Violencia institucional: cuando es el Estado el que reproduce criminalidad

Dos jóvenes abogadas relevaron las experiencias de 21 personas privadas de su libertad en cárceles cordobesas. Muestran las consecuencias de la inacción o la mala acción de los estamentos oficiales.

¿Qué ocurre cuando no existe o es incorrecta la implementación de los mecanismos de amparo, correctivos o punitivos por parte del Estado? Dos investigadoras se pusieron a estudiar y se concentraron en un tipo particular de violencia, la institucional, aquella ejercida por el uso arbitrario o ilegítimo de la fuerza, ejercido o permitido por las reparticiones del Estado. Y no lo hicieron sólo desde la teoría sino que abonaron su tesis con un trabajo empírico a partir del relevamiento de las experiencias de quienes se encuentran inmersos en esta violencia y hoy están privados de su libertad.

Mediante 21 relatos de internos (16 hombres y cinco mujeres) alojados en el Complejo Carcelario Nº1 y en el Establecimiento Penitenciario Nº3, Laura Casola y Natalia Monasterolo advierten cómo se termina reproduciendo el fenómeno de la criminalidad en la sociedad. El trabajo encarado no es fortuito, ambas se preguntaban porqué aquellos niños y adolescentes que entraban en instancias judiciales de prevención, luego volvían a verles las caras, ya jóvenes o adultos, en instancias correctivas y de ejecución penitenciaria. Casola trabaja en la Fiscalía de Instrucción Distrito 2 Turno 5, y Monasterolo en el Juzgado de Control Nº3.

“Lo que analizamos fue la problemática del individuo que empieza atravesando una situación de vulnerabilidad, accede a una siguiente instancia de intervención por parte del Estado ya convertido en un niño o adolescente que delinque y de alguna forma, indefectiblemente, termina por convertirse en un adulto delincuente. A ambas nos impactó esta realidad, de un individuo que empieza a ser abordado por el Estado desde muy pequeño y no termina de ser abordado nunca. El problema, en vez de desaparecer, no sólo continúa sino que empeora y desde allí nos planteamos la posibilidad de formular un nuevo concepto al que llamamos violencia institucional”, explica Monasterolo.

A su turno, Casola agrega: “Partimos de la pregunta ¿por qué estas instancias se iban sucediendo una a la otra y no funcionaban como filtro? En esa búsqueda de respuesta es que elaboramos ese concepto de violencia institucional para reflejar que todo esto se debía a un mal abordaje del Estado en todo los órganos e instancias”.

Cuando definen “mal abordaje” sostienen que en nuestro país el Estado ha adoptado, en materia de infancia y adolescencia, un paradigma de “protección integral”, modelo que consideran no se está cumpliendo como debería. “Si adoptó ese modelo debe cumplimentarlo sea con leyes y políticas públicas coherentes, con un sistema judicial que también sea coherente con esto”, subrayan.

“Ya no tengo salida”

En una de las entrevistas en la cárcel, quedaron impactadas por una chica de 24 años que desde los cinco ya conocía lo que era vivir en la calle, con su hermana, porque la madre tenía problemas de alcohol y el padre era violento. Dormían en un edificio abandonado, se tapaban con cartones y un día una vela con la que se iluminaban generó un incendio. Ese día, junto a los bomberos, llegó el juzgado de Menores y las enviaron a un instituto de menores.

“Ella refiere ese momento como un quiebre en su vida, dijo que no le preguntaron qué quería ni le dieron explicaciones, la mandaron a un instituto donde conoció lo que eran los abusos sexuales, donde no dormía de noche porque su hermana lloraba porque decía que la tocaban y ahí ella comenzó a generar como una especie de resentimiento, lo que llamamos una resocialización negativa producto del abordaje del Estado”, explicó Casola.

“Esta sensación de rechazo que tenía hacia todo lo institucional -agregó- la llevó a juntarse con un tipo de gente que la arrastró hacia el delito. Ella me dijo que se acordaba de que la primera vez que robó fue una cadenita y tenía 15 años y de ahí comenzó un derrotero hasta que quedó detenida. Estuvo en una prisión preventiva, salió, cometió otro delito y ahí había estado detenida otros cinco años y ahora estaba pronta a salir. Durante la entrevista me decía, ‘ya no tengo salida, ahora quiero salir por mi hijo”.

Monasterolo suma otro ejemplo, la historia de un interno de 20 años cuya madre era adicta y su padre muere por sobredosis cuando él tenía dos años. Él contó que tuvo que rescatar a la madre de suicidarse con el horno. Desprotegido y solo, fue institucionalizado.

Para el joven, la institucionalización fue lo peor, generó un quiebre, un alejamiento de su entorno. Cuando cesó su internación judicial, volvió con la madre, que estaba en pareja con una persona que se dedicaba a delinquir y que lo ingresó al circuito del delito. “Yo robaba para descargarme”, decía.

“Luego, ingresa en el consumo, continúa robando, vuelve a ser institucionalizado ya por la instancia de corrección. En una de esas oprotunidades la madre muere y él continúa delinquiendo y consumiendo. Y uno se pregunta: ¿qué hizo el Estado?”, cuestiona.

Finalmente, concluye: “Y después, con un adulto delincuente, ¿cuánto puede reinsertar un medio como la cárcel, que en palabras de los propios internos es ‘terrible’. Un medio donde el consumo está legitimado, el acceso a la capacitación laboral es totalmente rudimentario y las conductas delictivas están prendidas para poder sobrevivir allí”.

En foco
Obsoletas ideas de justicia

Las abogadas avanzan más en su investigación y se preguntan si la problemática de la violencia institucional es un tema de derecho objetivo o de cultura legal y, en este sentido, advierten que la mirada de los operadores judiciales tengan sobre lo que la Justicia debe ser “es fundamental”.

“Ves que un operador jurídico que tiene que abordar un niño prevenido lo hace igual que con un niño que está en corrección, que delinque. A estos niños que todavía están en una situación de vulnerabilidad, que no han cometido delito y que están en un contexto hostil, que necesitan protección, los tratan como delincuentes por las condiciones en la que los encierran, porque no los escuchan. Por eso hablamos de un problema de cultura legal”, coinciden.

En su conclusión, sostienen que la violencia institucional, si bien está relacionada con los elementos objetivos del sistema legal (normas e instituciones), “encuentra su principal fuente en la esfera sociolegal, donde se entrelazan las conductas de los operadores jurídicos con obsoletas ideas panópticas de justicia y deber ser”.

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