta de establecer una oficina de mediación en cada una de las veintitrés sedes judiciales de la Provincia–.
El próximo 1º de abril comenzará a funcionar la Oficina de Atención Ciudadana, para proporcionar información y derivación responsable a los ciudadanos, asegurando el trato respetuoso, la escucha atenta y la confidencialidad necesaria. Su primer emplazamiento se efectuará en este palacio, para progresivamente ser incorporada en todas y cada una de las sedes judiciales de la provincia.
Advertidos de la necesidad de fortalecer la respuesta jurisdiccional, este Tribunal Superior de Justicia, en uso de su facultad de iniciativa legislativa, elevará a consideración del Poder Ejecutivo provincial un proyecto de ley de creación de tres juzgados de conciliación, dos en la Primera Circunscripción Judicial y uno en Río Cuarto, cabecera de la 2da. Circunscripción Judicial.
El Bicentenario encuentra a Córdoba con un Poder Judicial orientado al respeto y conservación de la identidad de los distintos departamentos provinciales, conforme sus especiales culturas y particulares organizaciones económicas y sociales, lo que ha desembocado en políticas judiciales inclusivas de las regiones, ciudades y pueblos que se emplazan desde antiguo dentro de los límites de la provincia, poseen su propia personalidad y necesitan un Poder Judicial que esté atento a sus particularidades tanto como a sus coyunturas y circunstancias. Los jueces de Paz, seleccionados y designados por primera vez por concurso abierto, han sido nombrados en las localidades donde se encontraban sus sedes vacantes. Ese juez de Paz que tantas veces es la única cara de la Justicia que reconoce el ciudadano que vive alejado de los grandes centros urbanos.
El Bicentenario nos convoca a intensificar también la calidad de nuestras instituciones. Hemos podido recuperar el sistema democrático. No existe un paradigma mejor que el del ideal democrático para la convivencia pacífica. Es la democracia la que permite al ciudadano la elección de sus autoridades, la que garantiza el gobierno de la ley que reemplaza el gobierno de los poderosos sobre los débiles, es la democracia la que iguala –aun con los necesarios pesos y contrapesos que se establezcan– a todos ante la vigencia, validez e imperio de la ley, porque sabemos que de tal modo estamos a resguardo de las demagogias, los populismos, los neopopulisomos o cualquier otro modo deformado de interpretación de la voluntad soberana del pueblo.
Pero es dable saber que en la actualidad las expresiones de la voluntad popular no se agotan en el voto ni se finiquitan en la elección de sus representantes.
Tal vez no sean éstos los actos esenciales que lo convoquen de modo masivo; tampoco conceden de modo categórico de elocuentes mayorías un gobierno a un candidato o a un partido, en detrimento de otros. Pero sí son ciudadanos atentos y activos que se involucran de distintos modos en el control de los actos de gobierno, en cualquiera de sus niveles y departamentos. Y expresan sus opiniones de modo directo a los medios de
comunicación, o ganando el espacio público, vertiendo sus opiniones por Internet, articulando espacios comunes por fuera de los partidos políticos, generalmente ordenados por centros de intereses específicos, a veces por sectores.
Críticos de la realidad, desconformes con el presente, desesperanzados del futuro próximo, parecen sostener la tesis de los derechos aparentes. Debemos escucharnos los unos a los otros en esa plural apreciación. La opinión pública y la opinión publicada ejercen control sobre todo tipo de autoridad o jerarquía: desde la autoridad de los maestros en el aula, hasta la máxima magistratura de la Nación. Este fenómeno de control social, diverso, pluralista, fragmentado, representa un dato necesario a tomar en consideración por los poderes del Estado y desafían el establecimiento de nuevas estrategias, más comunicativas, menos crípticas para asegurar la paz y el orden, misión que el buen Ulpiano atribuía ya de tan antiguo a los jueces.
El Tribunal Superior de Justicia, para enriquecer el debate público con datos fidedignos del quehacer judicial y facilitar el control ciudadano de los actos de gobierno de este poder del Estado, adopta la transparencia en la gestión como política de Estado en el Poder Judicial de Córdoba, vertebrada sobre los ejes de ingresos por concursos públicos y anónimos hasta la conformación del respectivo orden de mérito; la estadística que mensura las diferentes variables de actividad, productividad y calidad que integran el ámbito de ‘lo judicial’; la publicidad de las contrataciones y el destino que se le fija a los recursos propios del poder; el acceso a las decisiones de los jueces que, en breve, podrán consultarse en el modernizado sitio web del Poder Judicial; la instauración de los juicios por jurados, las planificaciones de la Oficina de Estudios y Proyectos para el mejoramiento del servicio de justicia; y el establecimiento de un capítulo específico de investigación aplicada en el ámbito del Centro de Perfeccionamiento Ricardo C. Núñez.
