Las pymes regionales elaboradoras de biocombustibles reclamaron la publicación del precio actualizado de ese producto para el mercado local, ante la difícil situación que enfrenta una treintena de productoras que aseguran se encuentran “al borde de la desaparición”, con riesgo para sus 10.000 trabajadores.
Las compañías que integran la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustible (Cepreb) solicitaron “la inmediata intervención del Gobierno nacional para buscar una respuesta a las 30 productoras que se encuentran hoy paralizadas”.
Para estas pymes, la situación de crisis responde al “incumplimiento, desde diciembre de 2019, de la publicación del precio actualizado por parte de la Secretaría de Energía”, ya que el precio de los biocombustibles está regulado por el Estado nacional.
Más de 80% del costo de la producción del biodiésel es el aceite de soja, “que desde diciembre lleva acumulado más de 25% de aumento, lo que hace imposible cubrir los costos de producción y mantener nuestras plantas operativas”, explicó la entidad mediante un comunicado.
“Estas empresas son el resultado positivo de la aplicación de la ley 26093, promulgada en el año 2006, durante el mandato del presidente Néstor Kirchner, quien fomentó el desarrollo de los biocombustibles como política de Estado”, destacó la Cepreb.
Esta norma -cuya vigencia vence en mayo de 2021- dispuso el corte obligatorio de los combustibles y promovió la diversificación de la matriz energética, el desarrollo de economías regionales, la sustitución de importaciones, la sustentabilidad medioambiental, el federalismo y el trabajo argentino.
“Confiamos en que las máximas autoridades del país tomarán nota de esta delicada situación e intervendrán haciendo cumplir la ley y de esta forma proteger las fuentes de trabajo, la industria nacional y el desarrollo de muchas localidades del interior del país que son el resultado del desarrollo productivo, de inversiones privadas y de una mirada federal de un país”, destacaron.