Organizaciones civiles presentaron un informe con advertencias sobre la calidad institucional municipal

[caption id="attachment_201597" align="alignleft" width="89"] Por Carolina Klepp cklepp@comercioyjusticia.info [/caption] Presentaron el informe “En Córdoba ¿la democracia está en pausa?”. Señalan que existe aplicación selectiva del “receso administrativo” decretado por la pandemia que favoreció en que ciertos plazos no corren y se actúe con discrecionalidad Más de 60 organizaciones civiles nucleadas en el Espacio Seamos Partícipes y Red Ciudadana Nuestra Córdoba presentaron el informe “En Córdoba ¿la democracia está en pausa?, que advierte de la calidad institucional en la Municipalidad de Córdoba. [privado] “El informe recorre la situación actual en torno a tres aspectos que hacen a la esencia del régimen democrático: la representación, la participación y los procesos de toma de decisiones, rendición de cuentas y control. El análisis de estos tres ejes pone foco en la situación prepandemia y las formas como se han agravado las problemáticas durante el aislamiento”, precisa. “Desde hace más de 10 años, uno de los temas que monitoreamos es cómo funcionan las instituciones y las prácticas de la democracia”, afirmó la politóloga Pamela Cáceres, una de las coordinadoras de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba y exdecana de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Católica de Córdoba (UCC). “Cuando asume el nuevo gobierno municipal estaba claro, y así lo habían planteado en su propuesta electoral, que tenían el desafío de avanzar en la descentralización de la ciudad, en generar mejores mecanismos de participación, de control, sobre todo en las políticas que tenían que ver con los proyectos urbanísticos que sabemos han sido conflictivos, en los grandes desafíos que tenía respecto a la movilidad y la gestión de los residuos. ¿Qué es lo que observamos desde la asunción de esta nueva gestión -que no es sólo en la pandemia-?, que en general la estrategia o el modo de actuar es por medio de decisiones bajo el efecto sorpresa, en el que hay un planteo de ‘estamos haciendo muchas cosas’ en términos de sorpresa pero sin mecanismos de diálogo, sin seguir los procesos institucionales que garantizan que esas decisiones sean democráticas, participativas, transparentes”, advierte Cáceres con respecto al gobierno del intendente Martín Llaryora . La politóloga señaló que, entre los resultados del informe, las organizaciones civiles observaron que las acciones y las decisiones que se están tomando “son acuerdos fragmentados con algunos sectores, en general corporativos, y con decisiones centralizadas; eso utilizando principalmente la aplicación selectiva del ‘receso administrativo’, por el cual la pandemia ha favorecido en que ciertos plazos no corren, en que los procesos en el Concejo Deliberante no se cumplen y que haya discrecionalidad en qué se hace, en qué se avanza y en qué no”. Cabe recordar que el receso administrativo se establece a partir del decreto nacional, al cual adhiere la comuna, planteando que la Administración pública tiene que tomar los recaudos necesarios para evitar los contagios, realizar las actividades esenciales, garantizar las condiciones “y que por tanto, todos los plazos que corren para la administración quedan detenidos”, describe Cáceres. Agrega que con tal receso por la declaración de la pandemia, también el funcionamiento del Concejo Deliberante se ha visto afectado en los procesos de deliberación y de aprobación de las iniciativas del Ejecutivo. Da como ejemplo la emergencia del transporte en la ciudad. También señala que las Juntas de Participación Vecinal tampoco han sido convocadas y que el Ejecutivo local eliminó la Secretaría de Participación Ciudadana, que estaba a cargo de Guillermo Marianacci, y suspendió la convocatoria de las juntas territoriales en torno a los centros de participación comunal (CPC). “Antes de la pandemia, el municipio, desde la entonces Secretaría de Participación Ciudadana, tenía a cargo el plan de descentralización que estaba orientado a fortalecer las juntas como un espacio para decidir políticas públicas, pero reformaron la ordenanza de juntas y presupuesto participativo. Antes de eso, las juntas tenían injerencia en el presupuesto participativo e iban a definir los Planes de Metas por CPC, pero todo quedó sin efecto porque no se convocaron pues la Secretaría de Participación Ciudadana desapareció y pasó al ámbito de Desarrollo Social. Lo cual es una desjerarquización”, concluye. Finalmente, señala que el municipio aún no ha cumplido con la presentación del Plan de Metas de Gobierno que tenía que presentar en abril. “Lo que vemos es que el municipio, en los hechos, avanza en decisiones estructurales que deberían ser parte de ese Plan de Metas, por ejemplo la creación del ente Biocórdoba, el plan de movilidad urbana que tiene un financiamiento de la Unión Europea para un plan de movilidad participativa, pero en el ínterin elimina recorridos de los ómnibus, deja sectores de la ciudad desprotegidos, sin cobertura de transporte”, ejemplificó. En cuanto a gobierno abierto, agregó que “está totalmente paralizado todo lo que tenga que ver con acceso a la información pública”. Informe completo: https://bit.ly/2Zw8LY9 [/privado]

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