Hoy los jueces reciben una inédita demanda de Justicia que involucra todos los ámbitos de la vida: los ciudadanos les reclaman a ellos seguridad, solicitan se hagan cesar las situaciones de violencia doméstica, reclaman por la matrícula de sus hijos al iniciar el año escolar, por la falta o por el deficitario funcionamiento de un centro sanitario, por la defensa del medio ambiente, por la definición de la orientación sexual de una persona, por la autorización de provisión de determinados medicamentos por las obras sociales, por la provisión de agua, por el regular funcionamiento de los servicios públicos, por el corte de las calles, amén de los hechos que tradicionalmente los ciudadanos traían a los estrados judiciales: bien sean los trabajadores, los industriales, los comerciantes, los jubilados, las víctimas de violencia familiar, los temas propios de las nuevas formas de organización de la familia, los diferendos patrimoniales entre particulares o entre éstos y algún departamento del Estado. Podríamos hacer un enunciado específico de la diversidad de circunstancias de la vida familiar, social, cultural, económica, ambiental que se ventilan en los tribunales. Pero lo que sin duda predica este fenómeno es una judicialización de la vida. Una judicialización de los desencuentros en el ámbito recoleto de las familias y de las comunidades; porque anterior a esta instancia ha fracasado el fortalecimiento de los lazos familiales, vecinales, institucionales y se espera de otro –un tercero ajeno al conflicto– que provea las soluciones que los propios protagonistas no encuentran, no pueden o no saben arbitrar.
Desde otro ámbito, el de la política y sus claras incumbencias, tanto los partidos políticos como los representantes electos y en funciones recurren al Poder Judicial para que diriman los debates que tienen su quicio institucional en el Parlamento, en las legislaturas o en los concejos deliberantes. La política o los políticos también han ubicado como vía razonable, en lugar de la deliberación, los consensos y la legislación que comulgue con los intereses generales y el bien común de sus representados, una derivación de tales cuestiones hacia el Poder Judicial. Es por ello que el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación exhortó a los poderes políticos a que cumplan su faena, a que asuman las funciones que como representantes electos del pueblo les ha sido confiada y que no recurran para tal cometido al Poder Judicial, cuya función es establecer los límites de actuación de ellos, efectuar el control de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de sus decisiones; no ingresar al ámbito de discrecionalidad que a las autoridades electas por el voto popular se les ha reservado.
Asumir la diferencia que media entre el valor de lo que es justo según la percepción ciudadana y lo que es incumbencia del ámbito de decisiones del Poder Judicial, constituye un desafío que no por antiguo es falto de vigencia: Ya lo decía Calderón de la Barca: “Nada me parece justo en siendo contra mi gusto”. El Poder Judicial, como poder del Estado, resuelve las controversias conforme una interpretación de prudencia y equidad en el caso concreto y con base en el orden jurídico vigente. Probablemente el ideal de justicia del magistrado y del ciudadano posean idéntica significación. Pero el magistrado sólo podrá otorgarle el sentido que se deriva de ese orden jurídico establecido. Ésta es la más simple enunciación de la tan ansiada seguridad jurídica que los ciudadanos reclaman: la sumisión a la ley, que los coloca a resguardo de la sumisión a otros o del accionar directo y por la fuerza de los justicieros. No podemos dejar de recordar que la seguridad jurídica, el imperio de la ley y la defensa de las libertades son los ideales permanentes encarnados en el Ideario de la Revolución de Mayo.
Lejos de insinuar que los jueces no cometemos errores o que todas las leyes son justas, no se equivocaba el escritor español Santiago Rusiñol al afirmar que cuando un hombre pide justicia, es que quiere que le den la razón. Y es en ese punto donde luce necesario recuperar la fe en el Derecho. Para que iguales respuestas jurisdiccionales ante la ley vayan construyendo el camino de certezas que tanto se necesita para proyectar el futuro. Y es por esa misión de trascendentes incumbencias que la mirada de la comunidad se dirige hacia el Poder Judicial, algunas veces interpelándolo, otras reprochándolo, muchas respetándolo y otras tantas abriendo debates en torno a las decisiones de los jueces.
He allí la razón por la que los magistrados están constitucionalmente fortalecidos con garantías mínimas pero específicas: 1) la inamovilidad en sus cargos mientras no incurran en mal desempeño o no padezcan inhabilidad psicofísica; y 2) la intangibilidad de sus remuneraciones. La primera de ella remite de manera directa a sostener a los magistrados frente a intolerables presiones para modificar su juicio de imparcialidad y equidad en la interpretación de las leyes. La segunda atiende al equilibrio de los poderes, desde que con el solo recurso de empobrecer a los magistrados, de disminuir sea por acto o por omisión sus haberes, se pretenda desalentar su permanencia en la función, dejar vacantes sus cargos y propender –o al menos especular– con un juez más proclive a los intereses de que se trate.
Es claro que la Constitución Nacional no crea ni protege fueros especiales: por el contrario, los ha derogado y de su esquema valorativo resultan fuertemente devaluados. Es entonces la necesidad de establecer el equilibrio entre los Poderes del Estado y la preservación de la independencia del Poder Judicial el valor que ha inspirado en Córdoba, en Argentina y en las democracias del mundo una garantía mínima de preservación del Poder Judicial. Como tales extremos resultan integrantes del pacto de convivencia social que representa la Constitución Nacional, que ya ha sido discutido, en su momento, por el pueblo y sus representantes, que ha sido votado de una vez y para siempre, sorprende que reiteradamente se vuelva sobre ellos, colocándolos en crisis, sin propuesta alguna de un paradigma superador que resguarde el equilibrio necesario en el reparto de competencias de una República. Colocar en ámbitos de disquisición lo inmodificable, presentarlo como privilegio especial de pocos, sólo contribuye a la confusión, a dilapidar el tiempo que debe dispensarse a lo prioritario y a distraer a la institución que debe velar por estas garantías, detrayéndola de su cometido esencial y en algún punto, dejando sembrada una semilla de duda, de reproche, que mortifica sin razón y sin solución a los jueces y orada la necesaria confianza que el ciudadano debe tener no ya en las personas ni en su desempeño, sino en los lineamientos básicos y fundamentales de la organización republicana.
Este ideario de independencia judicial es compartido, sostenido y defendido por los tribunales superiores y cortes supremas de Justicia de las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los cuales integran la JuFeJus, donde se desarrolla una importante actividad en su defensa, al igual que en la Federación de Asociaciones de Magistrados de la República Argentina y en la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha inaugurado la Oficina de Independencia Judicial a fin de receptar las quejas que en razón de la vulneración de tal principio sean despachadas por la magistratura del país. Es importante recordar que el Poder Judicial está integrado por la totalidad de sus magistrados; a cada uno se le atribuye el control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad, en dirección a resolver las controversias conforme la ley aplicable.
Enrique Martínez Paz sostenía que el derecho, cualquiera sea el destino que esté llamado a desempeñar en este mundo, es una doctrina moral que ilumina nuestra conciencia y sobre la que reposa el juicio de nuestros actos y la seguridad de nuestras relaciones. Si el quehacer judicial –amén de diverso por las distintas temáticas que debe abordar– es de compleja construcción en el plano de lo fáctico, en la realidad cotidiana los jueces deben profundizar cuando no renovar constantemente sus conocimientos, no sólo porque nuevas leyes reemplacen las anteriores sino porque las ciencias y las técnicas proveen de nuevas y mejores formas de abordar las circunstancias para arribar a la verdad de lo acontecido. Desde esa apreciación de la realidad y sus complejidades, el juez ha de decidir, en definitiva, conforme un estándar legal y moralmente satisfactorio. Parece impensable ya que un juez del siglo XXI elabore sus decisiones sólo desde la Ciencia del Derecho, sin enriquecer sus perspectivas desde lo interdisciplinar, puesto que las otras incumbencias arrojan nuevas certezas donde antes habitaban presunciones o deducciones posibles. Así, la genética, técnica que captura la diversidad de los fenómenos, que registra datos no asequibles por los sentidos, exige nuevos y necesarios diálogos que los jueces entablan con el mundo del conocimiento.
