Con una visión crítica, impulsan cambios en la ley del Consejo de la Magistratura

Advierten la necesidad de dotarlo de rango constitucional y ampliar las facultades para que también se encargue de la remoción de jueces y fiscales. Además, analizan cambios en su composición y enfoques evaluativos.

La ley del Consejo de la Magistratura de Córdoba encabeza la lista de normas a las que se avocará el Instituto de Estudios Legislativos (IDEL) de la Federación de Colegios de Abogados (Fedacor). Con una visión crítica, sus integrantes apuntan a la necesidad de reformas que mejoren el actual organismo encargado de evaluar y seleccionar jueces y fiscales. Insistieron en dotarlo de rango constitucional, ampliarle las facultades para que también se encargue de la remoción de magistrados y, además, apuntaron a su composición y enfoques aplicados en los procesos evaluativos.

Comercio y Justicia dialogó con algunos de los integrantes del nuevo instituto en el marco del lanzamiento concretado el viernes pasado.

“Lo primero es darle al Consejo jerarquía constitucional con facultades para designación y remoción de magistrados; es decir, modificando lo que es la Constitución actual en el tema de Jury. Estimamos que el control de idoneidad que se hace hoy es totalmente insuficiente y politizado en términos partidarios”, contextualizó el director ejecutivo del IDEL, Santiago Gobbato.

“A veces, la selección del magistrado o funcionario judicial puede estar afectada por un error de apreciación. Ese error hay que resolverlo rápidamente y eso se logra mediante la remoción del magistrado. Someterlo a un jury de un Poder Legislativo, con mayoría política, es un grave problema porque se maneja políticamente. Además, el procedimiento tiene que ser mucho más rápido”, completó Alfonso Cerutti.

Por su parte, Jorge Horacio Gentile advirtió que debe prestarse “particularísima atención a la composición del Consejo para que no termine ocurriendo lo que pasa a nivel nacional, donde el Poder Ejecutivo, de una manera u otra, termina teniendo mayoría y el mando absoluto. Hay que luchar para que la composición no permita la preminencia de ninguno de los sectores allí involucrados”.

Enfoque y puntaje

Gentile consideró también que se comete un “serio error” dándole un carácter “eminentemente académico” al proceso de elección. “En el Consejo no se elige a personas que van a ser catedráticos, se elige a jueces que van a administrar justicia, que van a tratar con abogados y con personal. Conozco excelentes abogados y magistrados que nunca pasaron por la cátedra. Se le da gran preminencia a los certificados y se le hacen preguntas eminentemente académicas que son equivocadas”, criticó.

En ese sentido, Cerutti apuntó a la necesidad de detectar en los aspirantes a jueces las habilidades para gerenciar y gestionar recursos humanos. “El examen psicológico puro no llega a cerrar totalmente la figura (del postulante); hay personas que dan con el perfil psicológico pero en realidad no tienen un trato adecuado como el que aspiramos a que tengan”, sostuvo.

El sistema de puntaje es otro tema que genera polémica. Por ejemplo, Gentile no comparte el sistema de puntaje porque considera que abre una vía “a todo tipo de cosas”, en alusión a los cursos de todo tipo que engrosan las postulaciones para sumar puntos.

Cabe destacar que la Federación de Colegios de Abogados encargó al IDEL que en un futuro anteproyecto de ley incluya la remuneración de los abogados participantes en el Consejo de la Magistratura. “Siendo el estamento de abogados el único que no tiene remuneraciones cuando participa del Consejo, pedimos que se establezca que por los días que el consejero deja su trabajo (de litigante para cumplir su rol en el organismo) tenga una remuneración acorde”.

Finalmente, Lorenzo Cortese rescató la evolución que ha tenido Córdoba a lo largo de la historia en materia de selección y designación de jueces y fiscales y alentó a seguir avanzando. “Hay hitos que hay que ir superando. Si hoy la federación va a estudiar la ley existente, hay que medirlo como la posibilidad de que tengamos otra nueva etapa superadora de lo existente”.

Lorenzo Cortese
Ley “antidroga” provincial: “Es un absoluto desacierto”

El proyecto de ley anunciado por el gobernador José Manuel de la Sota, que asigna a la Justicia provincial competencia para juzgar el tráfico de estupefacientes, fue otro de los puntos de consulta. Aunque el Instituto de Estudios Legislativos (IDEL) no se planteó aún abordar la normativa, uno de sus integrantes opinó a título personal. “Es un absoluto desacierto”, dijo el penalista Lorenzo Cortese, ex secretario de Lucha contra el Narcotráfico del gobierno de Fernando de la Rúa, además de haber sido diputado nacional y senador provincial.

El abogado se manifestó en contra de la adhesión de Córdoba a la ley nacional 26052 que posibilita que las provincias opten por asumir competencia (jurisdiccional) cuando se comercie, entregue, suministre o faciliten estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor.

Interferencia

“El tema, en términos de quien debe abocarse a tratarlo, vende muy fácilmente y seguramente la ley se va a aprobar por unanimidad en el sentido de adherir a la ley nacional, porque las mamás piden que se cierre el quiosco donde compra el chico pero lo que no sabe es que dos días después será la florería del frente la que venderá”, graficó. “Los jueces no deben intervenir de oficio sino que autorizan el seguimiento para que a partir del ‘quiosquito’ que vende droga se llegue a la organización del tráfico.

Si la Policía de la Provincia, cada vez que encuentra un vendedor en un quiosco de barrio va e interviene, es probable que interfiera un procedimiento que estaba siendo desplegado para que desde ese ‘quiosquito’ se pudiera llegar a otro ámbito”, afirmó.

Para Cortese el anuncio del gobernador tiene mucho de marketing y ve con dificultad una real operativización. “Creer que el problema de las drogas está en el quiosquito que vende es no comprender la realidad. Lo que van a hacer se opone a las corrientes universales. Hay países como Francia que no sólo han tenido un criterio de unidad judicial sino que tiene un supraorganismo de seguridad que decide quién interviene. La triplicación del consumo y el tráfico en una década marca el fracaso de todas las políticas desplegadas”, concluyó.

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