ESCUCHARUn programa integral en esa materia debe contemplar el problema del territorio.
El objetivo debe ser devolverlo al verdadero propietario, que es el ciudadano. Por Alejandro Zeverin *
Un plan integral de seguridad fue anunciado para Córdoba y Claudio Stampalija, colega con pergaminos conocidos, es su autor. Pero el programa plantea algunos interrogantes. El central: qué hacer con el hoy.
La participación ciudadana, la inclusión social y el narcomenudeo son los ejes de actuación y preocupación del plan y se lo denomina “integral” porque involucra, según su autor, todas las áreas de gobierno. Lo ha llamado “Plan de Prevención del Delito y la Violencia”.
De lo anunciado se advierte, sin embargo, que faltan algunas consideraciones para que la iniciativa de respuestas sociales aceptables y sea considerada integral y operativa en la cuestión territorial -que no se menciona-. En lo estratégico, el involucramiento judicial también se obvia.
El famoso mapa del delito, esa construcción objetiva que revela datos esenciales, debe servir también para saber discriminar las zonas o áreas en la que ha de actuarse en lo inmediato de acuerdo con la conflictividad delictiva. Por eso el mapa debe ser dinámico, cuestión no menor y aparentemente tampoco considerada.
Si bien resulta políticamente incorrecto, es hora de admitir que el territorio no le pertenece al ciudadano -calles, plazas, cruces de semáforos, salidas de bancos, son los lugares donde los ciudadanos sienten la inseguridad y para protegerse empiezan a evitarlos-. Tan grave resulta la cuestión que hasta la policía hace disimuladamente lo mismo. Esto ocurre en mayor medida en la capital cordobesa, pero se replica con menor intensidad en el resto la provincia, resultando directamente proporcional la reducción de hechos en las zonas que registran menor densidad de población.
La cuestión territorial también tiene también otro costado: la ocupación del territorio por la delincuencia. Cuando es directa, barrios enteros les son inaccesibles a foráneos para su ingreso y eso no es primicia, la policía lo sabe y la prensa lo denuncia continuamente.
Como consecuencia de la inseguridad en un territorio que debería pertenecerle, el ciudadano se refugia, se asegura en sus barrios privados, acude a custodias barriales y así construye sus propias rejas. Criminológicamente se ha bautizado este hecho sociológico como la teoría de la “fortaleza asediada”, esa que erigen la personas para protegerse del “enemigo externo” y que el poder político, incapaz de resolver el conflicto social, alienta.
Si no comprendemos que la interpretación primaria del mapa del delito debe servir en especial para saber quién ocupa el territorio, no podremos resolver el hoy. Ningún plan de seguridad puede obviar la recuperación del territorio cuando se ha perdido. El objetivo debe ser devolverlo al verdadero propietario, el ciudadano, y para que el Estado pueda ejercer democráticamente su control, preservándolo para el uso y goce del primero. Y esto es básico en un diseño de prevención y/o contención del crimen. Lo segundo que no refleja este “Plan de Prevención del Delito y la Violencia” es el llamado al compromiso judicial en la guisa.
No existe ninguna posibilidad de prevenir la criminalidad y la violencia sino se reprime en tiempo y forma al delito. La justicia aparece, como siempre, como un tercero, un espectador de la tragedia, actuando post facto con el argumento de que su tarea en el reparto de responsabilidades no es la de prevenir, sino, ocurrido el hecho, reprimir.
Nuevamente así se ignora que el circulo virtuoso de la igualdad de los ciudadanos en el sometimiento a le ley se cierra cuando el que la trasgrede es sancionado y que lo contrario es sostener un circulo vicioso en el que la represión aislada del delito no sirve de disuasión.
No hay teoría sociológica ni criminológica válida en un Estado de Derecho democrático sin considerar la existencia de la ley y su respeto.
Entonces, dejar de lado el legítimo ejercicio del control social del Estado -la recuperación del territorio y la reconquista del perdido, la disuasión de seguir construyendo fortalezas- es entrar en generar autismo en el trabajo criminológico de construir un plan de seguridad que, aparte de políticamente correcto, sea eficiente.
El control social en criminología expone que el delito se consume salvo que exista algún motivo que se lo impida. Se resume en que es el conjunto de instituciones, estrategias y sanciones sociales que pretenden garantizar el sometimiento del individuo a las normas sociales o leyes imperantes.
Las políticas de seguridad han de contemplar lo mediato y lo inmediato. La situación de violencia y criminalidad en Córdoba hoy es inaceptable, más aun cuando existe voluntad política y presupuestos asignados para contenerlas.
*Abogado penalista – UNC; master en criminología -Universidad de Barcelona
