Una relación signada por las ideologías y las necesidades

Por Gino Maffini / gmaffini@comercioyjusticia.info

Desde 2003 la relación entre el Gobierno nacional y la administración provincial no ha estado exenta de rispideces y oposiciones. Si bien tras la debacle de 2001 el sistema político argentino reaccionó con una importante capacidad de autoconservación, el despegue de la economía y la mejora de los indicadores sociales permitió la apertura de grietas y la aparición de desacuerdos más frontales, de lo cual quizás resultan el mejor ejemplo las diferencias surgidas a partir de la resolución 125 con respecto a las retenciones a la soja.

Por lo realizado en sus gestiones y por sus opiniones públicas, la adscripción ideológica del proyecto delasotista es clara y se encuentra bastante alejado del que vienen impulsando las administraciones kirchneristas desde 2003. El ex gobernador cordobés impulsó años atrás una fuerte transformación del Estado provincial, a tono con los postulados neoliberales de achicamiento del Estado, avance del mercado sobre áreas resguardadas al sector público y privatizaciones –infructuosas en varias ocasiones debido a la resistencia social-. Un triunfo de Cristina Fernández en octubre seguramente delineará una relación a priori excesivamente formal, pues ya es bien sabido que se trata de actores con proyectos muy disímiles, a lo que deben sumarse las inocultables aspiraciones nacionales delasotistas con vistas a 2015, que seguramente tallarán con más fuerza en las relaciones con el transcurso de los años, quizás para las legislativas de 2013. De todas formas, las diferencias ideológicas no determinan por completo ningún vínculo: ambos necesitan uno del otro –sobre todo el Ejecutivo provincial- para sortear desafíos de gestión. Ello abre posibilidades para el “toma y daca”, sostener los puentes y viabilizar iniciativas conjuntas, tanto en el propio territorio provincial como en el Congreso nacional.

El triunfo de un candidato opositor en las presidenciales de octubre abre para De la Sota un abanico de posibilidades que requerirán paciencia, porque seguramente la asunción como administrador apaciguará la beligerancia de muchas propuestas opositoras con respecto a la Nación: una cosa es proponer una fuerte desfinanciación del sector público nacional desde el llano –vía baja de retenciones, coparticipación plena del impuesto al cheque, 82% móvil, entre otras iniciativas- y otra desde el Gobierno. Todo ello sin contar el tiempo necesario de reacomodamiento inevitable en la gestión, tras varios años de administración en otras manos. Se abrirá entonces un nuevo marco –ni mejor ni peor por ahora, pero claramente distinto- para resolver varias de las urgencias que vienen planteando las administraciones justicialistas, desde Schiaretti hasta el propio De la Sota: el financiamiento de la Caja de Jubilaciones; el financiamiento de la obra pública en infraestructura; la coparticipación, el impuesto al cheque y la rebaja de las retenciones y la reversión del déficit habitacional, entre otras.

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