Separación de iglesia y Estado en Uruguay

La separación de iglesia y Estado es el concepto legal y político por el cual las instituciones del Estado y religiosas se mantienen separadas e independientes, teniendo cada una autonomía absoluta para tratar los temas relacionados con sus esferas de influencia.

Por Santiago Tricánico (*) – Exclusivo para Comercio y Justicia

Este fenómeno surge a partir del humanismo, durante el Renacimiento, y se consolida con la Ilustración, por medio de la corriente filosófica racionalista, llegando a ser una política oficial durante la Revolución Francesa. La independencia norteamericana y las revoluciones burguesas deshacen la «alianza entre el trono y el altar».

Uruguay es uno de los países de América Latina donde la modernización -entendida como la adopción de modalidades económicas, sociales, políticas, culturales de los países centro- se hizo más temprano. En un período de 60 años se realizaron las políticas que se denominaron de secularización de la sociedad. Como primer hecho podríamos decir que en año 1840 el gobierno otorgó a la comunidad anglicana el permiso para construir el Templo Inglés, siendo el primer templo anglicano de América del Sur. El cura Larrañaga, allegado-colaborador del general José Artigas, lanzó su grito en contra del permiso otorgado, bajo el argumento de que Uruguay era un país católico. La convivencia entre anglicanos y católicos fue todo un ejemplo de tolerancia religiosa.

En 1857 se crea la Sociedad Filantrópica, primera escuela laica apadrinada por la masonería uruguaya. Esta escuela proporcionó enseñanza gratuita a hijos de las víctimas de la fiebre amarilla que azotaba en esa época a Montevideo. En 1868 se creó la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, integrada por destacados masones -como Elbio Fernández- y considerada uno de los primeros centros de defensa de la laicidad.

En lo que se conoce como la «experiencia militarista», entre 1880 y 1886 se produjeron fuertes reformas de carácter anticlerical. Muchas de las leyes fueron propuestas por los gobiernos militares de la época. El 18 de abril de 1861 muere en la ciudad de San José el reconocido masón Enrique Jacobsen. La iglesia Católica, que tenía bajo su órbita los cementerios, decidió no permitir la inhumación del cuerpo de Jacobsen por su condición de masón. Los restos fueron paseados de Montevideo a San José en busca de un lugar para poder enterrarlos. El presidente Bernardo Prudencio Berro emitió un decreto por el cual los cementerios pasaban a la órbita municipal, fuera de la jurisdicción eclesial.

El 24 de agosto de 1871 se aprobó el decreto-ley de Educación, que redujo al mínimo la enseñanza religiosa en los colegios estatales. Por esos años, el catecismo de doctrina cristiana utilizó con mucha vehemencia el cuarto mandamiento, que refiere a honrar padre y madre. Los alumnos debían contestar la siguiente pregunta: «¿Quiénes son los otros entendidos por padre y madre?”, cuya respuesta estaba reglada: “los mayores de edad, las dignidades religiosas y el gobierno.».

Las presidencias de Batlle y Ordóñez
José Batlle y Ordóñez vivió desde su temprana juventud el conflicto que protagonizaban la fe y la razón en nuestro pequeño mundo intelectual de los años 1870. En 1892 fue electo diputado por el Partido Colorado y a los pocos días de asumir presentó una moción para que se cambiara la fórmula de juramento que los presidentes debían prestar al momento de asumir. Para Batlle y Ordóñez resultaba fundamental introducir la frase «juro por la patria» y quitar el juro por los santos sacramentos. Su argumento se basaba en que llegaría el momento en que asumiera un presidente no católico y no era justo obligarlo a jurar bajo esas palabras. La profecía se cumplió. Luego de jurar como presidente en 1903, quitó de la ceremonia los santos sacramentos y se introdujo la frase «juro por la patria».

Al asumir su primera presidencia, en 1903, los británicos lo calificaron como subversivo. Don Pepe -así conocido por su pueblo- contrajo matrimonio con Matilde Pacheco, una mujer divorciada con tres hijos, lo que horrorizó a las clases conservadoras y a la propia iglesia. De muy joven se levantó en armas contra el dictador Santos, en lo que se llamó la Revolución del Quebracho, que fue aplastada por este último. Su lucha continuó como periodista, fundando el diario El Día. Fue reconocido como simpatizante de los obreros y hostil al empresariado inglés y a la iglesia. Divorcista y partidario de la separación de la iglesia del Estado: «La Iglesia no sólo niega la libertad individual y el progreso económico sino que también nubla las conciencia del pueblo», sostenía Batlle y Ordóñez en un editorial del diario El Día.

El 26 de octubre de 1907 se promulgó la ley de divorcio absoluto por causal; el 6 de abril de 1909 se suprimió la práctica y enseñanza religiosa en los colegios estatales; el 9 de septiembre de 1912 se apruebó la ley de divorcio por sola voluntad de la mujer. Para esgrimir la defensa del divorcio, Batlle decía: «La esencia del matrimonio no es precisamente la indisolubilidad, lo que supone un atentado contra la libertad humana que ningún interés social puede justificar y que está en contra de todo interés humano».

Otras de sus medidas -muy combatida- fue la ley que prohíbe a los militares prestar honores en las ceremonias religiosas. En 1911, el equipo de colaboradores de Batlle volvió a arremeter contra la iglesia: el 10 de julio, pocos día antes de la fiesta de Corpus Christi, anarquistas, socialistas y batllistas organizaron una multitudinaria marcha pidiendo la separación de la iglesia y el Estado. La Asamblea General en el año 1916 trató en 13 sesiones dicha separación y en el año 1919, mediante la reforma de la Constitución, bajo la presidencia del batllista Feliciano Viera, mártir de la dictadura de Terra Baltasar Brum, se produjo la ruptura definitiva.

En 1919 se cambiaron los nombres religiosos de algunas fiestas propias del santoral católico. La Semana Santa es llamada semana de turismo; el Día de la Virgen -8 de diciembre-, día de las playas; y el 25 de diciembre, día de la familia.

(*) Periodista y escritor uruguayo. Docente de Historia Contemporánea del Centro de Altos Estudios Estratégicos Nacionales.
Representante en Montevideo de Profesionales Latinoamericanos Contra el Abuso de Poder, con sede central en Buenos Aires.

Artículos destacados