Esta necesidad de abrevar en las nuevas técnicas y en los avances de las ciencias en todos los niveles y en todas las edades de la vida –sabedores como somos de los egoísmos y los ensimismamientos que conviven con las generosidades y aperturas en los ámbitos del saber– representa una nueva exigencia de flexibilidad en el abordaje del conocimiento científico, buscando nuevos modos de adquirir certezas, dado que en las incumbencias de que hablamos la verdad es apenas provisoria y gelatinosa. La búsqueda de la verdad ahora debe ser enderezada hacia la verificación más certera y precisa que los técnicos y científicos nos proporcionan. Es por ello que debemos esforzarnos en mejorar los procesos de verificación fáctica. Estoy orgullosa del nivel desarrollo de la ciencia jurídica en Córdoba. Y es de reconocer que buena parte de su avance y excelencia tributan al esfuerzo intelectual de nuestros magistrados.
Pero tal como así lo hago, la propia curiosidad del intelectual los deposita a Uds., señores magistrados, en el terreno del inconformismo. Un inconformismo creativo y propicio a las nuevas alternativas, que invade nuestra vida todos los días y nos empuja a preguntarnos si lo que estamos haciendo no se puede hacer mejor. El inconformismo está en la base de las reflexiones de los jueces que postulan no parar hasta conseguir que todo lo hecho hoy, sea mejor realizado mañana, cualquiera sea la condición.
La cultura del inconformismo así entendida es la que ha promovido los cambios que ha generado el respeto de las instituciones que así actúan. Uds., señores magistrados y funcionarios, desde los comités de usuarios y de gestión que han integrado, han promovido los cambios que enorgullecen a nuestro Poder Judicial: los Sistemas de Administración de Causas, las mesas de violencia familiar, entre otros, son las muestras de esa exitosa meta que nació del inconformismo por el estado de las cosas como estaban.
Por eso, les pido a los integrantes del Poder Judicial de Córdoba que insistamos en el inconformismo, que no estemos conformes con nuestro desempeño. No porque no sea ponderable, ético y en esencia bueno; sino porque estoy segura de que podemos hacerlo mejor. Y es en abono de esa cultura, la del aprendizaje constante de mejores procesos y mejores resultados, que este Tribunal Superior de Justicia junto con la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial se comprometió en una capacitación obligatoria y rentada de sus colaboradores. Y es en ese ánimo que los insto a no desmayar; a involucrarse en ese proceso, sea como capacitadores, sea para la iniciativa de capacitaciones específicas que mejoren las oficinas judiciales, porque han sido capaces de abrir las mentes a otros saberes que provienen de distintos ámbitos. Este Poder Judicial necesita de todos sus talentos y precisa aún más de su actitud idealista; necesita que renueven su convicción de estar aquí para servir al ciudadano; necesita que elijan su función y su misión todos los días por vocación, por convicción y en los días de crisis o de desaliento, con verdadera desesperación. Que la buena fe sea nuestra única intransigencia; en todo lo demás, entre la posible y modificable realidad de hoy y la ideal y soñada institución por la que bregamos, nos encontrará caminando juntos, cambiando ideas, ansiando saber y hacer más para mejorar el servicio.
El recientemente asumido presidente de Uruguay, Pepe Mujica, parado frente a numerosos intelectuales en el Palacio Legislativo de su nación, dijo: «¿Se acuerdan del Tío Rico del Pato Donald? El personaje había desarrollado una sensualidad por el dinero. Me gusta pensarnos y reconocernos como personas que eligen el enriquecimiento que brinda la inteligencia ajena, la cultura ajena, la sabiduría ajena. Cuanto más ajena, mejor. Cuanto menos coincide con mis pequeños saberes, mejor: ‘Lo que digo no lo digo como persona sabedora, sino buscando junto con vosotros’”.
Y bueno, hoy les pido a Uds. humildemente, sedienta como Mujica de vuestros saberes y colocando a vuestra disposición mis siempre perfectibles conocimientos, insistir en la tarea común de llevar paz y orden a una sociedad ansiosa de ejemplaridad y de previsibilidad en un mundo de incertidumbres. Es necesario que seamos capaces de crear el clima pacífico y respetuoso que permita a nuestros hermanos y hermanas cordobesas tener la tranquilidad de espíritu suficiente para diseñar cada uno su propio y elegido destino.
