Una necesidad social

Por Marcela Filiberti / Abogada, mediadora

En los tiempos que corren se impone un cambio cultural a la hora de buscar soluciones para los conflictos que se presentan. Sin embargo, quienes actualmente son protagonistas de disputas, todavía intentan dirimirlas en los tribunales, con la consiguiente decepción que causan los largos procesos judiciales.

Por un lado, a la demora de la justicia en poner fin a las controversias que le llegan para resolver se le suma el cada vez mayor descreimiento general instalado en la sociedad sobre las bondades de las instituciones para receptar sus dificultades, lo que obliga a buscar alternativas para resolver inconvenientes de una manera rápida y efectiva,  y más económica.

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Por otro lado, las urgencias -fruto de la globalización-, la inmediatez en las relaciones y en las soluciones, la información que nos mantiene actualizados en tiempo real, requiere un cambio de mentalidad en la búsqueda de esas soluciones.

Los paradigmas han cambiado y con ello habrá que adecuarse al momento que nos toca vivir. Hoy se necesitan respuestas rápidas, mayor diálogo, capacidad de reflexión, relaciones francas, comunicación directa, mayor conciencia, más compromiso, capacidad de consensuar, capacidad de gestión propia. Todas estas posibilidades las ofrece la mediación, herramienta eficiente para resolver disputas de la más variada índole, como los conflictos familiares, vecinales, institucionales, empresariales, patrimoniales, nacionales e internacionales, e incluso para delitos cometidos por jóvenes infractores de la ley penal. Sin embargo, no está siendo aprovechada como en el resto del mundo.

Una de las posibles causas de su poco uso podría ser que formamos parte de una sociedad más acostumbrada a confrontar antes que a colaborar, a delegar antes que protagonizar, a acatar sentencias antes que participar en la elaboración de acuerdos. En definitiva, parecería que formamos parte de una cultura del litigio, como si no existiera otra manera para defender nuestros derechos. Modificar la actitud frente al problema no es sencillo para las generaciones  formadas en tal sentido. Distinto es para las nuevas: el cambio comienza desde el inicio en su formación, con la mediación escolar.

Conocer que uno mismo puede ser partícipe en la construcción de una solución frente a un conflicto presentado importa ser conciente del protagonismo que podemos tener para mejorar nuestra calidad de vida. El desconocimiento de esta realidad es otra de las posibles causas de la falta de búsqueda de caminos alternativos a la iniciación de un proceso judicial.

En Córdoba la legislación actual prevé la mediación voluntaria, salvo los supuestos de excepción en que por ley se torna obligatoria. Ésta es la mediación judicial, es decir cuando el conflicto ya está judicializado con todo el desgaste económico, jurisdiccional y emocional que eso implica.

En cambio, la mediación extrajudicial depende sólo de que exista alguien que voluntariamente la requiera. Este método de resolución aún no ha sido incorporado espontáneamente por nuestra sociedad.

La Ley de Mediación no es nueva, existe desde hace una década. Sin embargo, todavía no se ha manifestado un cambio cultural significativo por el que se prefiera una mediación antes que una larga y costosa contienda judicial.

Surge evidente entonces la necesidad de que el consenso y la capacidad de autogestión en los conflictos propios de la mediación sean promovidos como una política de Estado propiciando una ley que, además de exigirla de manera previa a la iniciación de un juicio, prevea programas innovadores para responder a las necesidades del público; que establezca servicios de mediación de alta calidad; que eduque a la población sobre la utilización de esos servicios; que los programas no estén necesariamente vinculados con los juzgados; que establezca fondos permanentes e independientes de la justicia para la prevención e intervención temprana en conflictos; que garantice la cobertura en todas las regiones; que establezca sistemas de medición de resultados con amplia difusión de ellos para estimular su uso y que continúe siendo multidisciplinaria.

Estas medidas no sólo impactarían en el mayor uso de la mediación y consecuentemente en la reducción de iniciación de causas judiciales y de costos, sino fundamentalmente en la sociedad misma reduciendo la violencia, generando conciencia y responsabilidad y propiciando finalmente un cambio de mentalidad. Al advertir respuestas eficientes, la gente percibirá un orden aunque éste no provenga del sistema judicial mismo. Esto terminaría por romper con la lógica adversarial y favorecería la gobernabilidad.

Entonces sí, cuando la sociedad -aunque obligada- acuda a mediación y pueda constatar por su propia experiencia los beneficios de este método de resolución de conflictos, dejaremos de formar parte de una cultura de confrontación para ser una comunidad constructora de paz social.

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