“La legislación sanitaria es un sistema inarmónico, inequitativo y está en crisis”

El profesional dijo que hay tantas normas “como jurisdicciones en el país”, y también reprobó la falta de un criterio uniforme en la adhesión de las provincias a las pautas nacionales.

“La legislación sanitaria argentina está en crisis y para salir de ella hay que presentar una propuesta enriquecedora, que lleva tiempo”. La definición pertenece a Oscar Garay, abogado especialista en la materia y en derecho médico, ex consultor del Ministerio de Salud de la Nación y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), quien  además describió el actual compendio normativo como un “sistema desequilibrado, inarmónico e inequitativo”.

“Las características que señalan esta crisis es el déficit en materia de legislación sanitaria y la fragmentación, hay tantas normas sobre legislación sanitaria como jurisdicciones en nuestro país”, definió, tras disertar ayer sobre el tema frente a sus pares locales en un seminario organizado por la Sala de  Derecho de la Salud, del Colegio de Abogados de Córdoba.

Para Garay, la fragmentación se incrementa a partir de lo tripartito del sistema: la Salud pública, la seguridad social y lo privado. Este último subsistema acaba de cobrar relevancia en la opinión pública tras la reciente votación del Senado, con giro nuevamente a Diputados, de un proyecto para regular la medicina prepaga.

“Este proyecto de regulación del sector prepago viene a llenar un vacío legal. El sector prepago integra, junto con  el sector público y las obras sociales, el sector salud. Mientras estos últimos estaban regulados, el de la medicina prepaga no. Es una necesidad, incluso para los actores empresariales a quienes va a ayudar para manejarse con mayor seguridad jurídica”, aseguró.

Sin embargo,  señaló que la votación del Senado fue recibida con una sensación de malestar por los directivos de las prepagas, fundamentalmente porque no hubo variaciones -tal como ellos pretendían- en el artículo que busca impedir que se rechace la afiliación de personas con enfermedades contraídas previamente o que tengan determinada edad.

“Son distintos los fines y el sostenimiento financiero que tienen las obras sociales, por un lado, y la medicina prepaga, por el otro. En las primeras hay un sostenimiento financiero mediante el APE (Administración de Programas Especiales) y, por lo tanto, en el sistema nacional de obras sociales está prohibido el tiempo de espera y las preexistencias, lo que sí es una regla o se utiliza en el sector de la medicina prepaga. Este punto es controversial”, subrayó Garay.

Derecho a comerciar
“El sector prepago debe seguir batallando y si no logra ningún tipo de acuerdo en Diputados, debe seguir batallando para que haya un equilibrio en el sostenimiento financiero de esta problemática a partir de la reglamentación de la ley”, sentó postura el especialista, y  consideró que las prepagas “tienen el derecho constitucional de comerciar y deben tener reglas claras”.

En ese sentido, Garay estimó que se debe llegar a una resolución “razonable” que contemple ambas partes, aunque reconoció que los asesores legislativos no han conseguido aún llegar a  una fórmula de este tipo.

También se refirió a una de las modificaciones introducidas por el Senado, que cambió la autoridad de aplicación colocando al Ministerio de Salud en este rol en lugar de la Secretaría de Comercio, como figuraba en el proyecto original. Sobre esta modificación, Garay dijo estar “parcialmente de acuerdo” porque “en materia de los aspectos de salud y sanitario tiene que haber una mayor ingerencia y rol rector por parte del Ministerio de Salud, pero le falta experiencia en los aspectos de la relación consumidor-empresas”.

En otro orden, destacó la falta de armonía y criterio uniforme en la adhesión de las normas nacionales por parte de las provincias. “Esto se está intentando corregir a partir de la creación del Cofelesa (Consejo Federal de Legisladores en Salud) en el Congreso, cuyo objetivo es mejorar la calidad de la legislación sanitaria y armonizar la legislación interjurisdiccional”.

Vacío en bioética

–  Garay se refirió al vacío legal que existe en materia de bioética.
–  “La cuestión tiene que ver con razones culturales; en el mundo, la característica fue la inflación legislativa que en los aspectos bioéticos no se dio”.
–  “En esta materia hay que tener unas cuantas normas. Ocurre que  está pendiente de darse, en el ámbito médico y del derecho, una revolución cultural, un cambio, un avance educativo sobre estos aspectos”.

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