Y en este resultado se compromete este Poder Judicial, que reconozco impregnado del respeto por el otro. Y es a ese respeto real al que invoco, puesto que aun en las extremas diversidades computa no sólo las razones sino las creencias y aspiraciones, resultarán acrisolados en consensos de buena fe que alienten un real optimismo, fortalecido por ese conjunto de actitudes creativas y superadoras.
Las instituciones que contribuyen a la pacificación social son aquellas en las que sus integrantes se reconocen protagonistas y artífices de su propio destino y resultan de tal modo comprometidos con la misión institucional, que habilitan entre ellos y los otros poderes y espacios con los que interactúan una relación de respeto recíproco.
Es por ello que este Tribunal Superior de Justicia, en el marco de las libres expresiones y opiniones de los grupos de intereses no convergentes, ha predispuesto espacios de diálogo en los que se han logrado importantes consensos: diálogo con nuestros magistrados y su asociación profesional, diálogo con nuestros empleados y su asociación gremial, diálogos con nuestros superintendentes del interior, diálogo con nuestro Comité de Gestión, con los colegios profesionales. No desdeñemos los espacios de consensos de buena fe, construidos desde el respeto y la diversidad; puesto que es misión interna de este Poder Judicial mantener una coherencia institucional que nos permita construir una realidad que habilite las expresiones plurales y diferentes, con respeto por las diferencias, todo en la convicción de que, fruto del diálogo institucional directo y honesto, se construirán los acuerdos y los consensos. Nuestro compromiso está en aceptar el desafío sabiendo que nos exige a los protagonistas responsabilidad, pasión, altruismo y fundamentalmente amor, dejando de lado los intereses individuales para hacer prevalecer el bien común, desde el rol y la función que cada uno asumimos.
Demos cabida en ese espacio especial a los pesimistas. Puesto que ellos en su disconformidad proveen la génesis del cambio. Las palabras de Saramago vuelven a salpicar la conciencia al más puro estilo del Pepito Grillo quien, implacable a la par que cuerdo, interrogaba con insistencia: “¡Hay algo de malo en revelarse al mundo como pesimista? ¿Qué hay de perjudicial en reconocer que hay ocasiones en que la realidad no nos gusta y que podemos ser inconformistamente pesimistas?” Quizás se pueda intentar modificar las cosas y, cuanto menos, no aceptarlas como hechos consumados sino como realidades que se pueden mejorar. Albert Einstein afirmaba: “No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo”. Asumamos el desafío. Sin desafíos la vida es una rutina; en lugar de conformarnos a ella, trabajemos creativamente en el compromiso y la misión a la que estamos convocados.
Es hora de interpelarnos, de realizar una mirada profunda desde el interior y al interior del Poder Judicial para alumbrar una visión esperanzadora de una sociedad más justa, que pueda ser expresada bajo la premisa de elegir lo mejor entre lo bueno poniéndolo en clave de equidad, de solidaridad y de reconciliación; una cabal comprensión de lo que es importante, mirando los problemas con la profundidad que la realidad exige, reconociendo la insuficiencia de las antiguas respuestas a las nuevas necesidades de la vida humana. Una institución reconciliada consigo misma, con un claro sentido del servicio, con una lógica nueva para resolver los conflictos.
Por último y de nuevo, retomando la conmemoración del Bicentenario, los exhorto a asumir que el crecimiento personal e institucional puestos al servicio de los ciudadanos se basa en el conocimiento, la prudencia y el discernimiento de todos los que comparten la misión institucional. Es que si las demandas sociales fueran la copa de un árbol, cuanto mayor sea su tamaño, más fuertes tendrán que ser nuestras raíces, como tan gráficamente lo manifestó Alfonso José Gómez (SJ).
Demos entre todos significado a la semblanza del juez de la República que María del Carmen Battaini convoca en la memoria de su padre: «Un juez de la República respetado por la sociedad, responsablemente comprometido con su función de servicio. Un ejemplo de persona íntegra. Y es evaluando su actuar que nos encontramos con el perfil del juez de todos los tiempos: su sencillez, su humildad, su temperamento reflexivo, sus palabras precisas, su sentido del humor y fundamentalmente la prudencia en su actuar».
Gracias por compartir estas reflexiones. Gracias por haber optado por integrar el Poder Judicial de Córdoba, gracias por sus capacidades y sus esfuerzos, por los que ya han realizado y por la generosidad y optimismo con los que, descuento, enfrentaremos los días por venir ■
