CAME: “Queremos vender trabajo argentino en el mundo”.

En el marco del Plenario Nacional de Economías Regionales fueron analizadas oportunidades de mejora y necesidades de gestión

Más de 120 empresarios primarios y agroindustriales pymes de todo el país nucleados en el sector de Economías Regionales, y la Mesa Agroalimentaria de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se reunieron para analizar sus principales desafíos, oportunidades de mejora y necesidades de gestión, en el marco del Plenario Nacional de Economías Regionales.

Ante un centenar de pequeños y medianos productores, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, reparó en la necesidad de contar con políticas diferenciadas para las pymes. Destacó la importancia de “vender trabajo argentino al mundo” y dijo que el desafío es aumentar las exportaciones.

En relación con la Certificación de Triple Impacto creada por CAME, el secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (Magyp), Luis Contigiani , anunció la decisión de la cartera de Agricultura de reconocer e integrar el Sello CAME Sustentable a Alimentos Argentinos, lo que permitiría acceder a los beneficios que este último programa otorga por ley.

Además de Massa y Contigiani, estuvieron presentes Jorge Solmi , secretario de Relaciones Institucionales del Magyp; y Eduardo Rodríguez , director del área de Economías Regionales (ER) de CAME.

Recuperar la cultura del trabajo fue el reclamo central de los representantes de los 31 complejos productivos, quienes expresaron su preocupación ante la falta de mano de obra para tareas temporale s, como la cosecha, pese a la compatibilidad de los planes o programas sociales con el trabajo rural registrado. También solicitaron avanzar en una reforma tributaria integral que promueva la producción nacional y el agregado de valor en origen.

Incertidumbre

En el plenario nacional los productores vitivinícolas aseguraron que no tienen precios de referencia para sus uvas en plena época de cosecha. Las entregas en consignación se están realizando pero aún no saben cuánto cobrarán por su producción. “Ante la crisis hídrica, tenemos 30% menos uva en San Juan y no hay un precio razonable. El INTA de Junín (Mendoza) hizo un estudio por el que el costo de producción de un kilo de uva común ronda $35, mientras que los industriales nos ofrecen $27/$28 en siete pagos mensuales a partir de junio”, afirmó Eduardo Garcés , presidente de la Federación de Viñateros y Productores Agropecuarios de San Juan.

Este caso visibiliza la falta de transparencia del mercado y la débil posición en la que se encuentra el productor primario. “Por esto es clave trabajar en precios justos en cada una de las cadenas de valor para que cada eslabón obtenga la rentabilidad que merece, priorizando al sector productivo”, propuso CAME.

Por otra parte, quienes exportan a la zona de guerra cítricos, vinos a granel y peras y manzanas manifestaron su intranquilidad ante un posible resentimiento del comercio internacional. A la devaluación del rublo ruso y el encarecimiento de la energía podrían sumarse complicaciones logísticas y alteraciones en las condiciones de pago. “Perder un mercado importante para las mandarinas como lo es el ruso significaría una pérdida muy significativa de divisas, además de que esa oferta se volcaría al mercado interno y provocaría una fuerte caída en los precios”, sostuvo Ariel Panozzo Galmarello , presidente de la Federación del Citrus de Entre Ríos.

Otro de los reclamos giró en torno a la inminente entrada en vigencia de la normativa que dispone la utilización obligatoria de patentes vinculadas con el dominio del vehículo tractor o de remolque, en tráileres y casas rodantes comprendidas en la categoría 01 hasta 750 kilos.

Según comentaron los productores, quienes trasladan sus máquinas cosechadoras y su producción en grandes tráileres, esta norma de homologación alcanzaría todas las categorías e impactaría de lleno en el sector. Advierten de que las modificaciones que habría que efectuarles a esos tráileres para ser homologados son imposibles de pagar: instalación de frenos, cambios de estructura o bancos de prueba, más aún teniendo en cuenta la falta de rentabilidad que afrontan los diversos complejos productivos. Por ello, solicitan derogar la reglamentación realizada entre los años 2018 y 2019 y volver a regirse por la disposición 1136/96.

Entre los objetivos para este año, se plantearon obtener una reducción del costo laboral mediante la prórroga y actualización de la base imponible -hoy congelada en $17.509,20 por la ley 27541-. Además solicitaron la extensión a más actividades agroindustriales y dar una mayor difusión al beneficio de la compatibilidad de planes sociales con trabajo registrado. Se solicitó además alcanzar una reducción o eliminación de los derechos de exportación a todas las economías regionales, de acuerdo con lo establecido por la ley 27541.

Asimismo, promueven crear una Cuenta Única Tributaria para pymes que netee automáticamente las obligaciones de los saldos a favor que existan, pudiendo cancelar con agilidad deuda impositiva, previsional y aduanera. Además, proponen trabajar en un proyecto de seguro integral agropecuario que contemple las producciones extrapampeanas, promoviendo beneficios fiscales para aquellas empresas que cuenten con certificaciones de triple impacto. Por último, propusieron garantizar la disponibilidad de insumos esenciales para la producción agroindustrial y obtener tarifas diferenciales para reducir los costos de energía y gas de las pymes.