El proyecto de ley «Protección integral de las características sexuales», cuyo número de expediente es 6041-D-2022, fue presentado por segunda vez en noviembre de 2022 en la Cámara Alta por la diputada nacional por Córdoba del Frente de Todos, Gabriela Estévez, y aún tiene estado parlamentario.
Las comisiones en las que debe debatirse son Mujeres y diversidad, Acción social y salud pública, Legislación general, Derechos humanos y garantías y Presupuesto y hacienda.
Su objetivo es «garantizar los derechos a la autonomía, a la integridad corporal, a la no discriminación, y a la verdad de todas las personas, con independencia de sus características sexuales».
En este sentido, contempla la prohibición de «cualquier procedimiento de modificación corporal no terapéutico sin el consentimiento expreso, libre e informado de la persona cuyo cuerpo está involucrado».
Además, estas prácticas son consideradas «trato cruel, inhumano y degradante» y podrían considerarse «como lesiones gravísimas contempladas en los artículos 90 y 91 del Código Penal de la Nación, y sus autores/as ser responsables en materia penal, así como también civil, administrativa, disciplinaria y profesional».
El activista intersex Mauro Cabral, referente de la organización Justicia Intersex, explicó que, además, el proyecto «afirma el derecho de todas las personas intersex no solamente a conocer la verdad, tener acceso a la información sobre lo que les fue hecho, sino también a la atención de salud para tratar las consecuencias de las intervenciones a nivel corporal y psicológico».
