ESCUCHAREl Congreso todavía no convierte en ley el acuerdo de la OIT sobre la cuestión, lo cual habilitaría avances en cada distrito. Un problema con impacto sanitario, social y hasta económico que no merece la atención debida de la clase dirigente de la política ejecutiva y legislativa
Por Carlos Cafure*
La República Argentina anunció, por medio del presidente Alberto Fernández (hace unos meses), la pronta presentación de un proyecto de ley en el Congreso de la Nación con el objeto de adherir al Convenio N°190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre violencia laboral. El proyecto ingresó y avanzó en el Senado, aunque hoy espera media sanción de Diputados, por lo que todavía no tenemos ley.
¿Qué están esperando?
Nuestro país no sólo debería adherir a este importante convenio sobre la violencia laboral sino que también debería avanzar en la aprobación de una ley nacional que prevenga y sancione esta forma de violencia en el ámbito del trabajo.
En la actualidad, en nuestra querida nación existe un vacío legal específico sobre esta problemática de la clase trabajadora.
Solo algunas provincias han sancionado sus propias leyes locales contra la violencia laboral, como por ejemplo Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y San Luis; y hasta la propia Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Córdoba (“La Docta”) es una provincia en la que sus propios legisladores se resisten a tratar esta temática
¿Por qué será?
Da la sensación de que esta gravísima problemática fuera, para la clase política cordobesa en general, un tema tabú, un tema que no se debe discutir ni debatir.
¿Acaso la política garantiza la impunidad de los violentos?
En la Legislatura Unicameral presenté -por intermedio de un legislador- el proyecto de ley N° 18973L16, que nunca se trató a pesar de contar con apoyos contundentes de gremios, facultades y organizaciones religiosas. “Cajoneado”…
En el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba presentamos -por medio de un bloque completo de concejales- el proyecto de ordenanza municipal N° 7432-C-19, que nunca se trató, pese a los importantes apoyos que tuvo. “Cajoneado”…
Sólo existió voluntad política de avanzar hacia la aprobación del primer marco legal en esta provincia (hecho histórico) en la ciudad de Río Ceballos, por su Concejo Deliberante, en el que se aprobó una ordenanza municipal (N° 2625/19), que ya se encuentra debidamente reglamentada por el Ejecutivo municipal.
La pandemia actual ha generado una escalada geométrica en los casos de violencia laboral, que padecen miles de activos en todo el país, y Córdoba no está exenta.
Excesos de muchos empleadores, por ejemplo con la modalidad laboral del teletrabajo, encargando tareas por fuera del horario habitual de trabajo, lo que vulnera derechos constitucionales y tratados internacionales que protegen el derecho de los trabajadores; agresiones, hostigamiento psicológico en muchas de sus variantes, etcétera.
Está comprobado por especialistas en temas de salud que la violencia laboral termina ocasionando a sus víctimas patologías físicas y psíquicas y que existen casos de suicidios y de muertes también.
¿Qué espera la clase política de Córdoba y la nacional para aprobar marcos legales que “duermen” desde hace años en los cajones de los recintos legislativos, sin tratarse, para comenzar a discutirse y aprobarse mediante el consenso de todos los bloques partidarios?
¿Acaso pretende que aumente el número de activos enfermos o muertos por violencia laboral, producto de su negativa arbitraria de tratar estas iniciativas legislativas, que podrían hasta salvar vidas?
Es necesario que las legislaturas dejen de tratar leyes que perjudican a los trabajadores y a los jubilados, para sí tratar otras que mejoren su calidad de vida.
Los proyectos de leyes sobre violencia laboral deben tratarse, mejorarse y avanzar en su pronta aprobación.
Desde hace años, el pueblo trabajador se los demanda.
(*) Abogado. Asesor letrado de sindicatos
