ESCUCHARPor Jennifer Huddleston * para The New York Times
Cuando los legisladores y reguladores de Estados Unidos se plantean políticas nacidas de sus preocupaciones en materia de Big Tech, como la privacidad de los datos y la inteligencia artificial (IA), deben considerar cuidadosamente cómo esos cambios podrían acabar pisoteando a las pequeñas y medianas empresas que impulsan la innovación y la competencia.
Aunque los responsables políticos tengan en mente a Google y Facebook, las políticas reales podrían crear involuntariamente nuevas cargas regulatorias que podrían disuadir la inversión en empresas más pequeñas e impedir la aparición de nuevas. Por ejemplo, los llamamientos a poner fin a la Sección 230 –parte de una ley de 1996 que protege a las empresas de Internet de algunas demandas– la presentan como una limosna a las grandes tecnológicas, cuando en la práctica significaría que las nuevas empresas de medios sociales se enfrentarían a la responsabilidad desde el principio, lo que haría más difícil competir y las desalentaría a llevar contenidos generados por los usuarios que ofrezcan nuevas oportunidades o formas de conectarse.
De este modo, las normativas que los formuladores de las políticas públicas pueden pensar que van dirigidas a las grandes empresas tecnológicas podrían, en última instancia, servir a las empresas más grandes al imponer cargas cada vez mayores a los competidores potenciales.
En Estados Unidos, el gobierno ha adoptado generalmente un enfoque de no intervención en la industria tecnológica, manteniendo bajas las barreras de entrada y fomentando el espíritu empresarial. Las principales empresas de hoy en día fueron en su día pequeñas empresas emergentes, y la ligereza de los reguladores les permitió prosperar, creando beneficios para los consumidores que no podrían haberse previsto. La economía y los consumidores necesitan que este enfoque continúe para que las nuevas empresas de hoy también tengan una oportunidad.
Podemos ver cómo se aplica esta teoría en el mundo real. Europa ha adoptado un enfoque significativamente diferente de la política tecnológica, que ha ahogado a las pequeñas empresas. Por ejemplo, después de que una ley europea de privacidad, el Reglamento General de Protección de Datos, entró en vigor en 2018, la inversión en pequeñas empresas y startups disminuyó, en gran parte debido a la preocupación de que las pequeñas empresas tuvieran dificultades para cumplir con las nuevas reglas.
A corto plazo, la inversión disminuyó un 36%, y los grandes actores ganaron cuota de mercado en el sector de la publicidad. Uno de los efectos de la normativa, según un estudio de la Oficina Nacional de Investigación Económica, es una “generación perdida” de innovación. Las tiendas de aplicaciones para teléfonos inteligentes han añadido casi un tercio menos de aplicaciones.
Para proteger a los consumidores de la explotación de las grandes tecnológicas, algunos responsables políticos estadounidenses han estado coqueteando con un planteamiento más europeo. Sin embargo, muchos de los cambios políticos propuestos aumentarían los costes de cumplimiento o las cargas de responsabilidad de los agentes más nuevos y pequeños, que podrían no estar en condiciones de afrontarlos. Esto incluye la política de privacidad de datos a nivel estatal, que corre el riesgo de crear un mosaico oneroso y costoso, así como los llamamientos de los senadores para imponer licencias de IA.
Más allá de las cuestiones que tienen costes de cumplimiento, como la privacidad de los datos y la IA, algunos críticos de las grandes tecnológicas han pedido que se aplique la legislación antimonopolio para proteger a las pequeñas empresas de la “zona de muerte”, el periodo de tiempo en el que una gran empresa compra una startup en crecimiento antes de que pueda convertirse en rival de esa empresa. Estos críticos también piden cambios que podrían limitar las fusiones o adquisiciones.
Pero este planteamiento crea una falsa dicotomía entre “grandes” y “pequeñas” empresas que malinterpreta el funcionamiento del ecosistema de las startups. Esta estrategia podría perjudicar a las pequeñas empresas de muchas maneras. Algunas pueden querer crecer hasta convertirse en aspirantes, pero otras se crearon con la esperanza de ser vendidas; los inversores en startups a menudo buscan el momento adecuado para que la empresa sea adquirida y así poder recuperar su dinero. Eso también es válido; este ciclo conduce a más inversión y más innovación.
Bloquear las fusiones y adquisiciones podría obligar a las pequeñas empresas a seguir siendo pequeñas o, peor aún, podría empujarlas a la quiebra. Las normas antimonopolio preocupadas por frenar a las grandes tecnológicas acabarían perjudicando al sector, a la economía y a los consumidores.
Lo vimos recientemente cuando los reguladores bloquearon la adquisición de IRobot por parte de Amazon. Lo más probable es que el resultado no sea una competencia renovada, sino que los consumidores tengan menos opciones, ya que IRobot se enfrenta a una grave situación financiera y despide a trabajadores. Si se siguen poniendo trabas a las fusiones y adquisiciones y se deja de prestar atención a los consumidores, esto podría convertirse en un fenómeno más frecuente, en detrimento tanto de las pequeñas empresas como de los consumidores.
Las pequeñas empresas y las startups desempeñan un papel importante en el ecosistema tecnológico y han florecido bajo el toque ligero de los reguladores estadounidenses. Después de décadas de experiencia, permitir que la política esté marcada por la enemistad actual hacia las grandes empresas tecnológicas sería un viraje peligroso y podría tener consecuencias imprevistas para las nuevas empresas y los consumidores.
(*) Investigadora especializada en la intersección de las tecnologías emergentes y el Derecho.
