Por Luis Carranza Torres* y Carlos Krauth **
La genial María Elena Walsh ocupa, por propios méritos, un sitial de honor entre las autoras más prolíficas de la literatura argentina, creadora de una obra diversa y compleja, que abarca desde novelas y cuentos hasta canciones. Uno de sus principales destaques ha sido la composición musical para los niños. ¿Quién no ha escuchado o cantado sobre la tortuga Manuelita? En otra de ellas, no menos famosa, titulada El Reino del Revés, describe cómo es un lugar donde todo se hace, precisamente, a la inversa de como debe ser.
Lo que María Elena pensó como una canción divertida para los chicos, a tono con la imaginación infantil de lo imposible, hace unos días en Córdoba es una realidad tangible.
Si bien en Argentina en general y Córdoba en particular no nos caracterizamos por vivir en armonía y respeto a los derechos de los demás, la pasada semana se acentuó, y bastante, el desconocimiento público de derechos básicos de las personas.
El conflicto del transporte público urbano alcanza ribetes que no son nuevos pero que no por ello pueden ser minimizados ni pasados por alto. Todo se mezcla con todo, unos pocos se sienten con la autoridad, más allá de lo correcto, ético o moral, para poder hacer casi todo, y los que deben actuar juegan a las escondidas.
Empecemos por decir que pensar sociedades sin conflictos es una utopía. La conflictividad es una caracteristica propia de ellas. Las únicas sociedades en que no existen pujas por algo son las de corte autoritario. Tampoco aquí se halla discutido el derecho a reclamar por salarios, mejores condiciones de trabajo, a hacer huelga o el derecho a manifestarse en la vía pública. Son derechos y prácticas totalmente lícitas.
Muy distinto de eso es bloquear puntas de líneas para que la ciudad no tenga un diagrama de emergencia en un servicio público como el de transporte, que usan personas en general y trabajadores en particular que distan de resultar sectores con gran poder adquisitivo.
Nada tiene que ver el ejercicio de esos derechos con pararse frente a una institución de salud y lanzar innumerables bombas de estruendo, forzando a tener que evacuar pacientes afectados por las detonaciones. Tampoco, con golpear a un periodista que cumple con su trabajo de informar. O incitar, desde los medios públicos, a la violencia. Menos aún, con la utilización de un lenguaje gestual y expresiones violentas, más propias de una revuelta que de una manifestación pacífica en democracia.
A ello se suma desconocer el dictado de una medida de conciliación obligatoria, es decir una medida legal emanada de una autoridad con facultades para declararla. Tal actitud, directamente, desconoce al sistema jurídico y las facultades de las autoridades electas para hacerlo cumplir.
Hay que decirlo claro: una cosa es reclamar por derechos laborales y un mejor salario. Otra, muy distinta, pretender que la sociedad, pasivamente, confunda eso con la violencia, el abuso y la prepotencia.
En cualquier país que se precie de vivir en libertad, los servicios públicos esenciales son asegurados en una mínima prestación durante los períodos de huelga. Esto es para compatibilizar los derechos de los trabajadores del caso con los otros derechos de las personas que usan el servicio. Eso se llama, técnicamente, compatibilización entre los límites y las garantías de los distintos derechos involucrados. En pocas partes del mundo jurídico civilizado, y acaso en ninguna de ellas, se toma de forma tan natural que se interrumpa de modo total un servicio público esencial, como entre nosotros.
Es hora de repensar ciertas cosas, por el bien de la salud y fortalecimiento de un estilo de vida democrático. O nos ordenamos como sociedad, en un orden democrático, es decir, respetuoso del otro, donde parta de los involucrados no afectar los derechos del otro en el ejercicio del propio, o hacerlo lo menos posible, seguiremos en la selva social de la semana pasada.
Es decir, viviendo en la “Córdoba del revés” donde, al igual que en los versos de Walsh, “nadie baila con los pies” y “dos y dos son tres”.
* Abogado, doctor en Ciencias Jurídicas. ** Abogado, magíster en Derecho y Argumentación Jurídica
