Ingresó al Senado el proyecto del Gobierno para regular las restricciones por la pandemia

La iniciativa del Ejecutivo nacional tiene por fin establecer los criterios sanitarios por los cuales deberá regirse la toma de decisiones contra el coronavirus. Podrían suspenderse por ley las clases presenciales donde haya "alarma epidemiológica"

El Gobierno envió ayer al Congreso el proyecto para establecer por ley los criterios epidemiológicos por los cuales deberán regirse las medidas y restricciones ante la pandemia de coronavirus en las distintas jurisdicciones, según la situación en la que esté cada una de ellas, que Juntos por el Cambio resiste porque considera que ampliará las atribuciones de la Casa Rosada. [privado]

Según fuentes parlamentarias, la iniciativa, que ingresó al Senado, no distingue entre zonas geográficas sino que establece "parámetros epidemiológicos y sanitarios" conforme los cuales las provincias, la ciudad de Buenos Aires y el Gobierno nacional, según las competencias de cada uno, adoptarán medidas para evitar la propagación del coronavirus.

En este sentido, establece los criterios para determinar las condiciones de bajo, medio o alto riesgo epidemiológico, y de alarma sanitaria, por los cuales se regirán los distintos tipos de restricciones.

El proyecto ingresó al Congreso sin acuerdo político con Juntos por el Cambio, que expresó su rechazo antes de que se difundiera, pero el oficialismo confía en aprobarlo en el Senado gracias a la abultada mayoría allí tiene, mientras que en Diputados aspira a lograr mayoría mediante acuerdos con bloques chicos.

En ese marco, la presentación de este proyecto no variará la situación de la discusión política que existe con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Mendoza, dos distritos gobernados por Juntos por el Cambio que se negaron a acatar el punto del último decreto de necesidad y urgencia (DNU) del presidente Alberto Fernández que volvió atrás con las clases presenciales.

Sucede que, luego de fallo de la Corte Suprema que avaló la "autonomía" de las jurisdicciones para tomar decisiones, la CABA y Mendoza podrán seguir amparándose en ese pronunciamiento para permitir la presencialidad.

De hecho, el proyecto no prevé sanciones para las jurisdicciones "rebeldes" ante él: "No estarán cumpliendo con la ley. Igual la mayoría está cumpliendo", se limitaron a señalar fuentes de la Rosada al ser consultadas sobre qué sucederá con las provincias que decidan no adherir a la normativa.

A su vez, fuentes de Presidencia indicaron que "no es potestad" de la Nación fiscalizar el cumplimento de las medidas y rechazaron de plano que las Fuerzas Armadas puedan actuar: "Participan sólo de actividades humanitarias", señalaron de manera tajante.

"Queremos contar con esta herramienta de parámetros objetivos que establece la ley para lidiar con esta pandemia, mientras el DNU vigente tiene fecha hasta el 21 de mayo", agregaron las fuentes consultadas.

El proyecto establece que los gobernadores continuarán ejerciendo "las facultades concurrentes de control y fiscalización" de las medidas de prevención, pero establece medidas "gatillo" que se aplicarán de forma automática cuando se alcance una fase más complicada de la situación epidemiológica que la que se tenía hasta ese momento.

En esos casos, se establecerán más restricciones -ante una suba de casos y ocupación de camas de terapia intensiva-, mientras que cuando un distrito baje a una fase más favorable habrá suspensión de algunas restricciones por disminución de casos y de ocupación de camas.

Sobre las clases presenciales

Respecto de las clases presenciales, el proyecto indica que su suspensión "se dispone únicamente para los lugares de Alarma epidemiológica" y prevé que, previa consulta con la provincias, el Poder Ejecutivo "podrá morigerar o dejar sin efecto esa restricción".

En los lugares de medio riesgo sanitario, "serán las autoridades locales las que dispondrán de restricciones temporales y focalizadas", mientras que en los lugares del alto riesgo y de alarma, de observarse un empeoramiento de la situación, "se faculta al Poder Ejecutivo Nacional a disponerlas de formas razonable y proporcionada, previa consulta con los gobernadores". [/privado]