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Por la crisis, bioquímicos piden negociar aranceles y exención del IVA en insumos

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Silvia Zamory, presidente del colegio profesional que los nuclea, alertó sobre que -a causa de los precios dolarizados de reactivos para diagnóstico in vitro utilizados a diario- difícilmente se podrá sostener el stock necesario para la respuesta sanitaria a la demanda habitual

Por Carolina Klepp – [email protected]

Los bioquímicos cordobeses expresaron ayer que la coyuntura económica golpea fuertemente al sector lo que se traduce en crisis sanitaria. La presidente del Colegio de Bioquímicos de la provincia, Silvia Zamory, sostuvo que los profesionales utilizan diariamente reactivos para diagnóstico in vitro cuyos precios están atados al valor del dólar y que difícilmente podrán sostener el stock necesario para la respuesta sanitaria a la demanda habitual. “Los proveedores no están entregando insumos o si lo hacen, entregan sin precio, con lo cual no sabemos a qué precio pagaremos”, afirmó preocupada Zamory a Comercio y Justicia.

“Como prestadores de salud nuestros financiadores son principalmente el Estado (Apross y PAMI) y el resto de obras sociales y prepagas, estando sujetos a aranceles rígidos, definidos casi unilateralmente por los financiadores, con escasa elasticidad para la negociación y que no aumentan en proporción a los indicadores económicos ni de los aumentos que el mismo sector ha impuesto a sus afiliados. Si además los insumos para realizar las prácticas están indexados a precio dólar, ya que en la mayoría de los casos se trata de productos de importación, resulta imposible lograr un equilibrio que permita sostener los servicios”, advirtió la titular del colegio.
Asimismo, subrayó que los fondos que reciben las prepagas y las obras sociales, que han aumentado de manera ininterrumpida los aportes o cuotas a sus afiliados, no se trasladan de manera proporcional a los aranceles que pagan las mismas a sus prestadores.
“Para quienes ejercen dependiendo de insumos para diagnóstico, el IVA es un factor que impacta fuertemente. Las prestaciones de salud gozan de exención de IVA para los usuarios de obras sociales. Sin embargo, el prestador está obligado a pagar por sus instrumentales e insumos alícuotas de 10,5% y 21% de su valor de venta respectivamente. Este IVA no computable es un sobrecosto que se suma a este agravamiento”, graficó.

Los profesionales afirman que -ante la falta de recomposición arancelaria de las prácticas bioquímicas por parte de las prestatarias y la dificultad de adquirir los insumos necesarios para realizar los análisis bioquímicos, por el alto costo- los laboratorios, de seguir así la situación, no podrán asegurar la prestación de los servicios esenciales para la salud de la población ni sostener honorarios y/o salarios de profesionales que acompañan en la tarea dentro de un laboratorio.
“Se debe implementar una acción de descompresión que permita continuar con las actividades y evitar el cierre de establecimientos. El diálogo con los organismos de la administración pública es fundamental y urgente, el mismo debe incluir a la representación de todos los sectores involucrados”, dijo Zamory, quien solicita que Apross los atienda por este tema.
El Colegio de Bioquímicos local apoyó ayer la petición de exención del IVA para insumos del sector que realizó ante Presidencia de la Nación la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina (Cubra).

Radiólogos y ATSA, en alerta
Por su parte, ante el conocimiento de la solicitud de procedimiento preventivo de crisis por parte clínicas y sanatorios de la provincia, situación que trascendió la semana pasada, radiólogos y trabajadores de la salud se manifestaron en estado de alerta.
“Ante las versiones sobre los pedidos del procedimiento preventivo de crisis por parte de clínicas privadas de la salud, el gremio de la Sanidad (Atsa Córdoba) rechaza esa pretensión y repudia la actitud patronal que pretende crear zozobra entre los trabajadores. No es cierto que unas 50 empresas estén en esas condiciones, ya que la cifra es muy inferior, por lo que el gremio considera que esa mala información lanzada por las patronales confunde a los trabajadores y a los propios funcionarios del área laboral”, sostuvo ayer Ricardo López, secretario General de Atsa, en un comunicado.

Por su parte, Maricel Bruno, vicepresidente del Colegio Profesional de Producción de Bioimágenes, que nuclea a los radiólogos de la provincia, señaló que la solicitud de las clínicas podría acarrear suspensiones temporarias, bajas de salarios y hasta la pérdida del empleo. En diálogo con este medio, graficó que “otra vez son los trabajadores los que deben compartir las pérdidas económicas ante una coyuntura desfavorable para el empresariado” y agregó: “Durante años las ganancias que generamos por nuestra tarea a los empresarios es millonaria y prueba de ello es el crecimiento exponencial que tienen las clínicas y sanatorios en cuanto a infraestructura y equipamiento durante los últimos años. Por ello, la institución dice ‘basta de cargar sobre los hombros de los trabajadores las consecuencias negativas que puedan tener las empresas”.

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