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Eran los tiempos previos a la Guerra de Secesión estadounidense, una nación camino a fracturarse entre quienes sostenían la esclavitud y quienes la rechazaban, donde personas como John Brown, con sus posiciones extremas, contribuyeron a atizar la discordia.
Se trataba de un comerciante de ganado de Connecticut que se contaba en el ala más dura de los antiesclavistas, partidario de utilizar medios violentos para abolir la esclavitud.
El 16 de octubre de 1859, Brown condujo (contándose a sí mismo) a 22 hombres armados a Harpers Ferry para apoderarse del arsenal federal existente, uno de los dos existentes en el país por entonces, para distribuir las armas entre esclavos con vistas a liderar su insurrección en todo el sur.
Tras dos días de lucha con la milicia local y las tropas federales, diez de sus hombres estaban muertos, incluyendo dos de sus hijos participantes. Uno más, herido, moriría al siguiente día y el restante, junto a otros cuatro, consiguió escapar.
Obligados a retirarse al galpón donde se almacenaban las bombas antifuego de la población, un edificio después llamado “El fuerte de John Brown”, todo terminó cuando una compañía de marines de Estados Unidos al mando del por entonces coronel Robert E. Lee ingresó rompiendo una de las puertas, disparando contra todos los que no depusieron sus armas. Entre muertos y escapados, sólo seis fueron detenidos, entre ellos un herido John Brown.
Aún antes de iniciar su juzgamiento, se discutió bastante en dónde debía entenderse. Se trató del primer caso penal en los Estados Unidos en el que se cuestionó si los tribunales federales o los tribunales estatales tenían jurisdicción.
El secretario de Guerra, después de una larga reunión con el presidente, telegrafió a Lee que el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, Robert Ould, sería enviado para hacerse cargo de los prisioneros y llevarlos ante la justicia. Sin embargo, el gobernador de Virginia, Henry Wise, apareció rápidamente en persona.
El presidente de entonces, James Buchanan, Jr., no demostró demasiado interés en dónde serían juzgados Brown y sus hombres; por su parte el fiscal Ould, en su breve informe, no pidió enjuiciamientos federales, ya que el único delito relevante en territorio federal fue retener a unas diez personas dentro de la Armería. La nada misma, frente a la ocupación, tiroteos y muertes en varios en lugares que indudablemente estaban bajo la jurisdicción del Estado de Virginia.
El gobernador Wise, a diferencia del presidente, fue desde la primera hora inflexible en que lo sucedido debía juzgarse en el sistema judicial local de su Estado. Frente a las quejas de parcialidad en los estados del norte afirmó que los prisioneros “serían tratados de acuerdo con las leyes de Virginia”, permaneciendo en Harper’s Ferry, según sus palabras, para evitar que los sospechosos fueran linchados.
Al fin, en medio de una discusión que atravesaba todo el país, entre partidarios y detractores de lo hecho por Brown, al no enfrentar cargos federales, la justicia de Virginia se hizo cargo del asunto. El coronel Lee los entregó a esa jurisdicción.
Se ha discutido, cada tanto, en la historiografía estadounidense que se ocupa de la cuestión, si se actuó bien al declinar de hecho la jurisdicción federal. A los argumentos jurídicos se añaden otros, más prácticos pero que en su momento tuvieron un peso no menor: no había instalaciones de tribunales federales cercanas y transportar a los acusados a un juzgado federal implicaba llevarlos a la capital del estado de Richmond o Washington DC. Si bien había un juzgado federal más cercano en Staunton, no contaba con la capacidad para mantener allí en condiciones de seguridad a los reos.
Por otra parte, llevarlos a la jurisdicción federal implicaba acusarlos de un delito y -como el homicidio no era un delito federal- la imputación debía pasar por traición o fomento de la insurrección de esclavos, lo que habría causado una crisis política de proporciones en Washington y probablemente la salida de los abolicionistas del gobierno. Bajo la ley de Virginia, fomentar una insurrección de esclavos era clara e inequívocamente un crimen y podían ser juzgados en el condado.
De allí que el juicio se desarrolló en el juzgado estatal del condado en Charles Town, a sólo 11 kilómetros del lugar de los hechos. Luego del traslado de Brown, dicha localidad se militarizó de hecho, con un gran número de tropas tanto federales como de la milicia estadual.
Un reportero destacado allí lo describió del siguiente modo: “El pueblo, mire donde quiera, presenta todas las apariencias de un pueblo sitiado, con cañones en las calles, tropas marchando y desfilando, centinelas caminando de un lado a otro, ordenanzas corriendo de aquí para allá, edificios públicos, oficinas, iglesias y casas privadas. convertidos en cuarteles, y alrededor de ellos toda la cocina, limpieza de pertrechos, y los otros mil accesorios de los cuarteles de los soldados”.
En ese marco, el juicio principió tan sólo nueve días después de la toma de Harpers Ferry, debiendo comparecer ante el tribunal John Brown, el principal acusado, tendido en un catre de campaña por no haberse curado sus heridas: había recibido un disparo en un brazo, otro en los riñones, dos en el pecho y otros dos en la cabeza.
Nunca antes un proceso judicial había concitado tanta expectación; también, podía dar lugar a escalar hasta lo inimaginable la disputa entre el norte y el sur. Pero es ya otra parte de la historia.
