domingo 17, noviembre 2024
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Comercio y Justicia 85 años

El traslado de psicólogas del Neuro, en compás de espera

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Mientras la asamblea de los  trabajadores del Hospital Neuropsiquiátrico supeditó la continuidad del diálogo con las autoridades provinciales al cese del trasladado de dos psicólogas, el director provincial de Salud Mental Osvaldo Navarro aseguró que mantiene una voluntad dialoguista, reconoció que fue violento el modo en que se notificó la medida y se declaró dispuesto a repararlo. En diálogo con Comercio y Justicia, tanto Burijovich como Navarro dieron sus versiones.
El funcionario sostuvo que el traslado de Jacinta Burijovich y Cecilia Berra responde a una reestructuración del hospital que pasaría a ser un centro de emergencias en Salud Mental, y que para los trabajadores que no estén vinculados con la emergentología se irían acordando reubicaciones que respeten jerarquías y cargos.

Agregó que se hallan “trabajando en diferentes procesos para lograr el objetivo de desmanicomializar y transformar la institución” y que las trabajadoras trasladadas “no cumplían una función específica”.
Navarro dijo que se les ofreció  integrarse al Centro de Investigación del Área Central de Salud Mental que funciona en el Hospital San Roque y que también propuso a Burijovich coordinar un grupo de psicólogos que trabaja sobre derechos humanos. Asegura que al no obtener respuesta, dispuso su traslado a atención comunitaria en un dispensario.

En tanto, Burijovich sostuvo que para abrir una mesa de diálogo piden previamente que se levante la medida. “Nunca nos dieron las razones (del traslado) vinculadas con la transformación de Salud Mental. ¿Quién conoce el proyecto?”, dijo Burijovich. Respecto del anterior ofrecimiento en el mencionado centro de investigaciones, sostuvo que sólo les plantearon trabajar “en colaboración” con ese centro y que lo harían cada 15 días.
“No estamos atrincheradas en el hospital, podemos discutir dónde hace falta que trabajemos. Repudiamos el autoritarismo de la medida”, dijo al tiempo que la definió como “persecusión” hacia ellas por los informes en los que participaron y que evidencian incumplimiento del Ejecutivo en materia de salud mental.

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