ESCUCHAREl Colegio profesional expresó “profunda satisfacción” con la norma en general, la construcción de redes y dispositivos como casas de medio camino, pero apuntó a ciertos cambios en internación y presupuesto.
La Comisión de Salud Mental de la Unicameral aprobó por unanimidad -en general- el anteproyecto de ley de Salud Mental que plantea la desmanicomialización en la provincia. Según indica el despacho acordado, la redacción final llega tras la compatibilización de tres iniciativas: una proveniente del Poder Ejecutivo, otra del Colegio de Psicólogos de la Provincia y otra por la Mesa de Trabajo Permanente de Salud Mental y Derechos Humanos.
Ahora, la normativa fue girada a la Comisión de Legislación General en la que se espera que sea abordada esta semana para luego ser tratada en el recinto. Si bien los psicólogos mostraron satisfacción por el avance en la creación de esta normativa, que es una demanda sostenida desde hace años por parte de los profesionales de la salud mental, también plantean algunas observaciones en los puntos referidos a internación y presupuesto.
Según indica en su artículo primero , la ley tendrá como objetivo “garantizar el ejercicio del derecho de la población a la salud mental, asegurando su promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación”. También pretende “garantizar el acceso de la población, sin ningún tipo de exclusión, a la atención en salud mental por medio de servicios adecuados, integrados y conducidos por expertos en la problemática de la salud mental” y, finalmente, apunta a “garantizar la atención en salud mental como parte integrante e integrada de los servicios generales de salud”.
Ayer, el Colegio de Psicólogos de la Provincia emitió un comunicado en elque expresa su “profunda satisfacción ante la eminente sanción de la Ley de Salud Mental para la Provincia de Córdoba”.
“Acordamos en relación a los puntos esenciales que el despacho plantea, como la desmanicomialización, transformación institucional, construcción de redes y dispositivos alternativos, la creación de organismos de control y participación ciudadana y de otros sectores de gobierno, el reconocimiento y legitimación de las intervenciones interdisciplinarias, y fundamentalmente, la restitución de los derechos humanos a las personas con padecimiento psíquico”, detalla el documento emitido por el Colegio que preside Cristina Bravo.
Más allá de considerar “que el hecho constituye un hito, en la larga historia de transformaciones en el ámbito de la atención a la problemática de la salud-enfermedad mental», los psicólogos tienen algunas objeciones, parte de ellas planteadas días atrás mediante una solicitada en este medio dirigida al ministro de Salud provincial, al director de Salud Mental y a los legisladores.
En esa oportunidad reclamaron la incorporación de los psicólogos como profesionales que necesariamente deberían indicar la internación (de una persona con padecimiento mental) como miembros del equipo interdisciplinario. Si bien, tras la solicitada, ese item fue modificado incluyendo a los psicólogos en el artículo pertinente, en la entidad profesional sostienen que la redacción final quedó “contradictoria”.
Internaciones
La redacción final del artículo 43 del anteproyecto indica que una internación “será precedida por la pertinente evaluación, diagnóstico interdisciplinario e integral y motivación justificatoria, con la firma de por lo menos dos profesionales del servicio asistencial donde se realice la internación, los cuales deberán ser necesariamente un médico y un psicólogo”.
En el Colegio advierten que tal como lo plantea la redacción aprobada se generarán dificultades operativas a la hora de resolver situaciones de internación, sobre todo en localidades donde no cuenten con ambos profesionales.
Para los psicólogos, un enunciado adecuado sobre el punto de la intervención profesional, sería el que detalle que “uno de los cuales deberá ser necesariamente un médico o psicólogo”, es decir, modificar la conjunción “y” por “o”.
Por otra parte, advierten que existe una “gran omisión” en materia presupuestaria. Advierten que la implementación de la ley generará un incremento del presupuesto destinado a la salud mental por lo cual se preguntan de dónde saldrán los recursos.
En este sentido, adviertieron que la Ley de Presupuesto 2010 destina 6,7 % del presupuesto total de salud a salud mental, cifra muy alejada de las recomendaciones de los organismos internacionales.
