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Liliana Pereyra, del Instituto de Economía y Finanzas de la UNC, pone en debate las interpretaciones sobre las causas de las delictuosidad contra la propiedad y las políticas para enfrentarla.
Los delitos contra la propiedad han hegemonizado la noción de “inseguridad” -que incluye muchas otras dimensiones- y, con el objeto de reducirlos, se abrió una puerta a un sinnúmero de propuestas de transformaciones en el Estado y en las políticas públicas, que van desde el endurecimiento de las penas y el refuerzo de las fuerzas de seguridad, hasta la jerarquización de la educación y la creación de puestos de trabajo. En diálogo con Comercio y Justicia, la investigadora Liliana Pereyra, del Instituto de Economía y Finanzas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), subrayó la necesidad de comprender este tipo de delitos “desde una mirada integral” y escapar a las soluciones “unilaterales”. “No hay que dejar de lado lo atinente a las instituciones –como el sistema carcelario, la Policía o la Justicia. Pero lo que está en el fondo, que es la exclusión social, es también importante, porque, de otra manera, el fenómeno va a seguir avanzando”, sintetizó.
Días atrás se presentó en Córdoba el libro “Las raíces del delito en Argentina. Mapas, modelos y políticas alternativas”, que condensa una amplia investigación sobre el tema que llevaron adelante Liliana Pereyra, Hada Jerez, Beatriz Perona, José Luis Navarrete y Nicolás Ochoa, todos ellos investigadores de la UNC.
Según el análisis de Pereyra, “las raíces de los delitos contra la propiedad se ubican en varios ámbitos –no sólo en el económico- y no pueden circunscribirse a unas pocas razones”. En su trabajo, los investigadores señalaron que este tipo de delitos tuvieron en nuestro país un fuerte crecimiento, dado que desde 1990 hasta la actualidad las tasas se duplicaron en todas las jurisdicciones y la recuperación económica de los últimos años, si bien consiguió una retracción, no logró que las tasas retornaran a valores anteriores.
De todas maneras, Pereyra subraya que la principal explicación de los delitos contra la propiedad se encuentra en “la desigualdad económica -en la distribución del ingreso- y la desigualdad social, que está dada por el fenómeno de la exclusión”.
“El modelo que piensa la relación entre delito y pobreza o desocupación tiene en cuenta solamente una sola dimensión, que es la económica, pero el proceso es más complejo que eso. En cambio, pensar que el delito se origina en la exclusión permite tener en cuenta muchas otras dimensiones, desde lo relacional hasta lo escolar y lo laboral. En nuestro país tenemos todos los derechos en los papeles, pero no tenemos las oportunidades para que valgan, no podemos ejercer una ciudadanía plena. Hay muchas personas que están excluidas de muchos ámbitos y la salida ante eso es la ilegalidad”, reflexiona Pereyra.
De hecho, según las investigaciones de este grupo de trabajo, lo que más impacta en el aumento o la reducción del delito son los cambios en el Coeficiente de Gini (que mide el nivel de desigualdad en la distribución del ingreso): por cada punto porcentual que crece este indicador, el delito sube 2,5%; mientras que por cada punto que aumenta el desempleo o la pobreza, se incrementa 0,56% y 1,3% respectivamente.
Debates sobre la inseguridad
De esta manera, el trabajo de los investigadores de la UNC permite cuestionar muchas de las “soluciones” que se plantearon durante los últimos años –y aún se plantean- para “combatir la inseguridad”.
Una de ellas es la que propone endurecer las penas y reforzar el aparato represivo del Estado para disminuir la tasa de delitos contra la propiedad. De acuerdo con el relato de Liliana Pereyra, “en nuestras investigaciones veíamos que a medida que aumentaban los gastos en seguridad -por ejemplo, en personal para prevención o represión-, no encontrábamos que el delito tuviera una baja significativa como para justificar que el gasto y la política fuera eficiente. Pasaba lo mismo con las modificaciones en las cárceles o en los procesos judiciales o en las condenas: no encontrábamos que afectara la cantidad de delitos, sino que seguía la tendencia creciente. Entonces, las modificaciones en las leyes, puesto que las raíces del fenómeno están muy ancladas en lo social, no generan un impacto necesariamente fuerte en el retroceso del delito”.
Otra interpretación habitual con relación a la tasa de delitos es la que la vincula directamente a la pobreza económica. Sobre este punto el trabajo también arroja conclusiones importantes, pues revela que no sólo se debe a cuestiones de ingresos, sino también a fenómenos de exclusión más complejos vinculados a los mundos del trabajo, educativo y recreativo. “Uno puede pensar, por ejemplo, que en las provincias más pobres –como Formosa, Chaco u otras provincias del norte del país- la tasa de delito tendría que ser más alta, pero hay un contexto social que permite que no sean tan altas”, indicó Pereyra.
Algunas otras interpretaciones vinculan el delito con niveles educativos de una población o posibilidades de acceso a los bienes culturales, como si el fenómeno estuviera originado en una cuestión de “cultura”. Sobre ello Pereyra señaló: “Pensábamos que el desarrollo humano –que está dado, entre otras cosas, por el nivel de estudio de la gente- iba a permitir bajar la tasa de delitos. Pero tuvimos que dejarla de lado como variable, porque no encontrábamos asociación directa con la tasa de crecimiento o descenso del delito. Podía pensarse que a mayor cultura, hay menores posibilidades de que la población sea azotada por ese fenómeno, pero no era así”.
Puesto que el trabajo de los investigadores de la UNC habla de “raíces y no de raíz”, es que proponen que se conciban “políticas integrales” para reducir la tasa de delitos. Según precisa Pereyra, “no es que haya que dejar de lado todo lo atinente a las instituciones –la cárcel, la policía, la Justicia-, dado que es importante. Pero lo que está en el fondo, que es la exclusión social, es también importante, porque de otra manera el fenómeno va a seguir avanzando, cambiará de dinámica pero va a persistir”.
