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Buscarán aumentar de 2,9% a 5% la cantidad de investigadores y tecnólogos por cada mil personas de la Población Económicamente Activa.
El Gobierno aspira a que la inversión en investigación y desarrollo (I+D) llegue a 1,65% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2020 -ahora se destina 0,65%-. Éste es uno de los objetivos de “Argentina Innovadora”, el plan que pretende más sinergia entre el mundo académico, el empresarial y el Estado.
“La economía basada en el conocimiento es el camino a una sociedad más igualitaria”, afirmó el ministro de Ciencia, Lino Barañao, al señalar que las empresas tecnológicas generan más distribución del ingreso porque 60% de sus rentas se destina a salarios.
Otro de los objetivos del plan presentado el martes a la noche por la presidenta Cristina Fernández junto al ministro, es aumentar de 2,9% a 5% la cantidad de investigadores y tecnólogos por cada mil personas de la Población Económicamente Activa (PEA).
“Si hablamos de un recurso estratégico del país, que es abundante, pero que estuvo mal administrado, todos pensarían en el petróleo. Pero no voy a hablar del petróleo sino de cerebros, porque durante mucho tiempo regalábamos cerebros”, reflexionó el funcionario, quien indicó que al “regalar” personas formadas en nuestras universidades públicas y gratuitas estábamos transfiriendo -sin ningún tipo de contraparte económico- “un gran capital”.
“A veces no somos concientes, pero si pensamos que una carrera promedio en Estados Unidos cuesta 200.000 dólares, al ‘exportar’ un graduado de nuestras universidades estábamos ‘exportando’ capital muy importante”, indicó.
Crecimiento verde
“El conocimiento permite incorporar valor”, dijo Barañao, y puntualizó que el objetivo es “el crecimiento económico verde, que es sostenible con inclusión social, y no se puede tener un desarrollo verde sin tener materia gris”. Asimismo, llamó a “acoplar las investigaciones científicas con las unidades productivas: las empresas”. Dijo que esto se realiza cuando “el Estado financia la investigaciones de alto riesgo y el empresario toma esa investigación para transformarla en producto”.
Explicó que existía “un falso concepto” que describía a los empresarios como individualistas y a los investigadores de las agencias estatales como altruistas. “Eso no es tan así. He conocido empresarios que hipotecaban su casa para pagar a sus operarios, y a investigadores que hipotecaban a sus becarios para aumentar su prestigio”, señaló.
Barañao también apuntó a la necesidad de lograr articular el sector público con el privado, para lo cual indicó que se tuvo que repensar las formar de subsidios que llegan hasta los siete millones de pesos. “Comenzamos a financiar consorcios públicos-privados. Los empresarios y los investigadores tienen que venir con un proyecto novedoso, que incluya el desarollo de nuevas tecnologías”.
Agregó que “hemos cambiado la lógica al financiar 45 consorcios públicos-privados, entre ellos uno de producción de anticuerpos monoclonales y uno de modelado por supercómputo que le va a servir a YPF y a Invap”.
En el proceso de discusión del plan participaron unos 300 referentes del sector científico-tecnológico, productivo y social, que elaboraron un diagnóstico e implementaron mesas consultivas en distintas regiones sobre agroindustria, energía, salud, desarrollo social, industria, biotecnología, nanotecnología, TIC y ambiente y desarrollo sustentable.
El Plan procurará sumar nuevos investigadores en los organismos del sistema, como el Conicet, con becas dirigidas progresivamente a cubrir vacancias y prioridades temáticas y geográficas.
