ESCUCHARHubo allanamientos en Villa María, Las Varillas, Arroyito y San Francisco. En ellos se secuestraron documentación y archivos de las computadoras. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas advierte a la población de perjuicios que pueden acarrearle los ilegales.
Novecientas denuncias por presunto ejercicio ilegal de la profesión fueron recibidas a lo largo de un año y medio por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) de Córdoba. Mientras son analizadas, nueve casos ya están en la Justicia y obtuvieron avances.
Las causas están en distintas fiscalías de Villa María, Las Varillas, Arroyito y San Francisco.
Así lo confirmó a Comercio y Justicia Darío Vezzaro, actual asesor letrado especializado en temas penales de la institución. “Ya hay resoluciones de mérito, esto es que se hizo una valoración provisoria de la existencia del delito en estos casos y de la posible participación de quienes aparecen como denunciados”, explicó Vezzaro, ex fiscal General de la Provincia.
Cabe aclarar que tras la recepción de denuncias , provenientes de matriculados, clientes y hasta anónimas, se produjo una serie de allanamientos en diferentes estudios contables e impositivos.
En el caso de las localidades mencionadas, Vezzaro sostuvo que allí hay personas “que están vinculadas a un proceso penal por ejercicio ilegal de la profesión. Una de las funciones que tiene el Ministerio Público Fiscal -agregó- es hacer cesar los efectos del delito. Si se está produciendo un delito, se produce un allanamiento y la búsqueda de elementos de prueba a efectos del delito que se investiga. Una de las cuestiones tiene que ver con que esta actividad supuestamente delictiva cese y no vuelva a cometerse”.
Durante los procedimientos se secuestraron documentación y registros informáticos para la investigación que revele si la actividad realizada está dentro de las atribuciones que les competen sólo a los matriculados en el CPCE.
Según la legislación vigente, todas las actuaciones de los profesionales de la actividad deben ser realizadas por profesionales en ciencias económicas egresados de universidades nacionales. El CPCE sostiene que este requisito fundamental, junto a la matriculación en la entidad, importa un beneficio y brinda seguridad a la comunidad en general, ya que la institución avala, de esa manera, la actuación del interviniente.
Las denuncias mencionadas anteriormente en la estadística corresponden a los registros asentados entre octubre de 2013 y marzo de 2015 y van contra aquellos que están ejerciendo la profesión sin título habilitante o contra quienes, teniendo título, no están matriculados.
Preocupación
“Hay una fuerte preocupación de los consejos de ciencias económicas de todas las provincias por tratar esto como un problema serio que hace al matriculado”, contextualizó Vezzaro, quien trabaja junto a los letrados del CPCE Sergio Pussetto y Alejandra Baima.
En este sentido, María Elda Combina de Licari, titular de la Comisión Especial de Fiscalización Profesional del CPCE, explicó que en Córdoba las denuncias las recepta esta comisión a los fines de encarar un sumario administrativo previo y, en caso que la situación lo amerite, formulan la denuncia penal.
Para compartir esta experiencia y conocer qué están haciendo otras jurisdicciones con esta problemática, la contadora adelantó que se organizan unas jornadas nacionales sobre control del ejercicio ilegal de la profesión, los próximos días 21 y 22 de agosto.
Por su parte, el presidente del CPCE, José Simonella, señaló que buscan coordinar acciones con otras provincias, conocer si hay jurisprudencia y cuáles son los criterios. “Si bien todos tenemos funciones delegadas por el Estado, no todas las provincias tienen el mismo Código de Ética, no se puede unificar un código a nivel de la Argentina. Trataremos de homogeneizar los criterios e incluso tomar algunos recaudos como para que aquellas sanciones que son públicas se compartan con las otras provincias para que conozcan qué personas están ejerciendo ilegalmente y pueden llegar a migrar de una provincia a otra”.
A su turno, Licari resaltó que “un contador no puede ejercer con un práctico sino con un profesional. El práctico no puede ejercer la profesión. El que es práctico y estuvo trabajando ahí se le promueve acción penal a través del artículo 247 del Código Penal. Para controlar, tenemos dos inspectores recorriendo lugares denunciados”.
Vezzaro concluyó que se ha complejizado mucho el mundo con respecto a lo que es lavado de dinero, el financiamiento de operaciones de lavado de dinero para el financiamiento de acciones del terrorismo internacional, créditos fiscales falsos, delitos vinculados con la legislación penal cambiaria y penal económica. “Puedo ser práctico, profesional universitario, pero para presentar el balance, trámites, necesito la firma de un matriculado.
Cuando el profesional matriculado se presta a facilitarle la firma al práctico para que siga ejerciendo es cuando se da la connivencia que la investiga el Tribunal de Ética del CPCE”, aclaró.
