Por Luis Carranza Torres* y Carlos Krauth **
Muchas veces, cuando hablamos del problema de inseguridad, nos referimos a otras sociedades dando ejemplos de países con muy baja tasa de criminalidad; incluso, exagerando, decimos que en esos países no hay delincuencia.
Precisamente, uno de los países que se suele mencionar como ejemplo de lo que decimos es Japón. Merced a sus políticas públicas el número de delitos ha disminuido por trece años consecutivos. Y si bien sostener que no hay delitos es un exceso, algo de cierto hay en ello, ya que los índices de crimen y victimización en Japón son los más bajos entre los países industrializados.
La razón de ello, según afirman los expertos, reside en que Japón posee instituciones fuertes, a lo que se suma el factor cultural y la idiosincrasia del pueblo nipón. Según un informe del director del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, “los niveles de crimen en Japón son bajos porque son también lo son los niveles de violencia, algo que lo distingue de los otros países desarrollados. Hay muchas hipótesis sobre los distintos factores que inciden en el crimen, hay que distinguir de qué tipo de crímenes estamos hablando. Los más numerosos son los que atentan contra la propiedad, luego vienen los homicidios, pero éstos son sólo una pequeña parte del total de los delitos que se realizan en los países”.
Las estadísticas son contundentes al respecto. Si se lo compara con otras naciones industrializadas, Japón es el país con menor tasa de crímenes y años tras año las cifras han ido disminuyendo. Parte del porqué está dado en la eficacia de su sistema judicial ya que su policía resuelve 75,9% de los casos de robo y 95,5% de los casos de homicidio. Se calcula que en los últimos años sólo 21% de los ciudadanos ha sido víctima de algún delito, presentando las tasas más bajas de todos los países desarrollados. El dato curioso es que uno de los delitos que más preocupan es el robo de bicicletas, el cual también ha ido disminuyendo.
Parte del éxito del sistema es la respuesta que se les da a las víctimas del delito. Además de resolver en un altísimo porcentaje los casos, -se sabe que las victimas, cuando encuentra respuesta estatal a su caso se sienten más protegida, y segura,-, la fiscalía pública ofrece el Servicio de Apoyo General a las Víctimas, el cual no sólo les brinda asesoría legal sino también atención psicológica. También, en virtud del Sistema de Notificación a las Víctimas, debe brindárseles información actualizada sobre el estado de su caso y el resultado del juicio, entre otros tópicos.
También hay una preocupación particular por aquellos que delinquen, más allá de la aplicación de una pena que pocas veces es leve. A ellos apunta, a los efectos de trabajar en su recuperación, el establecimiento de una oficina de Rehabilitación, la que es responsable de lo concerniente a la tarea de procura o de asistir al delincuente en su proceso de reinserción a la vida social. Dicho organismo cuenta con escuelas de formación técnica, en donde se brinda capacitación y educación a los condenados por delitos.
Lo que disuade de cometer un delito es la sensación que va a ser capturado y afrontará un castigo de entidad por ello, en el antes. Lo que impide volver a cometer un delito son los protocolos de reinserción social, el seguimiento de los casos, entre otros. Lo que atenúa la sensación social de indefensión que genera padecer el delito es asistir a la víctima y, por sobre todo, no volver desde el Estado a victimizarla de nuevo sometiéndola al destrato administrativo de esperas y un montos de recaudos para llevar adelante una denuncia y, si tiene “suerte” el ulterior proceso de investigación.
Como puede verse, no se trata de magia ni de un imposible. Sí, debe tenerse una continuidad en el tiempo, un sistema estructurado sobre las pautas correctas, una coordinación entre múltiples organismos del Estado y una administración pública profesionalizada, empezando por la policía.
No es cuestión de cultura, sino que implica ser fundamentalmente dos cosas: ser serios y organizados.
* Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas. ** Abogado. Magíster en Derecho y Argumentación Jurídica
