ESCUCHARLa Agencia de Noticias Científicas de la UNC informó que en Córdoba se vulnera un derecho consagrado hace casi cien años por la legislación: la interrupción legal del embarazo, reconocida desde 1921 en el Código Penal para los causales de violación y riesgo de vida o salud de la mujer.
A horas de que se trate la despenalización del aborto en el Senado, UNCiencia, la agencia de noticias científicas de la Universidad Nacional de Córdoba, informó que solo tres médicas de la Maternidad Nacional garantizan en Córdoba la interrupción legal del embarazo. Además, la agencia señaló que en la provincia “se vulnera un derecho consagrado hace casi cien años por la legislación argentina” como es la interrupción legal del embarazo, reconocida desde 1921 en el Código Penal para los causales de violación y riesgo de vida o salud de la mujer.
Cabe recordar que, si bien el aborto en esos casos fue avalado por la Corte Suprema de la Nación en 2012, en Córdoba su aplicación está frenada por un amparo de la asociación Portal de Belén.
Gladys Ponte, médica ginecóloga, docente de la Facultad de Ciencias Médicas (UNC) e integrante del Departamento de Salud Reproductiva de la Maternidad Nacional, es una de las tres profesionales que garantizan, en una provincia de tres millones y medio de habitantes, el acceso a ese derecho.
Trabaja desde hace casi 50 años en el ámbito de la salud reproductiva. En el hospital Rawson atendió (y vio morir), a lo largo de tres décadas, a centenares de mujeres que llegaban con complicaciones derivadas de abortos realizados en condiciones inseguras.
“Yo soy católica, voy a misa –aclara Ponte–. Pero nunca vi a nadie acompañando a esas mujeres. Con algunos compañeros hemos pasado hasta 12 horas al lado de la cama de una mujer que sabíamos que se iba a morir, viendo qué más podíamos hacer por ella”, recuerda la médica.
“Nunca culpabilicé a ninguna mujer por esas decisiones –continúa–.Trabajé mucho con ellas e hice investigaciones profundas para ver cuáles eran los motivos por los que llegaban a estas situaciones de tanto sufrimiento. La pobreza era lo primero y la no posibilidad de controlar su anticoncepción. Las mujeres estaban a la deriva”, remata la médica. Hoy, a pesar de tener pedido de jubilación por parte de la UNC, es una pieza clave de la salud pública de Córdoba, al ser la más activa de las tres profesionales que garantizan la interrupción legal del embarazo para toda la provincia. De las otras dos profesionales, una está con licencia por maternidad hasta fines de 2018, y la tercera trabaja ad honorem y no realiza abortos quirúrgicos. En marzo del año que viene, cuando Ponte tenga que retirarse, sólo quedarán dos profesionales garantizando ese derecho a más de un millón y medio de mujeres.
“Esto es Córdoba”, dice, sentada en un escritorio que nada tiene de moderno, en un consultorio pintado de beige hospitalario, donde también hay una camilla ginecológica. “Yo planteo: este año estamos en la Córdoba de la Reforma, pero es la Córdoba de las campanas, y cada vez suenan más las campanas que las reformas”.
Ponte comenta: “Siempre tenemos menores; ha habido muchísimas a las que se les ha podido resguardar el material genético. Son causas judicializadas y a veces se ha podido condenar a los abusadores. También llegan mujeres adultas que no quieren denunciar. Si no denuncia, nosotras hacemos la intervención igual”.
Las médicas, antes de la intervención, toman una declaración jurada que testimonie que la mujer fue violada y, por lo tanto, reclama el derecho a la interrupción legal.
“Confiamos en ellas ¿Por qué? Porque no creemos que ninguna mujer que haya sido sometida a una violencia sexual venga tan alegremente a contar sus cosas”, agrega Ponte.
