ESCUCHARPor Dr. Alfredo Casaliba*
Desde comienzos de este siglo se considera la insuficiencia renal como una epidemia a nivel mundial, siendo sus causas más importantes la diabetes y la hipertensión arterial. Se estima que hasta 11% de la población padece algún grado de deterioro de la función renal. Para el año 2003, la prevalencia de insuficiencia renal en estadios muy avanzados, en nuestro país, alcanzaba aproximadamente a uno por ciento de la población.
La escasez de donantes -tanto vivos como fallecidos-, por un lado, y por el otro, la existencia de un tratamiento efectivo para mantener la salud y la vida de los pacientes, como es la diálisis, hace que el número de pacientes afectados crezca año a año. En nuestro país, el número de pacientes en tratamiento dialítico alcanza casi a 30.000. Sesenta y nueve por ciento de estos pacientes es mayor de 50 años y casi 50% del total tiene más de 60 años, constituyéndose en una población añosa y aquejada por una multiplicidad de patologías que han causado y/o acompañan a la insuficiencia renal.
Las empresas y centros prestadores de todo el país se encargan de brindar tratamiento dialítico a estos pacientes de manera permanente, realizando tres tratamientos semanales de cuatro a seis horas a cada uno de ellos, lo que equivale a decir que se realizan 390.000 tratamientos cada mes. Para tales fines, se utiliza material sofisticado, tanto en equipamiento, medicación y en descartables, que aseguran la alta calidad de la terapia y el sostenimiento de la salud y la vida de cada paciente. Una enorme cantidad de los insumos que se utilizan no se producen en el país, por lo que se deben importar. Asimismo, la complejidad de dicha terapéutica requiere de personal numeroso y altamente capacitado para efectuarla. En el transcurso de cada sesión se consumen cantidades ingentes de agua y energía eléctrica. Dicho de otra forma, este servicio es intensivo en personal, servicios esenciales, equipamiento y medicación.
El sector de Diálisis atraviesa en la actualidad una compleja situación en todo el país, que se prolonga indefinidamente en el tiempo, que no se puede corregir con palabras ni con exiguas adecuaciones de sus valores, y que por lo tanto requiere una solución imperiosa.
A lo largo del tiempo y de manera general, el incremento de los montos que los financiadores abonan por estas prestaciones ha seguido una evolución que no se compadece con la evolución de los costos sufridos en todos los ítemes antes mencionados. Ello implicó para el sector una retribución completamente inadecuada y progresivamente menor de los tratamientos, de manera que obligó a realizar ajustes en aquellos ítems que no afectan la calidad de los mismos, ya que eso iría en detrimento directo de la salud de los pacientes.
La realidad económica actual, con la devaluación de la moneda, el rebrote inflacionario y las cifras que alcanzan los acuerdos paritarios, sin una corrección racional de los importes a abonar y con las demoras actuales en los pagos de las obligaciones, hace que no exista más lugar para efectuar ajustes y que se impida continuar con los tratamientos comprometidos, debido a la imposibilidad de adquirir los materiales necesarios y hacer frente a las erogaciones corrientes que cada centro posee.
Un problema económico y moral
En innumerables reuniones hemos explicado, de manera exhaustiva y detallada, sin éxito, a los funcionarios de turno, la magnitud del problema y las consecuencias terribles que ocasionan estas políticas de ajuste. Ya hemos sufrido el cierre de centros de tratamiento en distintas localidades. Éste no es solo un problema económico, es un problema moral. Se trata de preservar la dignidad humana. Nadie debería estar preso de los temores generados por una economía “sustentable”, que ignora la razón. ¿Esperaremos a tener más problemas y más desgracias?
Llama poderosamente la atención que, en un país que actualiza y perfecciona la actividad trasplantológica de manera permanente, en todos los aspectos, se deje librada a su suerte a esta población que necesita de la continuidad de sus tratamientos para aspirar a recibir un órgano en algún momento de sus vidas. ¿Cómo llegarán a esa instancia si no pueden continuar con la terapia dialítica? ¿Quién se hará cargo de los resultados de un futuro tan nefasto?
La única forma de lograr los mejores resultados es aceptar la realidad y corregirla en su real magnitud. Ignorarla no hace más que profundizar la crisis y acortar los tiempos hacia la catástrofe.
