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No son fáciles los días que nos toca transitar a los argentinos. A los recurrentes problemas de inseguridad, inflación, corrupción, entre otros, se suma una inestabilidad política alarmante y, en medio de todo ello, la reaparición de saqueos o comportamientos que se les asemejan bastante, en la pasada semana.
Aunque parezca imprecisa nuestra última afirmación, la expresamos así por cuanto se escuchan algunas voces que afirman que se trata de verdaderos saqueos mientras que otras sostienen que no lo son, sino que resultan actos delictivos comunes, ejecutados bajo una modalidad “piraña”.
Fuentes de la policía bonaerense cercanas a la investigación hablan de la ajenidad en el fenómeno de ataques a comercios de sectores políticos y barajan en cambio como hipótesis el ser “una movida de sectores narcos para demostrar su poder de fuego”, según consignó el diario La Nación el pasado domingo.
Sea como sea, los hechos existen y además del daño que han producido a los dueños, empleados, proveedores e incluso clientes de los lugares atacados, han generado gran alarma y una sensación de desprotección en la ciudadanía, que cada vez se siente con más fuerza. Justamente un comerciante, cuya panadería fue blanco de uno de estos ataques, en declaraciones que hizo a los medios de Córdoba, además de afirmar que no se trataba de saqueos sino de un acto de robo, expresó “nos sentimos abandonados”. Son voces de víctimas que no deben desoírse.
Se trata asimismo de un fenómeno complejo. Es probable que no haya un típico caso de saqueo en el conurbano bonaerense, como, seguramente, muchos de los otros que se han producido en el resto del país, sí lo sean. También el concepto de la “epidemia delictiva”, el delinquir por imitación, ha estado indudablemente presente.
Entendemos que, si bien es importante la diferencia entre uno y otro tipo de acto, el origen es el mismo y las consecuencias son análogas. La indiscutible existencia de necesidades económicas insatisfechas que padecen muchos argentinos, la falta de trabajo digno, la deficiente educación, la casi nula expectativa de mejoras, el problema nunca bien encarado del tema de las drogas, por citar los tópicos principales en la materia.
Frente a ello, están nuestros dirigentes, quienes en lugar de “ponerse las pilas”, para enfrentar estos problemas y buscarles una solución, aparecen por los medios y redes sociales, mostrándose más preocupados por responsabilizarse unos a otros, denunciando “manos negras” que impulsan estos hechos vandálicos, minimizándolos o agravándolos, conforme les sirva a sus intereses.
La carencia de necesidades básicas, sumada a la creciente marginalidad de sectores cada vez mayores de nuestros conciudadanos, es un sustrato peligroso que debe ser enfrentado.
Ahora bien, ¿cómo hacer para evitar que esto ocurra? Está claro que si los hechos están sucediendo no hay otra salida que usar la fuerza pública para prevenirlos y castigarlos en su caso. No obstante, es deber de quienes nos gobiernan eliminar esas necesidades; ella es la mejor política para que hechos de semejante naturaleza. Recordamos lo que expuso un reconocido jurista cordobés en una conferencia que dio sobre el tema de las protestas sociales: “Lo que hay que hacer para evitarlas es eliminar las causas que la generan”.
Alguien muy cercano a grupos que trabajan fuertemente y con seriedad para paliar semejante realidad nos decía al respecto: “En épocas en las que se habla de ‘no nos roben derechos’ habría que preguntarse quién se robó los derechos de los millones de argentinos que viven en estado de pobreza y que son el caldo de cultivo de distintos grupos (políticos, criminales, narcos, etcétera) que se aprovechan de ellos para obtener sus fines a cambio de algo que les permita subsistir”.
Son realidades tangibles que no pueden, como ha pasado, pretender disimularse con palabras, usando chicanas o haciéndose los distraídos. Se requiere de acciones concretas y eficaces, instrumentadas por gente que sepa. Algo que no es muy común entre nosotros, pero inmensamente necesario en este delicado tiempo que atravesamos.
(*) Abogado. Doctor en ciencias jurídicas
(**) Abogado. Doctor en derecho y ciencias sociales
