Cada día que pasa nos encontramos con la noticia de algún caso en el que la víctima de un delito mata al delincuente para defenderse, o defender su propiedad, o de casos en el que personas comunes toman en sus manos el castigo de alguien que cometió un delito o está sospechado de ello.
En la pasada semana nos encontramos con el linchamiento del presunto asesino de Abigail Riquelme. En un caso más que aterrador, vecinos de Tucumán, haciendo o creyendo hacer «justicia por mano propia», mataron a golpes al principal sospechoso del crimen y violación de la nena de nueve años.
La información periodística ha dado cuenta de que los vecinos venían persiguiendo al presunto criminal por más de tres días y, una vez ubicado, lo ataron con un cable, lo desnudaron y comenzaron a golpearlo hasta darle muerte.
Lo increíble del caso es que pese a que existía una orden de captura de la Unidad Fiscal en Homicidios en contra de dicha persona, no fue la policía sino los vecinos quienes lo encontraron, ejecutándolo sin que las autoridades intervinieran. Luego de ello, el padre de Abigail expreso a los medios: «Mi hija va a descansar en paz sabiendo que el culpable ha pagado por lo que ha hecho y va a estar ella un poco más tranquila», agradeciendo a su vez «a todos los vecinos» por el acompañamiento, y pidió «un poco de seguridad para el barrio».
Más allá de la preocupante naturalización del linchamiento que surge de sus palabras, se puede detectar en ellas un claro reclamo de justicia y seguridad que, evidentemente, entiende que no existe.
Éste es uno de tantos casos de vecinos que actúan por sí mismos, cansados de una inacción o inefectividad estatal en materia de seguridad. Recordemos a título ilustrativo los casos del jubilado en la provincia de Buenos Aires que mató a un joven luego de que le entraran a robar reiteradamente en su casa; el del panadero que actuó de la misma manera en La Matanza (también provincia de Buenos Aires); incluso en la misma provincia de Tucumán a escasos días del linchamiento por el caso Abigail, una madre tuvo que salir a proteger a su hijo -quien había sustraído ilegalmente un celular- de los vecinos que querían ejecutarlo allí mismo. Son tantos los casos que no tiene sentido seguir enumerándolos. Pero menos sentido tiene aún, no abordar tal problemática de parte de las autoridades competentes.
Esta situación nos preocupa sobremanera, vemos como día a día el grado de disgregación social va en aumento sin que nuestras instituciones y funcionarios, demuestren signos de reacción.
Algo paradójico en un país como el nuestro en donde el Estado se encuentra presente en casi todo lo que hacemos (o queremos hacer), que dichas estructuras estatales no logren conectar con el ciudadano común ni generar su confianza en deberes de actuación básicos tales como la seguridad o la justicia.
Es muy fácil quedarse solo en la condena de un hecho reprochable por donde se lo vea. También, se trata de una conducta muy cómoda para no ver lo que existe por detrás y el porqué de sus causas, al decir de la mayoría de las personas a quienes se consulta en la materia: Un Estado dirigido por quienes no se vislumbra las políticas que tienen en la materia. Fuerzas policiales con estructuras arcaicas que responden más a respuestas de coyuntura que estrategias de largo plazo. Una justicia penal que se burocratiza y se pierde en sutilezas doctrinales en lugar de apuntar a soluciones prácticas.
En tiempos en los que la eficiencia no parece ser un valor, la situación social que se está viviendo contradice esta creencia, ya que la sociedad reclama a gritos que nuestras instituciones y funcionarios hagan no sólo lo que tienen que hacer, sino que lo hagan bien.
No perdamos de vista que la seguridad pública es algo tan básico, que si quien debe hacerlo no lo brinda tiene como respuesta, se promueve por inacción o ineficiencia que cada uno lo busque por su cuenta. Por supuesto, eso no es nada bueno, no es ningún progreso de nada sino que solo nos acerca cada vez más a las sociedades primitivas. Justo lo que pasa cuando no existe el Estado.
No debe perderse de cuenta a este respecto, que la realidad es fruto de lo que ocurre, no de lo que se dice. Es por ello que, más allá de todas las cuestiones formales, el Estado existe cuando actúa y solo en cuanto actúa.
Para decirlo de otra forma: las distintas situaciones se cambian o superan actuando en ellas y no con discursos o reflexiones que por lo general, caen en lugares comunes. Como siempre en las cuestiones importantes de interés general volvernos a lo básico: la necesidad de hechos y no palabras.
(*) Abogado. Doctor en ciencias jurídicas
(**) Abogado. Doctor en derecho y ciencias sociales
