ESCUCHARPor Diego Lo Tártaro*
Entre las profundas transformaciones y correcciones prioritarias que debe encarar el Gobierno nacional está el tratamiento de las tarifas de los servicios públicos, ya que su incidencia en todo el conjunto de la economía es concluyente.
Sin duda, la forma inconsulta, torpe y obcecada con que el Gobierno trató la actualización de las tarifas del gas, con los conocidos resultados negativos tanto para su imagen así como para la normalización y equilibrio de las tarifas del servicio, debe llevarnos a la reflexión.
El congelamiento de las tarifas dispuestas por la administración anterior, mantenido durante años, generó una distorsión en la relación costo-beneficio de tal envergadura que sólo mediante extraordinarios subsidios logró el mantenimiento de los servicios.
Esta manera anómala en la fijación de las tarifas de ellos es indubitable que debe corregirse; por ello ahora comienza con las audiencias públicas, no vinculantes pero sí informativas y esclarecedoras, el tratamiento no sólo de las tarifas de gas sino también de luz, agua, telefonía -tanto fija como móvil- y las de transporte público de pasajeros.
Demás está destacar la importancia que ellas tienen no sólo en cuanto a la inversión y la calidad de los servicios sino también por su incidencia en la canasta familiar, en particular de aquellos sectores de menos recursos. Aquí es donde la sensibilidad social debe jugar un papel preponderante. Sin dudas en las mismas deberá prevalecer la equidad.
En estas audiencias públicas deberá transparentarse y explicitarse cómo las empresas prestatarias dispusieron de los subsidios recibidos durante muchos años por el Estado, es decir pagados por toda la comunidad; qué inversiones hicieron y cuáles son sus futuros planes de inversión; cómo se las auditará de ahora en adelante para no volver a los errores del pasado.
Detalles a tomar muy en cuenta serán el análisis de la calidad de los servicios que prestan, al igual que la consideración de la forma como en su momento se fijaron los valores de las tarifas, en muchos casos muy cuestionadas por las sospechas de corrupción durante su negociación.
Aquí las economías regionales, siempre marginadas, relegadas y no oídas -a pesar de ser las generadoras de la riqueza- deberán jugar un rol preponderante, sobresaliente y definitorio.
El cambio que se votó y que en muchas áreas se esta produciendo, ahora es en el de las tarifas de los servicios públicos donde deberá materializarse.
*Presidente del Instituto Argentino para el Desarrollo de Economías Regionales
