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El pasado día 28, una fiscal del medio ambiente de Honduras, Karen Almendares, fue asesinada a tiros por desconocidos en la ciudad de Nacaóme cuando abría el portón de la casa donde residía. Tenía 39 años.
El secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, condenó “enérgicamente” el ataque y habló de un “desafío regional” en estos términos: “La lucha contra los violentos y el crimen organizado es un desafío regional en el que no hay espacio para la indiferencia”.
Los hechos parecen darle la razón: es el tercer crimen de estas características en la región en menos de un mes. Un hecho que se suma al ocurrido el día 10, cuando fue asesinado el fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia; y la semana pasada mataron a la fiscal ecuatoriana Luz Marina Delgado.
La OEA había repudiado el asesinato del fiscal Pecci y pedido una ágil investigación sobre el hecho para enjuiciar a los responsables. El Consejo Permanente de la OEA, por voto unánime, condenó el “atroz crimen” del fiscal, “quien ejercía una lucha firme y decidida contra el narcotráfico y el crimen organizado”.
Los 34 Estados miembros activos de la organización regional expresaron además “su compromiso de redoblar los esfuerzos en la región en la lucha contra el crimen organizado”, así como “su más firme rechazo a toda forma de atentado, amedrentamiento y amenaza a la labor de los agentes de justicia”.
Marcelo Daniel Pecci (foto) fue herido de muerte por una bala de desconocidos mientras estaba en una playa en Barú, al sur y a 45 minutos en lancha de Cartagena de Indias, Colombia.
Conforme las primeras pesquisas, los atacantes se movilizaban en motos acuáticas.
Se encontraba de luna de miel con su esposa Claudia Aguilera. Ambos habían contraído matrimonio el 30 de abril pasado. Para sumar elementos personales a la tragedia, pocas horas antes de morir, la pareja había anunciado que esperaba un hijo. La esposa del fiscal salió ilesa del hecho.
Pecci tenía de 45 años y era uno de los agentes del Ministerio Público paraguayo con más causas sensibles en sus manos, que abarcaban desde el megaoperativo “A Ultranza Py”, donde se investigaba un masivo esquema de narcotráfico y lavado de dinero, a otras investigaciones de crimen organizado, como la del doble atentado en el festival musical “Ja’umina”, en San Bernardino, el asesinato de la hija del gobernador de Amambay y otras tres personas en Pedro Juan Caballero, en octubre de 2021 y el muy resonado caso de la provisión de documentos paraguayos falsos al ex futbolista brasileño Ronaldinho.
Por su parte, la fiscal ecuatoriana Luz Marina Delgado fue asesinada junto al abogado Jeferson Mendoza en la ciudad de Manta, a 420 kilómetros de Quito, al ser atacados por sicarios. A raíz de una lluvia de balas, el auto en que ambos se movilizaban terminó por chocar contra la pared de una casa.
Hace cuatro años, Delgado había participado de las investigaciones que permitieron la captura de la pareja de Washington Prado, también conocido como “el Pablo Escobar ecuatoriano”.
Estos crímenes parecen lejanos pero no lo son tanto, porque en nuestro país la criminalidad organizada ha avanzado de manera alarmante. Basta con ver lo que pasa en la provincia de Santa Fe, especialmente en la ciudad de Rosario, donde periódicamente se producen hechos violentos en los que los destinatarios suelen ser funcionarios judiciales. A Dios gracias, sin tener que lamentar víctimas.
Cuando escribimos estas líneas recordamos la muerte del fiscal Nisman, hecho del que aún no hay respuestas institucionales serias sobre quién y cómo acabó con su vida. Si bien este caso no parece tener vinculación con el narcotráfico y sus “derivados”, la posible relación con el terrorismo internacional permite calificarlo como un caso de crimen organizado.
Entendemos que estos crecientes hechos requieren tomar el tema en serio. Ello implica que los Estados deben dar respuestas rápidas y efectivas en la lucha contra la criminalidad organizada, lo que comprende investigar y juzgar no sólo a los autores materiales sino también a sus “cerebros” instigadores. Es más que sabido que la criminalidad organizada crece en la medida en que los Estados ineficientes y/o cómplices le dan lugar, con atroces consecuencias.
(*) Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas. (**) Abogado. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales
