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Durante 2010 se registraron 195 casos de maltratos hacia los detenidos. Entre 2009 y marzo de este año, los muertos ascendieron a 91. En 30% de esos casos, la Procuración se presentó como denunciante.
La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) difundió el informe sobre la situación en las cárceles federales durante 2010. En él consignó que durante ese año se investigaron y documentaron 195 casos de maltrato y tortura en los presidios argentinos. En tanto que hubo 31 muertes el año pasado y en el primer trimestre del 2011 son 13 los fallecimientos documentados.
Éste es el tercer informe anual de procesamiento de los casos totales de tortura investigados y documentados por el organismo. Entre octubre de 2007 y diciembre de 2010, la PPN documentó 525 casos de maltrato físico y tortura en el ámbito federal, siendo 195 de los cuales los que se investigaron y documentaron en 2010.
De éstos, 66 resultaron denuncias penales; es decir que en 34% de los casos registrados durante el último año, la PPN se presentó como denunciante. En tanto que los 129 casos restantes se constituyeron en informes con reserva de identidad.
El Servicio Penitenciario Federal (SPF) cuenta con 35 cárceles distribuidas por todo el territorio nacional, que alojan un total de 9.580 detenidos a diciembre de 2010, según datos brindados por el informe. Asimismo, 79% de las víctimas de malos tratos expresó “haber sufrido lesiones como consecuencia de los golpes y agresiones recibidas”. Entre los tipos de lesiones ocasionadas se destacan las “dificultades para caminar/trasladarse” y los “sangrados” con posterioridad a los hechos.
El trabajo realizado por la PPN destaca que “es un procedimiento rutinario del SPF aislar a la persona golpeada o torturada, ocasionando un castigo suplementario mediante la imposición arbitraria de sanciones disciplinarias formales o informales”. De las personas entrevistadas, 37% dijo haber sido aislado después del hecho de maltrato, agrega.
Asimismo se consigna que “los procedimientos rutinarios de requisa de pabellón siguen siendo circunstancias en las que la violencia penitenciaria se despliega en forma regular y sistemática”. Veintisiete por ciento de las personas manifestó haber sido agredido durante las requisas.
Luego, en cuanto a las muertes en el SPF, el informe subraya que entre enero de 2009 y marzo de este año hubo 91 fallecimientos: 47 en 2009, 31 en 2010 y 13 en el primer trimestre del 2011, aunque destaca la PPN que “la reducción en las muertes registradas en el año 2010 se encuentra íntimamente relacionada con la falta de información proporcionada por la autoridad penitenciaria, por lo que se desconoce la cifra total de muertes para ese año”.
En cuanto a la tramitación de habeas corpus, la Procuración Penitenciaria sostiene que “se destacan las acciones colectivas presentadas en materia de alimentación de las personas presas, de la aplicación de medidas de aislamiento prolongadas -como la denominada ‘sectorización’- y en materia de condiciones materiales de alojamiento que constituyen agravamiento ilegítimo de la detención”.
Aunque respecto de los resultados de estas acciones, señala que han sido “dispares” pero observa mayores niveles de resoluciones favorables en segunda y tercera instancia que en los jueces de grado. “En varios de los hábeas corpus colectivos correctivos interpuestos en el año 2010 la PPN ha recurrido los fallos de primera instancia y sus confirmaciones por el Tribunal Superior, llegando a la instancia de Casación en tres oportunidades, todas ellas con resultados favorables a las pretensiones del Organismo”, consigna.
La presentación del informe se realizó en el Congreso de la Nación el pasado 27 de septiembre, oportunidad en la cual participaron el procurador penitenciario, Francisco Mugnolo, la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Mónica Pinto, y Leonardo Filippini, abogado especialista en derecho penal.
