viernes 22, noviembre 2024
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Comercio y Justicia 85 años

Hoja de ruta: el MPF presentó un protocolo para investigar y litigar casos de violencia sexual

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En el nuevo material se destaca una Lista de Verificación del proceso, con el paso a paso de lo que debe hacerse desde el inicio del hecho, en casos con lesiones, en el transcurso de la declaración de la víctima y sobre las medidas de prueba del agresor


La violencia sexual como expresión de la violencia de género, la ausencia del consentimiento que transforma el acto sexual en un situación violenta, la importancia de creerles a las víctimas, de respetar sus tiempos de denuncia y de acompañarlas en el proceso, así como la necesaria reparación judicial, son algunos de los ejes del protocolo de investigación y litigio para estos casos que presentó este martes el Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF).

El trabajo fue elaborado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), que contó con el apoyo de ONU Mujeres.

“Es un trabajo coordinado y en colaboración con fiscales de todo el país, integrantes del MPF, médicos, personal de Gendarmería, profesionales del Equipo Argentino de Antropología Forense y ONU Mujeres para que tengamos más eficacia en la prevención, investigación, litigio y sanción” de este delito, destacó durante la presentación del documento Eduardo Casal, procurador General interino de la Nación.

La titular de la UFEM, Mariela Labozzetta, definió el material como “una herramienta práctica para intervenir un sistema de justicia que es deficitario y anacrónico en algunos aspectos. Tiene una guía de investigación para que el caso sea sólido”.

El protocolo detalla las particularidades de la violencia sexual contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como contra personas LGBTIQ+ y varones. 

Tiene un capítulo especial que habla de los contextos en los que puede ocurrir la violencia sexual: intrafamiliar, relaciones de pareja, relaciones ocasionales, estructuras jerárquicas de las fuerzas armadas y de seguridad, espacios sanitarios, de encierro, organizaciones criminales (trata de personas, narcotráfico) y en el marco del terrorismo de Estado.

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