Administración pública -impuestos, tasas, servicios-, producción, trabajo, crecimiento económico y desarrollo social son eslabones que deben ser revisados ya que se ha desvirtuado su sentido estratégico
Por Luis A. Esterlizi
Ex ministro de Obras y Servicios Públicos de Córdoba
Resulta incomprensible que en pleno siglo 21 sigan existiendo, por medio de la fuerza o de las imposiciones de caducos modelos “democráticos”, gobiernos que gocen de licencias que antiguamente estaban reservadas a los señores feudales, reyes y caudillos.
Se ha perdido el sentido trascendente de las funciones del gobernante, que debe ser servir a su pueblo con equilibrio, sensatez y justicia, para evitar la disgregación social y recuperar la dignidad inculcada.
Dentro de la complejidad actual y de muchos imponderables que suelen ser ajenos a la existencia y vida de una comunidad, observamos cómo una gran parte de las elites que gobiernan obra con cierta displicencia y menoscabo ante la existencia y persistencia de los graves estigmas sociales.
Lo mismo sucede con la responsabilidad social que deberían practicar las entidades intermedias que, como parte de la cadena a que hacemos referencias en estas opiniones, se desconectan -algunas- de los procesos de crisis y eluden las obligaciones éticas y morales que las ligan al crecimiento y desarrollo de su pueblo, buscando salvarse o aprovecharse de las consecuencias que generan el caos o la anarquía.
Hoy se registra en nuestro país la existencia de un combo de políticas públicas erráticas, manipulaciones y descontrol en las administraciones públicas y empresas de servicios que, teniendo cautiva a la población, deciden romper con la cadena de valores que hace a un proceso de recuperación política, económica y social, generando una caída vertiginosa de la credibilidad de los sectores de la producción, el trabajo y la población en general.
Así vemos cómo las administraciones oficiales y las empresas que prestan los servicios a la población no responden a la realidad que dicha comunidad padece, especialmente cuando observamos que 30% de la población subsiste por debajo de la línea de pobreza, 40% de la actividad productiva y laboral está al margen de las leyes, que se observa una caída vertiginosa del consumo interno, que subsiste una alta inflación, que las tasas de interés bancarias son usurarias, que se aplican aumentos confiscatorios en los servicios básicos, que hay una altísima presión fiscal para sostener el descontrol de los gastos superfluos, un exorbitante crecimiento de la planta de personal y se asignan mal los recursos.
Entonces nos preguntamos por dónde habría que empezar para solucionar este gran dilema nacional.
1. En primer lugar, por un cambio ético en gobernantes, dirigentes e instituciones ya que deben dedicarse a gobernar y resolver los problemas, dejando que las promesas electorales las realicen las jefaturas y estructuras partidarias a las que específicamente les compete. Resulta moralmente inconcebible la concentración de ambas representaciones.
2. Institucionalizar los acuerdos medulares entre los que gobiernan y las entidades del trabajo, la producción y el conocimiento, consistentes en un plan integral de sustitución de importaciones que, con la seriedad que la hora reclama, genere puestos de trabajo para los miles de desocupados y de aquellos que reciben subsidios sin ninguna contraprestación, como paso imprescindible para la recuperación laboral y productiva nacional.
3. Revisar la cadena de valor citada ut supra, que debe conducirnos hacia un proceso de neto crecimiento económico y desarrollo social y que implícitamente reconozca -en las posibilidades internas del país y capacidades de sus habitantes- las amplias posibilidades que tenemos para generar los recursos genuinos que necesita la administración pública.
4. Reestructurar el funcionamiento de las administraciones gubernamentales y las empresas autárquicas, mixtas o privadas, mediante el control de los gastos y el manejo de los recursos para achicar los costos de su funcionamiento y la reformulación de una política fiscal para que los impuestos dejen de ser uno de los componentes más importantes de la incompetencia que padece la producción nacional.
La crisis que nos envuelve es muy profunda y los cambios para terminar con ella no deben ser de forma sino de fondo.
Las incongruencias y desfases de las instituciones, tanto públicas como privadas, fueron producto de las debilidades del hombre y de la aviesa estrategia de intereses que se aprovecha de pueblos desbastados e instituciones corrompidas.
Pero como un aliciente ante tal panorama, vemos que las comunidades evolucionan en su pretensión de no ser más actores pasivos y se movilizan detrás de objetivos que les permitan participar en la elaboración de las políticas públicas para su crecimiento y desarrollo social.
Por lo tanto, los gobiernos deben compenetrarse de tal situación e institucionalizar los mecanismos para no seguir considerando al pueblo como un factor convalidante de las decisiones de las elites sólo cuando emite su voto.
Los partidos no pueden seguir desconectados de este proceso, que hoy se puede decir que es mundial. Y deben promover una renovación en los cuadros dirigenciales para que sean consecuentes con el ejercicio de una democracia del pueblo, para el pueblo pero con el pueblo.
De allí también es menester que las organizaciones intermedias recuperen conscientemente la misión y el rol que la sociedad les tiene asignado, sabiendo que nadie se puede realizar en una sociedad que no se realiza.
