ESCUCHARLa psicóloga Rosa Matilde Díaz, junto a abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales, lleva adelante la defensa de víctimas que sufrieron hechos violentos en psiquiátricos o cárceles. Uno de esos casos ya cuenta con médicos del Borda procesados.
“Sabemos que hay agentes estatales que trabajan articulados con redes de ilegalidad. En ocasiones, hay acciones que se presentan en contextos de encierro carcelario o psiquiátrico y parte de esa violencia institucional está basada en la discriminación hacia ciertos grupos sociales que se encuentran en mayor condición de vulnerabilidad”. Este panorama lo describe con firmeza Rosa Matilde Díaz, psicóloga integrante del Equipo de Salud Mental del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y una de las que lleva adelante un minucioso trabajo psicojurídico con víctimas violencia institucional. Lo que realiza junto a abogados lo denomina “litigio estratégico”.
¿A qué se refiere? “A la representación legal de víctimas de hechos de violencia en que participan agentes de las fuerzas de seguridad del Estado de manera directa o indirecta, ya sea por acción, omisión o aquiescencia”. La especialista participó el viernes pasado en una de las mesas centrales de la Jornada Nacional de Derechos Humanos “Decir lo indecible”, organizada por el Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba.
– ¿Cómo accionan a través del litigio estratégico?
– Representamos a familiares o víctimas directas cuyos casos nos permiten sentar precedentes jurisprudenciales o incidir en los ámbitos local, nacional o internacional, en pos de la validación o ampliación de los estándares de derechos humanos, en los que el Estado es responsable de la prevención de la violencia institucional y garante de derechos. Cuando un agente del Estado vulnera los derechos de un ciudadano, la responsabilidad que recae sobre el Estado en términos de investigar y sancionar a los responsables es aún mayor y, además, la lesión que se genera en las víctimas que han sido afectadas por tales crímenes se recrudece en tanto y en cuanto esa violencia ha sido ejercida por quien tiene el mandato, el deber, de protegerla. Entonces, la vulnerabilidad, el daño y el sufrimiento es potencialmente mayor.
-¿En qué casos están actuando en que observen avances judiciales?
– Uno de esos casos es el de Matías Carbonell, un chico que murió por acciones tanto de abandono como de violencia perpetradas por miembros del cuerpo de salud del Hospital José Tiburcio Borda, en la ciudad de Buenos Aires. El chico murió a causa de una cadena de situaciones de violencia, discriminación, derivaciones de un servicio a otro como forma de castigo y medicación inadecuada a su cuadro psicopatológico. Cuando él fallece estaba tomando una medicación que tenía un gran potencial de causar más mal a su salud que una recuperación en términos de salud mental.
Él tuvo una derivación al Hospital Penna; allí, incluso los médicos que lo reciben en la guardia establecen una denuncia en sede judicial diciendo que Carbonell tenía marcas en su cuerpo compatibles con pasaje de corriente eléctrica, quemaduras. Desde el CELS representamos a su familia. Este hecho ocurrió en diciembre de 2010 y el caso está en un estado muy avanzado de investigación, donde ya se realizaron imputaciones y está por elevarse a juicio. Es la primera vez que la Justicia lleva un caso en contra de médicos de un hospital psiquiátrico público en la que hay suficiente acervo probatorio para responsabilizarlos por la muerte de ese chico.
– ¿Qué recepción tienen sus presentaciones judiciales en la comunidad jurídica , cuando se denuncia violencia ejercida por el Estado?
– Generalmente hay una posición de resistencia. Los operadores juiciales muchas veces realizan intervenciones basadas en sus propios prejuicios, que son estereotipos también instalados por discursos imperantes relacionados con, por ejemplo, de dónde provienen las víctimas, si son víctimas o potencialmente victimarios. En el caso de los chicos de las villas que sufren violencia policial muchas veces los operadores judiciales pueden concluir que no son víctimas y que más bien son pibes chorros o que si la policía intervino es porque algo mal estaban haciendo. A veces no se generan condiciones de protección a los testigos, ni garantías, y muchas veces las propias víctimas no saben cómo ejercer su derecho a acceder al sistema de justicia. En lo que tiene que ver con violencias en contextos de encierro generalmente ocurre lo mismo. Sobre los pacientes psiquiátricos muchas veces recae un doble estigma, por ser locos y no estar en sus cabales, por tener tendencias a la fabulación, a mentir, a construir un mundo paralelo como por el hecho de que se los considere peligrosos y que más bien el Estado, los médicos y la policía, tiene que intervenir y no importa si se exceden en el uso de la violencia para contenerlos y no se suscite una situación de peligro para la sociedad.
– ¿En qué estadio considera que se encuentran los derechos humanos en el país?
– Los derechos están establecidos, el Estado reconoce derechos y ha ratificado tratados internacionales en contra de la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes en los que muchas veces se constituyen los hechos de violencia que ejecutan los agentes del Estado y que denominamos violencia institucional. La cuestión es el modo de gobierno y las políticas públicas que van en contra de la realización y cumplimiento de las obligaciones internacionales. Estamos en un momento en que ha habido un retroceso al respecto, en el que hay mayor criminalización de sectores vulnerables, en el que la protesta social está criminalizada. En Córdoba, el Código de Convivencia es favorecedor de abusos por parte de la policía contra sectores más vulnerables, sobre chicos que deambulan en las calles que están en mayor situación de vulnerabilidad y de pobreza.
