ESCUCHAR
Sergio Nardelli y Héctor Padoán, responsables de otras empresas nacionales que operan offshore en la cerealera Vicentin, no pudieron encontrar la salida del laberinto que construyeron, obviamente por su anunciado final. Ellos idearon un lugar en el entramado societario, formado por calles y encrucijadas intencionadamente complejas para confundir a quien se adentrara en ellas; no lo lograron justo cuando creían haber encontrado la ansiada salida.
Nadie puede ser tan inocente de creer que sólo la corrupción en Argentina fue y es de orden empresarial, ámbito en el que se desarrolló, como en la construcción. En estos días, el fiscal Federico Delgado pidió que Julio de Vido, Aldo Roggio, Tito Biagini y Carlos Wagner, entre otros 25, enfrenten un juicio oral acusados de sobornos por el caso de la construcción de una planta potabilizadora de agua para AYSA. Se los acusa de estar asociados con personajes del más colorido pelaje; hasta el “Corcho” Rodríguez estuvo involucrado en la fiesta de coimas en el consorcio liderado por la constructora brasileña Odebrecht.
Existen también las mafias de los proveedores del Estado, la de los exportadores de alimentos, etcétera. No tienen signo político determinado; sí tienen en común la codicia.
Operan con diversos métodos. A veces se cartelizan, con o sin la participación de funcionarios públicos, e imponen sus condiciones, sea con sobreprecios o mala calidad de lo que proveen. Otras veces se asocian con funcionarios, coimeando.
No dudan en lucrar ni siquiera en condiciones de calamidad pública, como los casos de sobreprecios en alimentos en la Nación o de barbijos en la ciudad de Buenos Aires. Todo vale. Tal es así que la ONU instrumentó un observatorio de precios de remedios comparables para hacer un seguimiento de las adquisiciones del Estado.
También colaboran con el Ministerio de Desarrollo Social y con Obras Públicas en la compra de insumos sanitarios, atento a los eventuales casos de irregularidades en la compra de insumos en medio de la pandemia.
O sea que corruptores y corruptos rodean nuestro Estado escondidos en los pliegues y repliegues del poder a su sombra. Se enriquecen, por supuesto, a nuestra costa sin que los que deben reprimirlos se hagan cargo, siempre y cuando no estalle el escándalo. Y cuando ello ocurre, sobreactúan. ¿Conocen los lectores alguna investigación judicial de oficio de orden nacional, provincial o municipal importante, con resultados?..
Volvamos al grupo Vicentin. Antes de endeudarse de forma mafiosa bajo dirección de sus responsables, Nardelli y Padoán jugaron de corruptores. Ambos y González Fraga, titular del Banco Nación bajo órdenes superiores de corrompido, creyeron haber coronado una de las más grandes estafas al Estado nacional, a agricultores, inversores, proveedores y a cuanta persona confiada negoció con ellos.
Nótese que el mismo día que ingresaba al Juzgado de Primera Instancia Distrito N° 4 en lo Civil y Comercial, Segunda Nominación, de Reconquista (Santa Fe), la presentación de concurso de acreedores, estaban en sus oficinas adquiriendo granos a crédito, que por supuesto no pensaban pagar. La deuda declarada en lo visible asciende a la friolera de U$S1.450 millones. ¿Será que la delincuencia de cuello blanco o económica -que es lo mismo, aunque algún colega lo niegue- goza todavía de excelente salud en nuestro país?
Lo que Nardelli y Padoán no previeron fue que el Estado argentino no se comportaría como siempre, como “bobo”, y se interpusiera en la maniobra de vaciamiento de Vicentín en Argentina y de desguace de sus subsidiarias en el exterior. De pronto, el horror se puso de manifiesto por parte los demás actores del mercado de granos, acostumbrados algunos a triangular negocios para evadir impuestos y, con ello, el ingreso de dólares al Banco Central o cartelizarse en los precios que pagan por los productos, que son alimentos, los que después paga la gente.
Resultan falacias de “cagatintas”, ignorancia supina del derecho -en el mejor de los casos- o defensa de intereses oscuros argumentar que el Ejecutivo no puede nombrar a un interventor o veedor para intervenir en un concurso judicial cuando la acción del primero está destinada a preservar los bienes de la empresa concursada, la intangibilidad de su deuda, para lograr la inmovilidad jurídica en colaboración con la Justicia, para evitar su vaciamiento y desguace, y cuando existen vehementes indicios de criminalidad de su cuerpo directivo en el sentido arriba apuntado. También negar la existencia jurídica de empresas mixtas, conformadas entre capital privado y estatal por encima de la designación jurídica atribuida para operar en el mercado o en el organigrama del Estado.
Tal cual están planteadas las cosas, sin dudas Vicentin puede convertirse en empresa testigo de precios para el mercado interno de alimentos cuando su direccionamiento dependa de YPF Agro, una mixta superavitaria en el mercado de granos, ya que en suma hace trueque de combustibles por granos desde hace años.
Otra de las falacias: que la expropiación anunciada, de la cual nada aún se sabe sobre términos y condiciones, si ocurriere, es inconstitucional, cuando nuestra Carta Magna la prevé en su art. 17: “La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada”.
Pues entonces ¿qué otra opción queda ante una maniobra defraudatoria de las arcas públicas y de particulares tan fabulosa como la que se advierte?
Sin dudas, los intereses de las diez cerealeras que acaparan 90% de la exportación de granos se verán afectados. Cargill, ADM y Bunge forman parte del grupo de las cuatro principales traders del mundo, bautizado ABCD -la D es de Dreyfus-), luego se ubica la china Cofco, Aceitera General Deheza, detrás Vicentín -primera en exportación del derivado soja-, Dreyfus, Oleaginosa Moreno, Molinos Agro y ACA.
Al salir del juego corporativo, Vicentin no podrá en el futuro cartelizarse para el mercado interno, menos aún tringular.
Otra falacia inconcebible que gran parte de los comunicadores pregona irresponsablemente es lo relativo a la Junta Nacional de Granos. Principalmente sobre su creación. Adjudican al Gobierno peronista iniciado en 1945 haberla concebido con fines estatistas, cuando en los hechos (que son sagrados cuando algo hay que demostrar) es que fue un organismo público de regulación del mercado de granos en el país creado en 1933 bajo la presidencia del gobierno liberal-conservador de Agustín P. Justo, como ente descentralizado, disuelto el 31 de octubre de 1991, que dependía del Ministerio de Agricultura durante la gestión de la UCR del presidente Alfonsín, partido hoy convertido en columna vertebral del PRO.
Esa junta compraba, en su inicio, trigo, maíz y el lino que se ofreciera a precios establecidos por el Gobierno para venderlos a los exportadores. Si las operaciones daban lugar a quebrantos, los cubría con recursos del Fondo de Cambios del Banco de la Nación. El propósito consistía en que los agricultores tuvieran precios compensatorios, sin finalidades estatistas ni monopólicas.
La pregunta en el mercado de alimentos de Argentina es si ofrecen garantías los gerenciamientos privados en la industria estratégica de alimentos, cuando por ejemplo Sancor Cooperativas Unidas Limitadas (creada en 1938 con 16 cooperativas de tamberos de Santa Fe y Córdoba, que llegó a producir 6 millones de litros de leche y derivados) hoy sólo produce 600.000 litros, mientras sus gerentes cobran millonarias sumas en concepto de honorarios. Entonces, insertar una grieta de empresa mixta y fiscalización del Estado en un mercado muy oscuro no parece un despropósito ni político ni comercial.
*Abogado penalista, UNC. Máster en Criminología, U. de Barcelona
