ESCUCHARAnte hechos y advertencias contra integrantes del Poder Judicial que investigan delitos complejos, la Federación Argentina de la Magistratura (FAM) pide la implementación de “medidas mínimas”. En Córdoba elevaron la solicitud a la Fiscalía General.
Por Carolina Klepp – [email protected]
Jueces y fiscales nucleados en la Federación Argentina de la Magistratura (FAM) están pidiendo protección ante amenazas y presiones que están sufriendo magistrados y funcionarios judiciales al frente de investigaciones vinculadas con bandas criminales altamente organizadas, con recursos económicos y tecnológicos que intimidan a integrantes de la Justicia. Concretamente, piden la implementación de un “Protocolo de medidas mínimas para la seguridad y protección judicial”, que consta de 11 puntos.
Días atrás, el presidente de la FAM, el juez cordobés Víctor Vélez, lo presentó ante la Fiscalía General a cargo de Alejandro Moyano, en el marco del estado público que tomó el caso de amenaza y preparativo de atentado contra el fiscal de Río Tercero, Alejandro Carballo.
“Hechos como éste, que pretenden intimidar a un funcionario público con motivo del legítimo ejercicio de su función, tienen que ser enérgicamente repudiados porque no sólo constituyen un atentado contra su persona o familia sino contra el Estado mismo, lo cual no puede ni debe tolerarse”, dice la nota firmada por Vélez y presentada ante Moyano, a la que tuvo acceso Comercio y Justicia.
El documento agrega que la seguridad de los miembros del Poder Judicial, integrantes del Ministerio Público y de sus respectivos familiares es un tema que preocupa mucho a las asociaciones que los nuclea, por ello dejó un ejemplar del protocolo consensuado por jueces y fiscales de 14 países latinoamericanos, durante la última Asamblea de la Federación
Latinoamericana de la Magistratura, realizada en México en abril pasado.
Según señaló Vélez, en ese encuentro se trataron casos extremos relacionados con investigaciones relativas al narcotráfico, como los asesinatos de magistrados en México o las presiones e intimidaciones sufridas por jueces y fiscales en Rosario.
“La realidad de la sociedad Latinoamericana refleja un clima de alta y desmedida violencia e inseguridad pública que encuentra a sus protagonistas en individuos o grupos del crimen organizado nacional o transnacional que, a través de la amenaza, extorsión, asesinato o sicariato, ponen en la línea frontal de riesgo a los/las administradoras de justicia, y presionan negativamente su desempeño profesional y, por ende, merman o socavan su independencia de juicio, en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales”, se advierte en los considerandos del protocolo.
En detalle
El documento presentado ante Moyano, del cual Vélez, en representación de jueces y magistrados, aún aguarda respuesta, establece la “creación, reorganización o fortalecimiento de las oficinas encargadas de la seguridad y protección de jueces/juezas así como de su familia inmediata y de instalaciones judiciales, como medida de prevención no policial, cultura de respeto a la ley y a la prevención social”.
Asimismo, determina la creación de una oficina especializada en la recopilación de datos referentes a factores de riesgo que pudieren afectar a jueces y fiscales -en general y en particular- de manera que éstos puedan ser tenidos en cuenta para determinada acción específica en cada caso, según el entorno laboral y familiar.
Además, fija la “coordinación permanente, con los distintos estamentos de seguridad del Estado, que faciliten el intercambio de información de inteligencia y apoyo efectivo y directo respecto a las respuestas inmediatas que deban ejecutarse frente a una acción delictiva en contra de un juez o jueza o de su familia, resguardando los postulados de necesidad, celeridad, oportunidad, proporcionalidad del riesgo y reserva de información”.
Al buscar mayor protección, el documento también apunta a la elaboración de los manuales De Seguridad y De Procedimientos para los funcionarios judiciales, de fácil comprensión, que sirvan de guía y consulta para crear una cultura de seguridad judicial adecuada.
Finalmente, insta al establecimiento de planes estratégicos de seguridad institucional; de prácticas y divulgación periódica de acciones de prevención y reacción; “de protección permanente y emergente contra posibles ataques o ataques reales a la integridad de los funcionarios judiciales y familiares, instalaciones físicas de los poderes judiciales, en casos tales como extorsión o fraude telefónico, acciones de secuestro, amenaza armada, aviso de bomba, fuego y actos de similar naturaleza en contra de los administradores de justicia”.
Algunos recaudos
Control y vigilancia de tribunales; seguros de vida
La Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), que nuclea a jueces y fiscales de 14 países -Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, México, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Costa Rica y República Dominicana- fue la creadora del mencionado protocolo.
La entidad advierte de que entre las acciones de protección se controle y vigile el acceso a las instalaciones del Poder Judicial y que comprenda, entre otros, los estacionamientos y el perímetro de protección de los visitantes, proveedores, personal de limpieza; el examen adecuado de paquetes y objetos sospechosos mediante la inspección física, el uso de detector de metales u otros equipos de seguridad. Asimismo, solicita la proporción de vehículos blindados y/o escoltas en caso de que se requieran, por la gravedad del riesgo potencial y/o la ubicación o circunscripción del lugar del litigio.
También contempla la reubicación voluntaria del funcionario judicial a otra circunscripción territorial ante situaciones de riesgo grave; así como la contratación institucional de seguros de vida, médicos y seguros diferenciados en atención al riesgo asumido por cada magistrado dependiendo de las labores judiciales que desempeñe.
Independencia
– El “Protocolo de medidas mínimas para la seguridad y protección judicial” advierte de la necesidad de sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la seguridad de jueces y fiscales “en aras de preservar su independencia en la decisión de conflictos”.
– También apunta a la gestión ante el Poder Legislativo “de la adopción de tipos penales agravados, de aquellas acciones que atenten contra los/las juzgadoras en el ejercicio de sus funciones judiciales o en ocasión de su desempeño”
