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La Procuración Penitenciaria pide implementar la “ley de los mil días” para gestantes encarceladas

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La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) recomendó al Ministerio de Salud que incorpore la situación de mujeres y personas gestantes en contacto con el sistema penal y la primera infancia en las políticas públicas que contempla la recientemente aprobada ley 27611 de “Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia”.

“En su recorrido institucional, la PPN ha puesto un especial interés en la situación particular de las mujeres y personas gestantes encarceladas o bajo medidas alternativas a la prisión, así como a la promoción del fortalecimiento del vínculo materno-filial a través de medidas y políticas públicas respetuosas de los derechos de las mujeres y los niños y niñas. En los últimos años, el organismo ha fortalecido también una línea de trabajo focalizada en la visibilización de la situación de los niños, las niñas y adolescentes con referentes privados de libertad y sus necesidades específicas”, señala un comunicado de la PPN.

La ley 27611, sancionada en el año 2021 por el Congreso de la Nación, busca la integralidad de las políticas públicas dirigidas a las mujeres y personas gestantes y a la primera infancia, y contiene entre sus principios rectores la articulación y coordinación de los distintos organismos competentes en las políticas públicas dirigidas a la primera infancia hasta los tres años; la simplificación de los trámites necesarios para el acceso a los derechos de la seguridad social; el diseño de políticas públicas que brinden la asistencia y el acompañamiento adecuado para que las familias puedan asumir sus responsabilidades de cuidados integrales de la salud; y el acceso a la información y a la capacitación para el ejercicio de derechos.

En este marco, el Equipo de Género y Diversidad Sexual y la Coordinación para el monitoreo integral del derecho a la vinculación familiar y social consideran necesario contemplar todos los grupos que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad, como es el caso de aquellos que se encuentran en contacto con el sistema penal. “En ese camino, se elaboró la presente Recomendación en la cual se advierte de la importancia de incorporar al colectivo de mujeres y personas gestantes y la primera infancia en contacto con la ley penal a las políticas públicas que se desprenden de la Ley 27.611, y que sean avaladas y acompañadas por los organismos del Estado vinculados con la problemática de este grupo específico”, concluye.

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